Abelardo De La Espriella pide revisar legalidad de las fotomultas en toda Colombia

La implementación de estos mecanismos tecnológicos debe orientarse de forma estricta hacia la protección de la vida, dijo el presidente.
Abelardo De la Espriella pidió revisar la legalidad de las cámaras de fotomultas en Colombia. Crédito: Presidencia de Colombia y Magnific

El presidente de Colombia Abelardo De La Espriella hizo un llamado público a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para que la cartera nacional evalúe minuciosamente el funcionamiento y la validez legal de las cámaras de detección electrónica de infracciones, conocidas como fotomultas, que operan en todo el territorio colombiano.

A través de una publicación en sus redes sociales, De La Espriella dirigió un mensaje directo a la alta funcionaria en el que respaldó las acciones e intervenciones recientes sobre estos sistemas de control vial y enfatizó la necesidad de realizar una auditoría integral al modelo normativo y operativo con el que operan los dispositivos electrónicos en las distintas regiones del país.

Según la manifestación del presidente, la implementación de estos mecanismos tecnológicos debe orientarse de forma estricta hacia la protección de la vida de los actores viales y la mejora en los indicadores de seguridad en las carreteras.

No obstante, cuestionó la operatividad actual de algunos puntos de detección y sostuvo que existen esquemas configurados con un enfoque predominantemente recaudatorio o en perjuicio económico de la ciudadanía.

En su declaración, De La Espriella solicitó la adopción de medidas contundentes en aquellos casos donde se identifiquen irregularidades, abusos o anomalías en la administración de las cámaras sancionatorias.

Argumentó además que la función institucional de las entidades del Estado debe ser la prestación de servicios a la ciudadanía y el resguardo de las garantías legales de los usuarios de la infraestructura vial.

La solicitud reabre el debate público e institucional en torno a los criterios técnicos de instalación, la calibración de los dispositivos de fotodetección, la señalización previa en vía y el cumplimiento de los preceptos normativos vigentes que regulan este tipo de tecnologías en el territorio nacional.

Hasta el momento, el Ministerio de Transporte no ha emitido un pronunciamiento oficial especificando si dispondrá revisiones adicionales sobre los concesionarios o entes territoriales encargados de la administración de dichas fotomultas.

Claves del tema en cuatro preguntas

¿Qué pidió Abelardo De La Espriella al Ministerio de Transporte?

Abelardo De La Espriella solicitó formalmente a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, una revisión exhaustiva sobre la legalidad y el funcionamiento de todas las fotomultas en Colombia. El abogado señaló que estos sistemas deben priorizar la seguridad vial y la protección de los ciudadanos, advirtiendo que se deben tomar medidas drásticas frente a aquellos dispositivos que operen con fines puramente recaudatorios o presenten irregularidades.

¿Por qué exigen auditar las cámaras en el territorio nacional?

La legalidad de las fotomultas entró en debate luego de que se cuestionara si varios sistemas de fotodetección cumplen con la función de salvaguardar vidas o si se han convertido en trampas financieras contra los conductores. La petición busca que el Ministerio de Transporte inspeccione los criterios técnicos, la señalización y los contratos de los concesionarios para garantizar que el Estado sirva al ciudadano y evite abusos cobratorios.

¿Habrá revisión a las cámaras de fotodetección?

El Ministerio de Transporte aún no ha confirmado si iniciará auditorías adicionales tras el llamado de Abelardo De La Espriella para verificar el esquema operativo de las fotomultas. La iniciativa plantea fiscalizar el cumplimiento de las normas vigentes en cada municipio para determinar si las fotodetecciones se ajustan a la ley o si existen cobros indebidos a los usuarios de la infraestructura vial.

¿Cuál es el objetivo real de su funcionamiento?

Las cámaras de fotodetección en Colombia tienen como propósito normativo controlar la velocidad y reducir la siniestralidad para proteger la vida de los conductores. Sin embargo, juristas y sectores ciudadanos exigen frenar los atropellos administrativos en los puntos donde estos mecanismos funcionen como un negocio especulativo a costa del bolsillo de los colombianos.