La compra de Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), vuelve al centro del debate público por sus implicaciones financieras y las posibles responsabilidades derivadas de la operación. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció en las últimas horas, que la Contraloría Distrital determinó un hallazgo fiscal por $739.562 millones, relacionado con esta adquisición, una cifra que calificó como un nuevo elemento dentro de las investigaciones sobre las decisiones administrativas de la entidad.
El mandatario cuestionó la operación empresarial y aseguró que, a su juicio, se trató de una de las decisiones más perjudiciales para EPM. Según sus declaraciones, la compra se habría realizado pese a las advertencias que existían sobre sus posibles consecuencias.
La cifra conocida representa un monto de gran relevancia para las finanzas públicas de Medellín, dado que EPM es una empresa de propiedad pública y sus resultados tienen repercusiones sobre la prestación de servicios y la capacidad de inversión de la ciudad.
Sin embargo, la existencia de un hallazgo fiscal no equivale por sí sola a una condena ni demuestra automáticamente la responsabilidad penal de personas determinadas. Las actuaciones correspondientes deben establecer las circunstancias de la operación, los posibles daños patrimoniales y quiénes tendrían que responder, de acuerdo con las competencias de los organismos de control y la justicia.
Cuestionamientos a la compra de la filial de EPM
En sus declaraciones, Gutiérrez calificó la adquisición de Afinia como una decisión equivocada y responsabilizó políticamente a quienes dirigieron la empresa y la administración municipal durante el periodo en que se concretó la operación.
El alcalde sostuvo que su gobierno recibió una situación financiera y administrativa que requiere correctivos y aseguró que continuará impulsando acciones para esclarecer lo ocurrido y recuperar los recursos que eventualmente se establezcan como afectados.
El caso tiene relevancia porque Afinia asumió la operación del servicio de energía eléctrica en varios departamentos de la región Caribe, una actividad que implica inversiones, mantenimiento de redes y retos financieros relacionados con la calidad y continuidad del suministro.
El análisis de la adquisición requiere examinar sus condiciones económicas, las decisiones adoptadas por las administraciones involucradas y los resultados obtenidos desde que EPM ingresó a ese mercado. Estos elementos son fundamentales para determinar si hubo irregularidades y establecer su eventual impacto patrimonial.
Denuncia ante la Fiscalía por presuntos pagos irregulares
Otro de los asuntos mencionados por el mandatario se relaciona con una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación. Según Gutiérrez, en esa actuación se puso en conocimiento el testimonio de una persona que habría señalado la existencia de un supuesto pago de entre cinco y ocho millones de dólares para influir en la designación de la gerencia de Afinia.
De acuerdo con la versión divulgada por el alcalde, el presunto desembolso habría tenido como propósito controlar la contratación de la empresa y habría beneficiado a una persona a la que identificó como jefe de una organización. Estas afirmaciones corresponden a señalamientos que deben ser investigados y verificados por las autoridades competentes; no constituyen, por sí mismas, una prueba concluyente de que el pago se haya realizado.
La Fiscalía deberá establecer, dentro del alcance de sus actuaciones, si existen elementos materiales que permitan corroborar el testimonio, identificar a los posibles involucrados y determinar si los hechos descritos configuran conductas delictivas.
¿Qué sigue para determinar las responsabilidades?
El hallazgo fiscal abre un escenario de revisión sobre la adquisición de Afinia y sus posibles efectos sobre los recursos públicos. Los procesos de responsabilidad fiscal buscan establecer si hubo un daño al patrimonio estatal, quiénes pudieron contribuir a ocasionarlo y si procede ordenar el resarcimiento correspondiente.
Gutiérrez reafirmó finalmente que los responsables deberán responder con su patrimonio si las actuaciones permiten establecer legalmente su responsabilidad. También sostuvo que su administración continuará promoviendo las acciones necesarias para esclarecer los hechos.
Claves de la noticia
¿Cuál es el monto del hallazgo fiscal relacionado con Afinia?
Según la información divulgada por el alcalde de Medellín, asciende a $739.562 millones.
¿Qué denuncia adicional mencionó Federico Gutiérrez?
Se refirió a una denuncia ante la Fiscalía que incluye el testimonio sobre un supuesto pago de entre cinco y ocho millones de dólares para influir en la gerencia de Afinia.
¿El hallazgo fiscal significa que ya hay responsables condenados?
No. La determinación de responsabilidades fiscales o penales requiere los procedimientos correspondientes y decisiones de las autoridades competentes.