La Agencia Nacional de Minería (ANM) salió al paso de los recientes cuestionamientos por las actividades ilícitas en la mina La Mandinga, en Cáceres, Antioquia, y aseguró que desde octubre de 2025 había advertido sobre la situación a las autoridades locales.
Según la entidad, el 10 de octubre del año pasado solicitó formalmente a la Alcaldía de Cáceres activar de manera inmediata acciones de amparo administrativo ante la presunta ocupación ilegal del área minera por parte de terceros, en cumplimiento de lo establecido en el Código de Minas.
Responsabilidad de autoridades locales
La ANM enfatizó que, de acuerdo con la normativa vigente, son las autoridades locales y policivas las encargadas de verificar los hechos denunciados y ordenar la suspensión de cualquier actividad no autorizada dentro de áreas con título minero. En ese sentido, insistió en que actuó dentro de sus competencias y alertó oportunamente sobre lo que estaba ocurriendo en el territorio.
Ubicación y alertas por minería ilegal
La entidad también se refirió a la ubicación del título minero, señalando que este se encuentra aproximadamente a cinco kilómetros del Batallón Rifles. En esa zona, distintos reportes de medios de comunicación han advertido sobre la posible presencia de extracción ilícita de minerales, lo que, según la Agencia, evidencia la necesidad de fortalecer la articulación institucional para combatir estas economías ilegales.
Vigencia del título y formalización minera
En su pronunciamiento, la ANM reiteró que el título minero en La Mandinga continúa vigente y que actualmente adelanta los trámites técnicos y ambientales exigidos por la ley colombiana. Además, defendió los procesos de formalización minera como una herramienta clave para ejercer control institucional, garantizar el cumplimiento de obligaciones y asegurar la trazabilidad de la explotación de recursos.
“La lucha contra la extracción ilícita no se combate abandonando los territorios ni persiguiendo a los pequeños mineros que buscan entrar a la legalidad. Se combate fortaleciendo la formalización, la presencia institucional y la articulación entre autoridades”, señaló la entidad.
Traslado del caso a sede central
Finalmente, la Agencia anunció el traslado del expediente desde el Punto de Atención Regional hacia su sede central en Bogotá, con el objetivo de evaluar nuevas medidas dentro de sus competencias y reforzar el seguimiento al caso.
Preguntas que deja el caso
En medio de esta situación, surgen varios interrogantes: ¿por qué no se actuó con mayor contundencia tras la alerta emitida en 2025?, ¿qué acciones concretas adoptaron las autoridades locales frente a la ocupación ilegal?, ¿qué papel han jugado las fuerzas militares en una zona cercana a una unidad del Ejército?, y ¿qué medidas adicionales se implementarán para frenar la extracción ilícita y evitar que continúe el avance de economías criminales en el territorio?
Estas preguntas han sido trasladadas tanto a la Presidencia de la República como a la Agencia Nacional de Minería, que hasta ahora han respondido con este pronunciamiento, sin entregar mayores detalles sobre acciones puntuales o resultados frente a la situación denunciada.