La defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó una fuerte alerta sobre la situación de seguridad y vulneración de derechos humanos que enfrenta el municipio de Jamundí, donde, según indicó, las disidencias de las Farc han venido consolidando un control territorial que ya se estaría expandiendo hacia áreas suburbanas y urbanas.
El anuncio lo realizó al término de una reunión que sostuvo con la alcaldesa Paola Castillo y la Personera municipal para analizar las recientes afectaciones humanitarias y el panorama de violencia que enfrenta la región.
"Estamos aquí en el municipio de Jamundí con la alcaldesa, la personera, una ciudad que está ahora enfrentando muchas situaciones de riesgo que son propias de toda la región del suroccidente y que se ensambla en una dinámica más subregional", afirmó la defensora.
Alertan expansión del frente 'Jaime Martínez'
Durante su intervención, Iris Marín aseguró que la Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre el deterioro de las condiciones de seguridad mediante alertas tempranas vigentes para el suroccidente colombiano.
"Jamundí presenta un deterioro sostenido de la situación de seguridad y derechos humanos que fue advertida por la Defensoría del Pueblo a través de alertas tempranas que están vigentes para el suroccidente del país", señaló.
De igual manera, explicó que una de las principales preocupaciones es la consolidación del frente 'Jaime Martínez', de las disidencias de las Farc.
"Evidenciamos en Jamundí una lógica que es de la región, que es la consolidación de las disidencias del denominado Estado Mayor Central de la línea de alias 'Iván Mordisco', más particularmente a través del frente 'Jaime Martínez' con control territorial en zonas rurales y con una expansión hacia áreas planas y suburbanas desde la cordillera hacia las áreas más planas del municipio", sostuvo.
Según la funcionaria, esta expansión ha permitido el fortalecimiento de economías ilegales relacionadas con narcotráfico y minería ilegal, aprovechando la ubicación estratégica de Jamundí como corredor hacia el departamento del Cauca.
¿Prácticas de gobernanza criminal?
La defensora también denunció que estas estructuras ilegales estarían ejerciendo control sobre comunidades mediante mecanismos de intimidación y regulación social.
"Este control se viene materializando en prácticas de gobernanza criminal, de regulación social, justicia paralela, cobros extorsivos, con impactos estructurales sobre la vida comunitaria y los derechos", advirtió.
Marín recordó que, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia alcanzó en 2023 un récord histórico de 253 mil hectáreas de cultivos de coca, con una importante concentración en el suroccidente del país. "Esta es una de las dinámicas que está alimentando la violencia en Jamundí", enfatizó.
Desplazamientos, confinamientos y reclutamiento
Iris Marín también alertó sobre graves afectaciones humanitarias derivadas del conflicto armado y la presencia de grupos ilegales en el territorio, como el desplazamiento masivo de las comunidades.
"La Defensoría del Pueblo ha reportado que en 2025 se registraron 200 eventos de desplazamiento masivo en el país con afectaciones recurrentes en el Valle del Cauca y en Cauca", indicó.
Asimismo, aseguró que miles de personas han sido afectadas por confinamientos y restricciones a la movilidad durante los años 2024 y 2025.
¿Cuáles son las dinámicas criminales de las disidencias?
Sobre las dinámicas criminales de las disidencias de las Farc en Jamundí, la defensora del Pueblo señaló "homicidios selectivos, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, reclutamiento, uso y utilización de menores, contaminación por artefactos explosivos, restricciones a la movilidad, extorsión y amenazas a liderazgos sociales".
Pese al complejo panorama, la defensora destacó la capacidad institucional existente en el territorio y llamó a fortalecer la presencia del Estado.
"Reconocemos que hay una institucional territorial, departamental y nacional que tienen la capacidad y la posibilidad de seguir haciendo presencia, fortalecer su capacidad y ser un referente distinto para el desarrollo de todas las comunidades de Jamundí y el suroccidente", concluyó.
¿Qué alertó la Defensoría del Pueblo sobre Jamundí?
La entidad advirtió sobre un deterioro sostenido de la seguridad por la expansión de las disidencias de las Farc, especialmente del frente 'Jaime Martínez'.
¿Qué prácticas estarían imponiendo los grupos ilegales?
Según la defensora Iris Marín, existirían prácticas de "gobernanza criminal", justicia paralela, extorsiones y control social sobre las comunidades.
¿Cuáles son las principales afectaciones humanitarias?
La Defensoría reportó desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, reclutamiento de menores y restricciones a la movilidad en el suroccidente del país.