El acto de Reconocimiento Internacional de Responsabilidad del Estado colombiano por el exterminio del partido político Unión Patriótica (UP), realizado la noche del domingo en el camellón de la bahía de Santa Marta y encabezado por el presidente Gustavo Petro, generó reacciones divididas entre los sobrevivientes de esa colectividad.
Una de las voces más críticas fue la de la senadora Imelda Daza, quien consideró inapropiada la inclusión de un espectáculo musical en una ceremonia que, a su juicio, debía tener un carácter solemne y conmemorativo.
“La Unión Patriótica no tiene nada que celebrar. Tiene el deber de conmemorar un duelo que nunca hemos hecho colectivo. Esta era la oportunidad para hacerlo, para decirle al país que tiene un compromiso con esta organización que merece respeto. Le pido al presidente que aquí no haya fiesta: no tenemos nada que celebrar, pero sí mucho que doler y conmemorar”, manifestó la congresista durante su intervención.
Daza recordó su trayectoria como fundadora de la UP, el 13 de junio de 1985 en Pueblo Bello (Cesar), y evocó cómo aquel proyecto político que nació con la esperanza de fortalecer la democracia fue “borrado a sangre y fuego” por la violencia.
“Fuimos elegidos nueve senadores y cinco representantes a la Cámara en 1986. Nadie ha repetido esa hazaña. Pero la reacción no fue fortalecer la democracia, sino organizar un plan macabro de exterminio. De los quince congresistas, once fueron asesinados y los demás tuvimos que exiliarnos. Soy la única sobreviviente de los elegidos ese año”, relató Daza, quien permaneció en el exilio durante décadas.
Aunque reconoció la importancia del acto convocado por el presidente Petro, la senadora insistió en que el tono del evento “no reflejó el peso histórico de un genocidio político sin precedentes en América Latina”.
Por su parte, la senadora Aída Avella, también sobreviviente del exterminio y actual presidenta de la UP, destacó que el reconocimiento responde al cumplimiento de una sentencia internacional que estableció la responsabilidad del Estado en una campaña sistemática de asesinatos, desapariciones y persecuciones políticas.
“Esto es un acto de justicia gracias a los tribunales internacionales, porque en Colombia no se pudo hacer nada. Los jueces y magistrados que intentaron investigar también fueron asesinados o amenazados. Era una extraña democracia que se dio el lujo de eliminar una generación entera de dirigentes políticos”, afirmó Avella.
Ambas congresistas coincidieron en que, más allá del perdón, el compromiso del Estado debe centrarse en garantizar la no repetición y en ofrecer a las víctimas verdad, justicia y reparación integral.
“No tenemos problema en perdonar, pero no queremos que nadie más sufra lo que nosotros sufrimos. Lo de la Costa Caribe fue vergonzoso: los mataron uno a uno para que no se notara. Los ríos, el campo y las calles se llenaron de sangre”, concluyó Avella.
Durante su intervención, el presidente Gustavo Petro recordó: “Dice la sentencia que la responsabilidad en el genocidio de la UP corresponde en un 74% al paramilitarismo y el resto al Estado. El paramilitarismo fue un ejército privado de los narcotraficantes. Los asesinaron por la alianza entre la oligarquía colombiana y el narcotráfico”.
El acto en Santa Marta hace parte de la agenda del Gobierno Nacional para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2023 declaró al Estado colombiano responsable por el exterminio de más de seis mil militantes, simpatizantes y dirigentes de la UP, en uno de los episodios más trágicos y silenciados de la historia política del país.