La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) alertó sobre los riesgos que podría generar el proyecto de Nuevo Marco Tarifario de servicios públicos propuesto por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Según la entidad, la iniciativa podría afectar la calidad y la continuidad en la prestación de los servicios en las ciudades capitales y comprometer la autonomía de los gobiernos locales.
Asocapitales presentó un oficio formal ante la CRA en el que recomienda realizar ajustes técnicos que permitan preservar la autonomía territorial, garantizar la viabilidad financiera y promover una transición justa hacia nuevos modelos tarifarios.
El documento señala que las decisiones regulatorias del nivel nacional impactan directamente las finanzas municipales, la planeación territorial y la gobernabilidad local, debido a las competencias que la Ley 142 de 1994 otorga a los alcaldes como responsables de los servicios públicos domiciliarios.
Aunque la asociación respalda la intención del Gobierno Nacional de avanzar hacia una economía circular y mejorar la gestión de residuos, insiste en que los cambios deben construirse de manera articulada con los gobiernos locales, para asegurar coherencia entre los objetivos nacionales y las capacidades reales de los territorios.
El presidente Gustavo Petro ha señalado que la tarifa de aseo “es la que más crece dentro de la canasta familiar” y ha calificado la privatización del servicio como “una estafa”. Sin embargo, la propuesta de la CRA ha generado inquietudes entre recicladores, empresarios, expertos, entidades territoriales e incluso el Ministerio de Vivienda, por la falta de participación efectiva, la insuficiencia de estudios técnicos y el desconocimiento del papel municipal en el equilibrio tarifario.
Asocapitales advierte que el diseño regulatorio actual genera tensiones operativas y financieras, lo que podría poner en riesgo la sostenibilidad de los sistemas locales y limitar la capacidad de los gobiernos para garantizar la continuidad y calidad del servicio. Por ello, propone ajustes técnicos y financieros que fortalezcan la autonomía territorial y permitan una transición gradual y sostenible.
En su análisis técnico y jurídico, la asociación concluye que, aunque el nuevo marco busca eficiencia y sostenibilidad, presenta riesgos para la estabilidad financiera de los servicios públicos y la sostenibilidad fiscal de los entes territoriales.
En consecuencia, solicita a la CRA elaborar un análisis de impacto normativo y fiscal que mida los efectos económicos, sociales y financieros del nuevo marco, publicar los modelos de cálculo y bases de datos que sustentan la propuesta tarifaria, y crear un mecanismo permanente de articulación con los gobiernos locales para garantizar una participación efectiva en la construcción normativa.