Sigue la confrontación entre la Universidad Nacional y CORMACARENA por quién es el responsable de alimentar y cuidar a los 200 caimanes llaneros que están en poder de la Unillanos y del parque privado Merecure, en Villavicencio.
Mientras que la semana anterior la Procuraduría General de la Nación había aprobado un plan de acción presentado por el Ministerio de Ambiente, y con el que se obligaba a CORMACARENA a alimentar a los 177 caimanes que están en poder del parque privado Merecure y a los 12 ubicados en la granja de la Universidad de los Llanos, este 9 de julio una acción judicial le devolvió, de manera provisional, la responsabilidad de esa nutrición a la Universidad Nacional de Colombia.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en su Sala Penal y con ponencia del magistrado Antonio Segundo Martínez Hoyer, falló a favor, en segunda instancia, una acción de tutela que reclamaba los derechos a la vida de los caimanes llaneros que están en Villavicencio y obliga, con esta decisión judicial, a la Universidad Nacional de Colombia para que de manera provisional alimente a los 177 cocodrilos que están en el parque privado Merecure y los 12 que están en Unillanos.
"Revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, conceder el amparo del derecho fundamental al ambiente sano de los caimanes llaneros".
¿Cuáles son las obligaciones de la Universidad Nacional con el caimán llanero?
El Tribunal, en su fallo, le ordena a la Universidad Nacional de Colombia que adopte todas las medidas inmediatas y necesarias para garantizar el suministro continuo y suficiente de alimento a los 127 ejemplares que están bajo su custodia en la Estación de Biología Tropical Roberto Franco de Villavicencio, y a los 12 ubicados en la Universidad de los Llanos, así como a los 177 del parque agroecológico Merecure, mientras se define de manera definitiva la distribución de responsabilidades.
La Universidad Nacional deberá, según el fallo:
- Brindar atención médico-veterinaria permanente a todos los caimanes llaneros;
- Realizar monitoreo sanitario y nutricional.
- Suministrar de manera adecuada el agua a los animales en cautiverio.
- Dar todas las demás condiciones mínimas de bienestar animal.
También le ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que convoque al comité o instancia técnica encargada del Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero, para que se adopten las medidas necesarias para garantizar su continuidad o la de quien lo reemplace, mientras se decide la acción popular.
Aclaró el Tribunal que las órdenes impartidas tienen carácter "estrictamente transitorio" y permanecerán vigentes hasta tanto el Tribunal Administrativo del Meta resuelva una acción popular que se instauró para proteger los derechos del caimán llanero.
¿Qué dijo la Universidad Nacional ante el fallo?
La decana de Ciencias de la Universidad Nacional, Gabriela Salgado, dijo que acataba la decisión del Tribunal como corresponde, pero hizo énfasis en que es un fallo de carácter "estrictamente transitorio" y que se esperará a que se resuelva la acción popular sobre el mismo y controvertido tema.
La funcionaria, en medio del rifirrafe que mantiene con CORMACARENA, denunció el riesgo en el que estarían los caimanes llaneros, por un posible robo de sus pieles sin que la entidad ambiental "haga nada".
Dijo que esperan que se aclare la competencia legal que tiene cada institución que participa del programa nacional de preservación del caimán llanero.
"Además de la afectación al buen nombre de la U. Nacional, tenemos una serie de evidencias que nos permiten plantear que todo este escándalo surge de una serie de denuncias que hemos interpuesto por mal uso de estos ejemplares, con las que ha contestado la propia autoridad ambiental del Meta", aseveró la decana, quien dijo que seguirá pidiendo que se investigue si puede haber intereses oscuros de querer aprovechar las pieles de los caimanes llaneros, que son "muy apetecidas y se pagan muchos millones de pesos por ellas".
Aseveró con vehemencia la funcionaria que muchas de las irregularidades detectadas habrían ocurrido sin que CORMACARENA haya hecho nada, como si fuera "un invitado de piedra", dado que en su territorio se han movilizado caimanes sin salvoconducto y sin claridad sobre su destino final.
¿Qué dijo CORMACARENA ante la decisión del Tribunal?
Según la corporación ambiental de La Macarena, la decisión judicial representa un nuevo paso dentro de las actuaciones que la corporación viene adelantando desde finales de 2025, luego de que se identificaran durante visitas técnicas situaciones que comprometían la supervivencia de esta especie, catalogada en peligro crítico de extinción.
Asevera CORMACARENA que entre las irregularidades denunciadas estaban los prolongados periodos sin alimentación de los 320 caimanes, así como la necesidad de atención veterinaria y las deficiencias en las condiciones de manejo de los ejemplares.
Reiteró que la Universidad Nacional deberá garantizar de manera continua el suministro suficiente de alimento para todos los ejemplares ubicados en Villavicencio.
"El fallo ratifica el papel de Cormacarena como autoridad ambiental regional y le ordena continuar ejerciendo el seguimiento técnico a los ejemplares ubicados en los tres centros de manejo, además de verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas, sin perjuicio de las funciones de inspección, vigilancia y control que le asigna la ley".
Aseguraron que la corporación, desde diciembre de 2025, ha emitido requerimientos de cumplimiento inmediato a la Universidad Nacional para restablecer la alimentación y fortalecer las condiciones de bienestar de los animales.
¿Qué pide la acción popular que terminará con la puja de responsabilidades?
Fue el ambientalista Mauricio Salazar Rodríguez quien promovió la acción popular en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con su Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, y de la Universidad Nacional de Colombia, con su Estación de Biología Tropical Roberto Franco a cargo de la Decanatura de la Facultad de Ciencias Básicas, para que se restablezcan los derechos vulnerados de los caimanes llaneros: a gozar de un ambiente sano, al acceso a la administración de justicia, a la vida en su dimensión ecológica y a la equidad intergeneracional.
La acción popular se instauró ante el Tribunal Administrativo del Meta, donde se espera un fallo en el que se defina quiénes y cómo son los responsables de cuidar y preservar los caimanes llaneros que están en Villavicencio, en medio de una fuerte controversia institucional.