Uriel Ávila, presidente del comité de veedores del Canal del Dique, denunció que el pago por $492.000 millones de pesos para el megaproyecto de recuperación del canal, que correspondía al mes de junio, no ha sido desembolsado por el Gobierno Nacional.
Según el denunciante, el incumplimiento ha generado intereses moratorios cercanos a los $16 mil millones desde el mes de agosto de 2025.
Así las cosas, la deuda total es cercana a los $506.000 millones de pesos, sumada al aplazamiento de apropiaciones presupuestales mediante el Decreto 69 de 2025, que amenaza con detener el proyecto vital para la protección de más de 1,5 millones de habitantes del Caribe en los próximos 20 días.
Según las declaraciones que entregó Uriel Ávila, la continuidad del megaproyecto de recuperación y protección costera del Canal del Dique se encuentra en un punto crítico y la suspensión de la obra pone en riesgo la seguridad de más de 1.500.000 habitantes de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre.
El presidente del comité del Canal del Dique expresó su profunda preocupación por la inacción en los pagos a las entidades contratistas, una situación que podría llevar a la paralización total de las obras.
La principal alarma radica en el pago correspondiente al mes de junio, superior a los $492.000 millones de pesos, el cual, según la denuncia, aún no ha sido efectuado. Este retraso ha generado intereses moratorios cercanos a los $16.000 millones de pesos, desde el mes de agosto, elevando la deuda total, que el comité calcula en unos $506.000 millones.
Ávila enfatizó la gravedad del momento, especialmente porque las intervenciones se centran ahora en los puntos críticos de prevención de riesgo, donde la vida de millones de personas está en juego.
“Lo preocupante para nosotros es que ahora que se van a intervenir este tema de estos puntos críticos...nos sorprende que el Gobierno Nacional el año pasado, pues, también desfinanció el megaproyecto. Y este año también”, declaró Ávila, señalando una recurrente falta de compromiso presupuestal.
Esta desfinanciación se sustenta, en parte, en el Decreto 69 de 2025, mediante el cual el Gobierno decidió aplazar apropiaciones del presupuesto general de la nación para proyectos con vigencias futuras, incluyendo el Canal del Dique.
El ultimátum es inminente: si en los próximos 20 días no se garantiza la financiación necesaria para cubrir los compromisos adquiridos y evitar la acumulación de más intereses, el contrato podría darse por terminado o suspenderse, afectando directamente los cronogramas de restauración ambiental y protección costera que se adelantan en la región Caribe.
La mala comunicación entre las entidades a cargo del proyecto agrava el panorama, exigiendo una respuesta inmediata del Gobierno Nacional para salvaguardar la inversión y la seguridad de la población ribereña.