María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, expresó en entrevista con La FM una reacción firme frente a lo que calificó como un reversazo inesperado de la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso judicial que investiga el asesinato de su esposo. Sus declaraciones reflejan no solo el impacto emocional de la pérdida, sino también una postura crítica frente a decisiones que, desde su perspectiva, afectan la confianza en la justicia y el curso de la investigación.
Tarazona ha seguido de cerca cada movimiento del ente acusador desde el crimen ocurrido en junio de 2025. En un primer momento, la familia recibió con expectativa los avances iniciales, especialmente las capturas de presuntos autores materiales, entre ellos, alias ‘El Costeño’ y alias ‘Hermano’.
Sin embargo, ese ambiente cambió cuando la Fiscalía modificó, en pocas horas, una imputación que había sido anunciada contra un funcionario relacionado con la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de la seguridad del senador.
“Un golpe adicional para la familia”
Según relató Tarazona, el anuncio inicial generó la sensación de que por fin se empezaban a esclarecer posibles responsabilidades institucionales. No obstante, el posterior cambio de postura fue interpretado como un retroceso procesal. “Cuatro horas después nos informaron de un reversazo”, señaló al explicar cómo la Fiscalía alteró la decisión que había sido comunicada previamente.
Para la viuda del senador, estos movimientos no son simples ajustes técnicos. En sus palabras, afectan directamente a una familia que busca verdad, coherencia y respeto en medio de un proceso judicial de alto impacto. “Están en juego las emociones de una familia que ha sufrido una pérdida irreparable”, afirmó al referirse a la manera en que se toman decisiones dentro del caso.
Las fallas en la protección de Uribe Turbay
Uno de los ejes centrales de la reacción de Tarazona tiene que ver con la actuación previa de la UNP. De acuerdo con su versión, antes del asesinato se realizaron más de 25 solicitudes de refuerzo de seguridad que no fueron atendidas.
"Existían alertas específicas sobre riesgos que no recibieron una respuesta adecuada", afirmó.
Tarazona sostiene que estas omisiones no pueden ser tratadas como un asunto secundario dentro del expediente. Para ella, el debate no solo debe centrarse en los responsables materiales, sino también en las posibles fallas institucionales que permitieron que el crimen ocurriera. "El reversazo de la Fiscalía se percibe como un obstáculo para llegar a ese nivel de responsabilidad", declaró.
Aunque ha sido crítica, Tarazona también ha reconocido que la Fiscalía logró avances rápidos con varias capturas. Sin embargo, aclara que esos resultados no son suficientes si el proceso no avanza hacia una revisión profunda del papel de los funcionarios encargados de la seguridad del senador.
La viuda de Miguel Uribe Turbay insiste en que el país necesita un proceso que no solo sancione a quienes ejecutaron el crimen, sino que también examine las decisiones administrativas que pudieron influir en la tragedia. Su reacción frente al reversazo de la Fiscalía, más que un reclamo personal, se convierte en una exigencia pública de claridad, responsabilidad y transparencia en uno de los casos más sensibles de la política reciente.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM.