La fiscal Lucy Laborde le imputó a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y privado, tráfico de influencias y falso testimonio.
Lo anterior está relacionado con hechos que presuntamente ocurrieron durante su gestión como diputado del Atlántico, al parecer, con unos contratos suscritos entre la Gobernación del departamento y la Fundación Conciencia Social (Fucoso), los cuales se habrían desarrollados de manera irregular.
"Es así como se le imputa por estos hechos lo tipificado en el artículo 409 del Código Penal, artículo 409 del Código Penal, interés indebido en la celebración de contratos que se encuentra en el título 15, capítulo quinto del Código Penal, de la parte especial, libro segundo, como interviniente", explicó.
Las investigaciones vincularían a Petro Burgos con la presunta gestión de contratos, a través de los cuales, al parecer fueron beneficiados terceros cercanos a su entorno político y familiar.
"Usted, señor Nicolás Petro, ejerciendo sus influencias políticas, se reunió con un funcionario del Gobierno Nacional, Alfonso Prada obteniendo así, cupos dentro del Gobierno Nacional, así, usted le solicitó a su esposa Daysuris Vásquez que le informara de algún abogado que ésta quisiera ayudar, pues el señor Hernando Alfonso Prada Gil, ministro del Interior, desde el 7 de agosto de 2022 al 26 de abril de 2023, le habría dado 10 cupos", sostuvo.
Según Laborde, tres cupos los distribuyó para el municipio de Ciénaga (Magdalena), uno de los cuales, indicó, era para ayudar a su señora madre; uno para Daysuris Vásquez y cinco para el tema político de Barranquilla.
Igualmente, en la audiencia se detalló que en medio de los convenios fue entregado un anticipo de 200 millones de pesos, al cual, supuestamente, Petro y su exesposa Vásquez se apoderaron de 120 millones, mientras que otros 40 millones se los quedó aparentemente Gustavo De la Ossa, representante legal de la fundación y otros 40 millones para otro funcionario que habría participado en el direccionamiento del contrato.
"Usted se interesó indebidamente en estos contratos y determinar con la fundación como contratista para solventar los intereses personales suyos, de Daysuris Vásquez y de Gustavo de la Ossa", afirmó.
El ente acusador también indicó que hubo otros anticipos de los contratos por intermedio de cheques y en efectivo y el total en la que el exdiputado del Atlántico se habría apropiado de dinero, al parecer, 511 millones de pesos.
Este se trata de nuevo proceso además del caso principal que enfrenta por los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, imputados en 2023.