Catalina Giraldo siente que su vida dejó de parecerse a lo que ella entiende por dignidad. Desde hace años vive con un sufrimiento que la ha llevado a intentar quitarse la vida en varias ocasiones, siempre de forma violenta.
Giraldo ya cuenta con diagnósticos de trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y un trastorno de ansiedad no especificado. Las cicatrices en sus brazos son evidencia de esos diagnósticos, mientras que hoy su decisión da hacia otro camino y es acceder a una opción médica que le permita morir sin tener que recurrir a la violencia.
Su petición es que el sistema de salud en Colombia le garantice el acceso al suicidio médicamente asistido, una práctica que ya está permitida desde el 2022. A diferencia de la eutanasia, donde el procedimiento lo realiza el personal médico, en este caso es el propio paciente quien toma la decisión final.
Sin embargo, aunque está despenalizado, esto no tiene una reglamentación clara por parte del Ministerio de Salud, y hasta ahora no se ha aplicado en casos que tengan que ver con enfermedades mentales.
Una búsqueda sin resultados
Giraldo, psicóloga de 30 años en Bogotá, ha pasado por varios tratamientos sin notar una mejoría. Durante años ha acudido a psiquiatras, psicólogos y otros especialistas, pero los síntomas no desaparecen. Habla de un vacío permanente y de dolores de cabeza que no le permiten tener una vida 'normal'.
Con el tiempo, dice, perdió la cuenta de los medicamentos que ha probado. Más que alivio, lo que siente son los efectos secundarios. Según el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab), su caso es considerado crónico y resistente a los tratamientos.
En cerca de diez años ha pasado por varias intervenciones, entre ellas alrededor de cuarenta esquemas farmacológicos, tres ciclos de terapia electroconvulsiva y varias infusiones de ketamina. Además, desde 2020 ha tenido que ser hospitalizada en varias ocasiones por crisis agudas.
Frente a ese panorama, Giraldo sostiene que ya no ve opciones terapéuticas efectivas y que su decisión busca evitar nuevos intentos violentos, tanto por ella como por su familia.
Un camino sin reglas claras
La solicitud formal fue presentada en octubre de 2025, pero su EPS, Sanitas, negó el procedimiento. La razón es que no existe una regulación que indique cómo deben actuar las entidades de salud frente a este tipo de casos.
Después de esa respuesta, Giraldo interpuso una acción de tutela alegando su derecho a morir dignamente. Sin embargo, un juzgado de ejecución de penas en Bogotá rechazó la solicitud. Ahora, su caso podría llegar a la Corte Constitucional.
Desde DescLab, organización que acompaña el proceso, esperan que el alto tribunal revise el expediente. El objetivo es que se definan las reglas claras, especialmente en situaciones que tienen que ver con la salud mental, y que el Ministerio de Salud avance en la reglamentación pendiente.
El director de la organización, Lucas Correa, dijo que este caso pone sobre la mesa una pregunta de fondo y es si el derecho al suicidio médicamente asistido, reconocido por la Corte en 2022, realmente puede hacerse o si seguirá limitado por la falta de normas claras.
Un debate en medio de cifras altas
Giraldo ha dicho que prefiere esta opción frente a la eutanasia porque le permite mantener el control sobre la decisión final.
Para la semana epidemiológica 53 de 2025 se reportaron 38.758 intentos de suicidio en el país, una cifra superior a la esperada. Bogotá y Antioquia tienen la mayor cantidad de casos, seguidos por Valle del Cauca y Santander.
En 2024 se registraron 2.984 casos, lo que fue una reducción frente al año anterior. La tendencia siguió en 2025, con menos muertes reportadas entre enero y noviembre en comparación con el mismo periodo de 2024.
Los datos también muestran que los hombres son los más afectados, con más del 80 % de los casos.