Tras el fallo del Consejo de Estado de Colombia que la destituyó como superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque manifestó su preocupación al considerar que hubo un desbordamiento normativo en la argumentación con la que se deslegitimaron sus estudios en París, los cuales, argumentó, son afines al cargo que ocupaba.
“Tan débil fue el análisis del Consejo de Estado que el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil (el más preparado y académicamente estructurado de la Sala) decidió salvar su voto. Esto, porque, como lo insistimos a lo largo de nuestra defensa y como lo reiteramos ahora, nunca se logró desvirtuar la legalidad del acto administrativo de mi nombramiento”, aseguró.
Manifestó que el fallo parte de una premisa insostenible: “considerar que una maestría en Ciencias Políticas y Sociales realizada en París, en una institución internacionalmente reconocida, carece de relación con las funciones de la Superintendencia, como si los ámbitos de mercado, competencia, consumo y propiedad industrial fueran ajenos a las relaciones de poder que los estructuran”, dijo.
“A pesar de lo certificado por la Universidad de París II, una de las más prestigiosas de Europa, sobre la naturaleza y contenido de mi título de maestría, el Consejo de Estado decidió ignorar estos estudios, en lo que es un claro defecto procedimental por exceso ritual manifiesto”, agregó.
En ese sentido, también criticó que haya una deslegitimación del Ministerio de Educación de Colombia a dicha maestría, pues considera que “se desconoce el régimen aplicable a la convalidación de títulos de posgrado, que prevé un plazo de dos años desde la posesión, imponiendo una exigencia no contemplada en la normativa vigente. Las dudas expresadas sobre la equivalencia del título obtenido en Francia no justificaban, en ningún caso, prescindir de la certificación expedida en el nivel de maestría”, argumentó Rusinque.
“No se trata únicamente de un documento académico, sino de un acto formal investido de presunción de legitimidad, cuya autoridad descansa en la tradición, el rigor y el reconocimiento de una de las más altas casas de estudio del derecho”, sostuvo Rusinque al cuestionar a los magistrados del alto tribunal.
Además, indicó que el Consejo de Estado adoptó un estándar de valoración probatoria abiertamente restrictivo al desconocer su experiencia como docente investigadora del Universidad Externado de Colombia en Derecho Público y Constitucional, mediante exigencias de detalle que exceden lo razonable.
“Con ello, se excluye sin fundamento una trayectoria profesional amplia, cualificada y plenamente pertinente para el ejercicio del cargo. Aun así, privándome de más de cuatro años de experiencia, que hubieran sido suficientes para acreditar el requisito exigido, me fueron reconocidos ocho años y seis meses de ejercicio de la profesión relacionados con el cargo”, reseñó.
Finalmente, consideró que, en el fondo, más allá de lo jurídico, lo cuestionable e inquietante es que las instituciones judiciales se transformen en armas políticas al servicio de la persecución del progresismo y de las fuerzas que han utilizado todas las formas de lucha para impedir las transformaciones profundas que requiere el país para ser una nación desarrollada y con justicia social.