El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, se refirió a las denuncias sobre presuntas infiltraciones de grupos armados ilegales en entidades del Estado y pidió que las autoridades competentes entreguen información clara y oportuna al país. Rodríguez señaló que la situación requiere precisiones inmediatas por parte del Gobierno y los entes de control.
“En primer lugar tendrá que ser el Gobierno, y entiéndase como el Ministerio de Defensa Nacional, que debe tener un informe frente a ello”, agregó.
Rodríguez advirtió sobre el impacto que genera la falta de información verificable en la opinión pública: “Lo que no está bien es que se quede como el manto de duda, porque eso termina afectando la transparencia", señaló.
Por otra parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, pidió al Gobierno ofrecer respuestas inmediatas y verificables por las recientes denuncias sobre presuntos vínculos entre altos funcionarios y estructuras armadas ilegales.
Cabal afirmó que el país necesita claridad sobre el alcance de esos contactos y reclamó transparencia en la información que entreguen las autoridades. “Tiene la obligación de esclarecer, sin evasivas ni ambigüedades, cuál fue el alcance de estos contactos, quiénes participaron, con qué propósito y bajo qué autorizaciones”, dijo.
El dirigente alertó sobre el riesgo de que el tema se diluya por discusiones políticas y consideró que la ciudadanía debe exigir explicaciones concretas sobre lo ocurrido.
Las declaraciones se conocen en medio de la controversia generada por revelaciones que señalan posibles infiltraciones en entidades del Estado y cuestionamientos a la gestión institucional frente al caso.
Contexto reciente del caso
Horas antes de estas declaraciones, Noticias Caracol divulgó una investigación que apunta a una presunta infiltración de estructuras disidentes en sectores del Estado.
La información reconstruye documentos, comunicaciones y material incautado a uno de los frentes de las disidencias, en los que se habla de contactos con miembros activos de la Fuerza Pública y de la inteligencia estatal. La investigación señala al general Juan Miguel Huertas, jefe de comando de personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, directivo de la DNI, como presuntos enlaces con ese grupo armado.
Un integrante de las disidencias, entrevistado para la investigación, habló de encuentros, intercambio de información reservada e incluso del uso de vehículos oficiales para trasladar integrantes del grupo armado fuera de zonas bajo presión militar.
La publicación también hizo referencia a supuestos planes para constituir empresas de seguridad fachada y a la llegada de un empresario extranjero a campamentos guerrilleros con fines comerciales, relacionados con armas y extracción ilegal de oro.
Según lo revelado, gran parte del material probatorio habría llegado a la Fiscalía en julio de 2024, tras la detención en Antioquia de una caravana en la que viajaban jefes de esa estructura armada. Sin embargo, sectores políticos y analistas han cuestionado que, más de un año después, no se conozcan avances procesales en ese expediente.