Ante la Procuraduría General de la Nación fue radicada una solicitud de vigilancia preventiva especial e intervención inmediata sobre el proyecto de construcción de la planta desalinizadora para Santa Marta, con el propósito de que se verifique el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y contractuales antes del inicio del proceso licitatorio.
La petición fue presentada por el ciudadano Jeremías Carrillo Reina, quien manifestó su preocupación por posibles riesgos relacionados con la planeación y ejecución de una iniciativa que contempla una inversión cercana a los $786.000 millones, recursos provenientes del Gobierno Nacional.
El gobierno de Abelardo también le puso la lupa
La petición también fue presentada por el ‘Equipo Dorado del Empalme Anticorrupción’, a través de su coordinador, Germán Calderón España, quien pidió al Ministerio Público hacer seguimiento al proceso con el propósito de garantizar la transparencia y la adecuada protección de los recursos públicos.
La solicitud obedece a presuntos riesgos relacionados con la "planeación del proyecto, el respaldo presupuestal, la estructuración de los requisitos técnicos y financieros, la libre concurrencia de los oferentes y la transparencia de la contratación".
Además, el equipo de empalme pidió a los organismos poder verificar los cambios realizados al proyecto, que inicialmente contemplaba la construcción de dos plantas desalinizadoras, así como revisar la trazabilidad de los documentos publicados durante los últimos días del gobierno saliente de Gustavo Petro.
Un proyecto declarado estratégico por el Gobierno
En el documento, Jeremías Carrillo Reina recuerda que el proyecto fue declarado estratégico para la Nación mediante el CONPES 4159 de 2025, que inicialmente contemplaba la construcción de dos plantas desalinizadoras. Sin embargo, señala que posteriormente se informó que la ejecución se concentraría en una sola planta, ubicada en el sector de Pescaíto.
Carrillo solicita a la Procuraduría verificar, entre otros aspectos, la situación jurídica del predio donde se desarrollaría la obra, al considerar que existen "inquietudes sobre su titularidad, disponibilidad y habilitación para ejecutar el proyecto".
"La preocupación aumenta porque estamos hablando de un proyecto financiado con recursos públicos de gran magnitud. El documento CONPES aprobado en 2025 destinó cerca de 786 mil millones de pesos para esta iniciativa, recursos que serían ejecutados a través de Essmar. Sin embargo, el lote donde se pretende construir la desalinizadora, en el barrio Pescaíto, no tendría completamente resuelta su situación jurídica, pese a que desde el Ministerio se ha dicho que ese tema ya fue superado y que el predio fue entregado por la Alcaldía de Santa Marta", agregó Jeremías Carrillo.
"Existen dudas sobre la titularidad del predio": denunciante
Según la información conocida, "aún existen dudas sobre la titularidad del terreno, su destinación y la habilitación jurídica necesaria para desarrollar una infraestructura de esta magnitud. Si esos aspectos no están plenamente definidos, avanzar con un proceso licitatorio podría generar problemas legales que terminen retrasando o afectando la ejecución de una obra que hoy es prioritaria para la ciudad."
Asimismo, advierte que, pese a los anuncios oficiales sobre la inminencia del proceso licitatorio, no tendría conocimiento de la publicación de estudios previos, pliegos de condiciones o documentos del proceso en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), situación que, según expone, amerita la revisión del órgano de control.
¿Se cumplen con los requisitos para el proyecto?
En la solicitud también se pide establecer si se han cumplido los requisitos de planeación contractual, incluyendo estudios técnicos, jurídicos, financieros y ambientales, además de verificar la correcta publicidad del proceso y la legalidad de las actuaciones precontractuales.
Como parte de las peticiones elevadas al Ministerio Público, el ciudadano solicita requerir información al Ministerio de Vivienda, la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR E.S.P.), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y demás entidades involucradas, con el fin de esclarecer el estado actual del proyecto.
"Por eso hemos solicitado formalmente a la Procuraduría que acompañe este proceso de manera permanente y evalúe la posibilidad de solicitar la suspensión de la licitación hasta que se demuestre el cumplimiento integral de todos los requisitos legales. Lo que buscamos no es frenar una solución para el problema del agua en Santa Marta, sino garantizar que una inversión de esta magnitud se ejecute con total transparencia, seguridad jurídica y en beneficio de todos los samarios", expresó Jeremías Carrillo.
¿Y qué responde el Ministerio de Vivienda de Petro?
En su momento, en diálogo con La FM, la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo, confirmó que el proyecto será construido en un lote identificado por el Distrito en el sector de Pescaíto, descartando así otras alternativas que habían sido consideradas durante las primeras etapas de planeación, como por ejemplo Taganga y Pozos Colorados.
Explicó que la iniciativa registra avances significativos en materia técnica y administrativa, lo que permitirá dar paso próximamente al proceso de licitación - que se estimaba fuera en los próximos días - para la construcción de la infraestructura, considerada una de las apuestas más ambiciosas para enfrentar la crisis hídrica que afecta a la capital del Magdalena.
“Ya tenemos un lote que fue identificado por el Distrito, está en la zona de Pescaíto. También contamos con los análisis de viabilidad desde el punto de vista de los permisos ambientales que deberán solicitarse y con todos los estudios técnicos de soporte para avanzar en el proyecto”, aseguró en su momento la viceministra.
Las empresas interesadas en la licitación
Recordó que el proceso había despertado un amplio interés en el mercado nacional e internacional. Según indicó, "más de 40 empresas han manifestado formalmente su intención de participar en la futura licitación, una cifra que refleja la magnitud de la obra y el atractivo que representa para firmas especializadas en tecnologías de desalinización".
“Ya tenemos un análisis de mercado y han llegado más de 40 interesados en este proceso licitatorio. Venimos haciendo seguimiento riguroso al cronograma para avanzar en la adjudicación del proyecto”, señaló.
Fue enfática en decir que “las inversiones que está realizando el Gobierno Nacional en Santa Marta no serán cobradas a los usuarios. Son recursos de la Nación destinados a garantizar el acceso al agua y mejorar las condiciones de abastecimiento de la ciudad”.
Finalmente, se pide que, si la Procuraduría encuentra posibles incumplimientos o riesgos para el patrimonio público, adopten las medidas preventivas correspondientes e incluso considere la suspensión temporal de cualquier actuación precontractual o contractual hasta verificar el cumplimiento integral de los requisitos establecidos por la ley.
Claves del tema, en cuatro preguntas.
¿Por qué acudieron a la Procuraduría?
Porque el ciudadano Jeremías Carrillo Reina y el Equipo Dorado del Empalme Anticorrupción solicitaron una vigilancia preventiva especial para verificar que el proyecto cumpla con todos los requisitos legales, técnicos y contractuales antes de abrir la licitación.
¿Qué irregularidades advierten los denunciantes?
Señalan posibles riesgos en la planeación del proyecto, la estructuración de los requisitos técnicos y financieros, la transparencia del proceso, la libre concurrencia de oferentes y la situación jurídica del lote donde se construiría la planta en Pescaíto.
¿Qué piden que revise la Procuraduría?
Solicitan verificar la titularidad y habilitación jurídica del predio, el cumplimiento de los estudios técnicos, financieros, jurídicos y ambientales, la publicación de los documentos en el SECOP y, si encuentra irregularidades, considerar la suspensión temporal del proceso licitatorio.
¿Qué ha dicho el Gobierno sobre el proyecto?
El Ministerio de Vivienda asegura que la desalinizadora se construirá en un lote ubicado en Pescaíto, que ya existen estudios técnicos y análisis de viabilidad, que más de 40 empresas han manifestado interés en la licitación y que la inversión de $786.000 millones será financiada por la Nación sin trasladar costos a los usuarios.