A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, la Contraloría General de la República advirtió que las extintas Farc-EP no cumplieron con la entrega de la totalidad de los bienes prometidos para la reparación de las víctimas, una situación que, según el ente de control, pone en duda la viabilidad de las órdenes impartidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La contralora delegada para el sector Justicia señaló que los recursos disponibles para cumplir las dos primeras sentencias de la JEP resultan insuficientes. “La reparación dispuesta en estas decisiones judiciales está desfinanciada en un 83,6 % para 2026”, indicó, al precisar que de los $121.858 millones estimados como necesarios, solo hay asegurados cerca de $20.000 millones, lo que deja un faltante de $101.858 millones, sin contar futuras sentencias.
Según la Contraloría, el seguimiento especial a los compromisos del Acuerdo de Paz evidenció no solo retrasos en la monetización de los bienes entregados, sino también una diferencia sustancial entre lo que fue reportado por las Farc y lo que efectivamente recibió el Estado para reparar a las víctimas del conflicto armado.
“Estos incumplimientos ponen en riesgo el derecho a la reparación y pueden comprometer la responsabilidad del Estado”, advirtió la entidad, al hacer un llamado a garantizar los recursos necesarios para cumplir las decisiones de la justicia transicional.
Bienes prometidos vs. bienes recibidos
En su informe, la Contraloría detalló que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) fue designada como administradora de los bienes entregados por las Farc, mientras que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) figura como beneficiaria. No obstante, el balance entre lo comprometido y lo recibido muestra una brecha significativa.
De acuerdo con el reporte, las Farc se comprometieron a entregar más de $12.070 millones en dinero en efectivo, pero solo se recibieron $2.114 millones. En el caso de las divisas, se reportaron USD 450.000, aunque “solo fueron monetizados USD 448.500, ya que USD 1.500 resultaron falsos”.
Situaciones similares se registraron en otros activos como oro, semovientes, muebles, inmuebles y medios de transporte, muchos de los cuales fueron entregados de manera parcial o no han podido ser monetizados.
Órdenes sin respaldo presupuestal
La Contraloría también alertó que, más allá del componente reparador, las sentencias de la JEP incluyen órdenes dirigidas a entidades nacionales y territoriales para garantizar su implementación. Sin embargo, “no existen recursos presupuestados para cumplir estas órdenes en la vigencia 2026”, lo que limita su ejecución.
Para el ente de control, esta situación genera incertidumbre sobre la efectividad de la justicia transicional y el cumplimiento del principio de verdad, justicia y reparación. “Las diferencias entre los bienes prometidos y los realmente entregados comprometen la confianza en el proceso y plantean contingencias frente a la obligación del Estado con las víctimas”, concluyó la Contraloría.