Coosalud EPS anunció que postuló $481.879 millones para el pago directo a 1.127 prestadores de servicios de salud en Colombia, en medio del proceso de devolución de la entidad a sus anteriores administradores, luego de una decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar que ordenó suspender provisionalmente su intervención.
Los recursos corresponden al giro directo de noviembre de 2026 y constituyen uno de los últimos reportes financieros de la administración interventora, que asumió sus funciones el pasado 28 de agosto.
De acuerdo con la entidad, los pagos están dirigidos a clínicas, hospitales, instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y otros proveedores que hacen parte de su red de atención en el territorio nacional.
La EPS aseguró que la actual interventoría, bajo los lineamientos del Gobierno nacional, entregará una entidad en proceso de recuperación financiera, aunque el comunicado no presenta indicadores que permitan establecer el alcance de esa recuperación.
¿Cómo se distribuirán los $481.879 millones entre los prestadores?
Según el reporte presentado por Coosalud, de los $481.879 millones postulados para noviembre, $475.753 millones corresponden al régimen subsidiado, mientras que los $6.126 millones restantes pertenecen al régimen contributivo.
Los recursos serán transferidos mediante el mecanismo de giro directo, administrado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
Este mecanismo permite canalizar los pagos hacia las instituciones que prestan los servicios de salud, con el propósito de mantener el flujo de recursos destinado a la atención de los afiliados.
La EPS explicó que, en el régimen subsidiado, fueron incluidos 1.110 prestadores, mientras que en el contributivo se registraron 472. Sin embargo, 455 instituciones reciben recursos de ambos regímenes, por lo que el número total de beneficiarios únicos asciende a 1.127.
La entidad también informó que el reporte incluye la identificación de los prestadores mediante su NIT y los valores asignados a cada institución, como parte del proceso de rendición de cuentas sobre los recursos administrados.
Cabe precisar que los $481.879 millones corresponden a recursos postulados para giro directo, por lo que su inclusión en el reporte no implica que la totalidad de los pagos ya se haya efectuado.
Tribunal ordenó suspender la intervención de Coosalud EPS
El anuncio financiero se produce después de que el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante el Auto Interlocutorio 289 del 29 de octubre de 2026, ordenara suspender provisionalmente las resoluciones que dieron origen a la intervención de Coosalud por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
La decisión judicial también dispuso restablecer la situación administrativa anterior a esas resoluciones, lo que abre el camino para que la dirección de la EPS regrese a sus anteriores responsables.
Sin embargo, la determinación tiene carácter provisional, mientras se resuelve de fondo la acción popular que dio lugar al proceso judicial.
Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que acatará la providencia y adelantará las actuaciones necesarias para ejecutar la transición administrativa.
Este proceso deberá desarrollarse garantizando la continuidad de la atención de los más de tres millones de afiliados que tiene Coosalud en el país.
¿Qué pasará con los afiliados y las obligaciones de Coosalud?
La devolución de Coosalud EPS a sus anteriores responsables no implica la terminación de sus compromisos financieros ni de las obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios de salud.
De acuerdo con la información suministrada por la entidad, la nueva administración deberá continuar con el cumplimiento de los pagos a su red de prestadores y garantizar la atención de los usuarios durante el cambio administrativo.
Asimismo, Coosalud seguirá sometida a las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, pese a la suspensión provisional de las decisiones que dieron origen a la intervención.
Esto significa que la autoridad sanitaria conservará sus competencias para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de la EPS y la protección de los derechos de los afiliados.
La transición se produce mientras la entidad mantiene compromisos con hospitales, clínicas y demás instituciones que integran su red de servicios.
En ese contexto, el giro directo programado para noviembre constituye uno de los últimos movimientos financieros reportados por la administración interventora antes de la devolución de Coosalud a sus anteriores responsables, conforme a la orden judicial.
1. ¿Por qué Coosalud EPS regresará a sus anteriores administradores?
Coosalud EPS deberá iniciar el proceso de devolución a sus anteriores responsables después de que el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenara, el 29 de octubre de 2026, suspender provisionalmente las resoluciones que dieron origen a su intervención. La decisión se mantendrá mientras se resuelve de fondo la acción popular.
2. ¿Cuánto dinero girará Coosalud EPS a los prestadores de salud?
Coosalud EPS postuló $481.879 millones para el giro directo de noviembre de 2026, destinados a 1.127 prestadores de servicios de salud. De estos recursos, $475.753 millones corresponden al régimen subsidiado y $6.126 millones al contributivo. Los pagos serán canalizados mediante la ADRES.
3. ¿Qué pasará con los más de tres millones de afiliados de Coosalud EPS?
Coosalud EPS deberá garantizar la continuidad de la atención de sus más de tres millones de afiliados durante la transición administrativa. La Superintendencia Nacional de Salud anunció que acatará la decisión judicial y mantendrá sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre la entidad.
4. ¿Quién administrará Coosalud EPS después de la suspensión de la intervención?
Coosalud EPS deberá regresar a sus anteriores responsables administrativos, conforme a la orden del Tribunal Administrativo de Bolívar. La Superintendencia Nacional de Salud adelantará las actuaciones necesarias para hacer efectiva la transición, mientras continúa el proceso judicial que determinará de fondo la situación de la entidad.