Corte Suprema y Gobierno buscan recursos adicionales para evitar la salida de más de 2.500 funcionarios judiciales en 2027

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, aseguró que existe un compromiso para encontrar, antes de finalizar este año, los recursos que permitan mantener la capacidad de funcionamiento de la Rama Judicial.
Presidente Corte, Iván Lenis. Crédito: La FM/ Diana Villegas.

En el marco del Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria, que se desarrolla en Cali, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, se refirió a los acercamientos que ha sostenido con el Gobierno Nacional para garantizar los recursos que necesita la Rama Judicial durante 2027.

El magistrado explicó que uno de los principales asuntos abordados en las reuniones ha sido la financiación de la justicia, pues, además del presupuesto que ya fue asignado, se requieren recursos adicionales de al menos $1,5 billones de pesos, para mantener la capacidad operativa que actualmente tiene el sistema judicial.

Según indicó, el Gobierno Nacional manifestó su disposición para estudiar las alternativas presentadas por la Rama Judicial y encontrar, antes de que termine diciembre, el dinero que permita garantizar la continuidad de los funcionarios de descongestión.

Más de 2.500 funcionarios podrían perder sus empleos

Uno de los principales riesgos que se buscaba evitar era la salida de más de 2.500 funcionarios judiciales a partir del primero de enero de 2027. Se trata de personal que cumple labores de descongestión y que contribuye a atender la carga de procesos que enfrentan los despachos judiciales en Colombia.

El presidente de la Corte explicó que, sin esos recursos, una parte de la capacidad instalada de la justicia no habría podido mantenerse, lo que habría significado una mayor acumulación de procesos y más trabajo para los jueces.

En ese sentido, señaló que el compromiso alcanzado con el Gobierno busca garantizar que el próximo año la Rama Judicial pueda funcionar con la misma capacidad que tiene actualmente.

La situación también representa una respuesta a las preocupaciones expresadas por jueces de diferentes regiones del país, quienes han advertido sobre las altas cargas laborales y la falta de personal para atender oportunamente los procesos.

Lenis aseguró que los recursos contemplan jueces de todas las especialidades y de todo el territorio nacional, por lo que el compromiso no estaría limitado a una jurisdicción o región en particular.

“Con esta solución que hoy encontramos se les manda un mensaje de que estamos encontrando los caminos y que vamos a poder continuar con la misma capacidad instalada para que ellos puedan cumplir su misión sin tener tanta carga, que es una realidad en la Rama Judicial”, sostuvo.

Rama Judicial necesita recursos adicionales al presupuesto asignado

En cuanto a las cifras, el presidente de la Corte Suprema indicó que el Gobierno había asignado un presupuesto superior a los 11 billones de pesos, pero que esa suma no era suficiente para garantizar el funcionamiento de la justicia durante el próximo año.

Durante el encuentro, el magistrado señaló inicialmente que la Rama Judicial necesitaba al menos 1,5 billones de pesos adicionales y posteriormente precisó que, con un billón de pesos más, podrían tener los recursos necesarios para operar en 2027.

Aunque no entregó detalles sobre las alternativas planteadas para conseguir el dinero, explicó que el Gobierno se comprometió a estudiarlas y determinar de qué fuentes podrían salir los recursos.

Frente a este escenario, Iván Mauricio Lenis señaló que se trata de una decisión que corresponde al Gobierno Nacional. Sin embargo, manifestó su preferencia por mantener un Ministerio de Justicia independiente, al considerar que esta cartera cumple funciones importantes y requiere una persona encargada de liderar los asuntos relacionados con el sector.

"Yo particularmente preferiría que siempre haya un Ministerio de Justicia porque hay muchas funciones, muchas actividades y es muy importante tener una persona encargada de eso. Pero insisto, si el gobierno quiere hacer una propuesta en ese sentido y hablar, nos tocará esperar los resultados, pero yo preferiría que continúe un Ministerio de Justicia", agregó.

El magistrado también destacó la disposición del ministro de Justicia para facilitar los acercamientos entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, y señaló que su acompañamiento ha sido fundamental en la búsqueda de los recursos adicionales.

Sobre la posibilidad de reducir gastos en camionetas blindadas y esquemas de seguridad para funcionarios judiciales, explicó que la Rama contempla ajustes en otros aspectos, pero que las condiciones de seguridad del país hacen necesario mantener medidas de protección para los cargos que enfrentan mayores riesgos.

Corte Suprema plantea cambios integrales al procedimiento penal

Otro de los asuntos abordados fue la reforma a la justicia que se encuentra en discusión con el Gobierno Nacional, particularmente los posibles cambios al procedimiento penal.

Frente a la propuesta de eliminar la audiencia de imputación de cargos, el presidente de la Corte Suprema explicó que se trata de una posibilidad que ha sido analizada, pero advirtió que no puede plantearse como una modificación aislada.

Según explicó, esta audiencia está relacionada con otras figuras, términos y plazos del sistema penal, por lo que su eventual eliminación exigiría revisar y replantear de manera integral el procedimiento.

El propósito de estos cambios sería lograr una justicia más ágil, con mejores tiempos de respuesta y mayor oportunidad para los ciudadanos. No obstante, indicó que será necesario esperar los debates correspondientes en el Congreso de la República para analizar los alcances de la reforma.

El encuentro nacional que se desarrolla en Cali se convierte en un escenario para abordar los desafíos presupuestales e institucionales de la justicia colombiana, en medio de las preocupaciones por la congestión judicial y la necesidad de garantizar que los despachos cuenten con el personal suficiente para atender a los ciudadanos.