Ya han pasado casi tres meses después del terremoto del 10 de agosto, y hoy son miles de familias las damnificadas en Risaralda que siguen enfrentando las consecuencias de una tragedia que no termina con la emergencia inicial, ya que a pesar de que el Gobierno Nacional anunció nuevos recursos para atender a los afectados y cerca de 13.000 hogares recibieron ya el primer giro del subsidio de arrendamiento, numerosas personas aseguran que continúan sin acceder a un solo peso, aunque están registradas en las bases oficiales de damnificados y tienen sus viviendas reportadas como inhabitables.
El panorama departamental refleja la magnitud de la crisis con cerca de 73.000 familias afectadas, 63.000 viviendas averiadas y 5.535 casas destruida, donde de acuerdo con el Plan de Acción Específico (PAE), oficializado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la reconstrucción de Risaralda tendría un costo aproximado de 25 billones de pesos; una cifra que dimensiona el desafío económico y social que enfrenta el departamento y que deja en evidencia que la recuperación necesitará mucho más que ayudas temporales.
Mientras avanzan los anuncios institucionales, para muchas familias la prioridad sigue siendo conseguir un lugar seguro donde vivir, pagar el arriendo y recuperar parte de lo que perdieron, sin embargo, la incertidumbre aumenta porque, aunque el Gobierno habilitó un subsidio de arrendamiento por tres meses, no todos los damnificados han logrado acceder a este beneficio.
El primer giro que alivió a algunas familias, pero no a todas
El programa de arrendamiento temporal estableció un apoyo mensual de hasta un millón 50.000 pesos para municipios de primera categoría como Pereira. De hecho, ese primer desembolso llegó a cerca de 13.000 familias en Risaralda, convirtiéndose en un alivio para quienes lograron ingresar al grupo de beneficiarios.
Sin embargo, el pago correspondiente a un solo mes no representa una solución definitiva para hogares que perdieron sus viviendas o no pueden regresar a ellas.
Henry Hernández, residente del barrio Providencia de Pereira, contó que su vivienda resultó seriamente afectada y que, después de registrarse ante la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres (DIGER) y recibir varias visitas de evaluación, logró acceder al primer giro.
“Por fortuna ya hemos recibido el primer desembolso, el primer arriendo, ahora estamos a la espera de que sigan los otros subsidios”, manifestó.
Una situación similar vivió Margarita Silva, quien perdió el apartamento donde residía con su familia y explicó que el apoyo económico representó una ayuda importante en medio de las dificultades que atraviesa desde el terremoto.
“Fuimos beneficiarios del arriendo que nos está otorgando el Gobierno Nacional y me giraron un millón 50 mil pesos”, relató.
Pero mientras estos hogares esperan que continúen los desembolsos, otros damnificados cuestionan por qué no fueron incluidos en el primer grupo de beneficiarios, a pesar de haber cumplido con los procedimientos exigidos.
Luz Stella Peláez aseguró que ella y su hermana adelantaron los trámites y entregaron la documentación solicitada, pero todavía no han recibido apoyo económico, un reclamo que refleja la frustración de quienes sienten que, después de perder sus viviendas o enfrentar condiciones de riesgo, siguen sin una respuesta concreta.
“Después de casi tres meses de haber pasado el terremoto, nosotras hicimos todas las diligencias, llenamos todos los papeles, pero este es el momento en que no hemos recibido ninguna ayuda”, afirmó.
¿Por qué hay algunos todavía no reciben el subsidio?
Una de las principales preocupaciones de las familias es que estar inscrito en el Registro Único de Damnificados (RUD) no ha significado necesariamente un plus para recibir el auxilio de arrendamiento, esto se basa en que varios afectados aseguran que aparecen en las bases de datos nacionales, cuentan con evaluaciones de las autoridades locales y, aun así, no fueron incluidos en los primeros giros.
Uno de estos casos es el de Jorge René Jula, quien explicó que su familia fue registrada desde los primeros días posteriores al terremoto, cuando se realizaron las visitas para evaluar las condiciones de las viviendas y a pesar de ello y de haber sido catalogado como damnificado, hasta ahora no ha sido acreedor de los subsidios.
“Yo aparezco en la base de datos nacional desde inclusive el 10 u 11 de agosto que fueron a hacer la evaluación y nos registraron, pero hasta este momento no aparecemos beneficiados porque no nos ha llegado ni el primer subsidio”, señaló.
Igualmente, el caso de Pilar Salcedo también pone sobre la mesa las dudas frente a los criterios utilizados para seleccionar a los hogares beneficiarios. La mujer, oriunda de la Costa Atlántica colombiana pero residente en Risaralda hace ya un largo tiempo, asegura que tiene el Registro Único de Damnificados y el concepto de la DIGER sobre el desalojo inminente de su hogar, y aun así quedó por fuera del primer grupo de personas que recibió este apoyo económico.
“Tenía mucha expectativa con los subsidios de arrendamiento anunciados por el Gobierno Nacional, pero para nuestra sorpresa no fuimos incluidos en el primer filtro. ¿Por qué? Desconocemos la razón y aunque incluso hemos enviado Derechos de Petición, pidiendo que se nos aclare cuáles fueron los argumentos para escoger quiénes iban a ser beneficiados inicialmente, hasta ahora no nos han dado tampoco respuestas ni en la Gobernación de Risaralda, ni en la Unidad para la Gestión de Riesgos de Desastres tanto departamental como nacional”, expresó.
¿Habitable o no habitable?
Adicionalmente, a las dificultades de acceso se suman los posibles errores en los censos y en la información registrada sobre las viviendas. Según las denuncias de algunos de los afectados, inconsistencias en la digitación o en la actualización de los reportes pueden hacer que una propiedad aparezca como habitable, aunque las autoridades hayan restringido su uso y ordenado la evacuación.
Uno de los testimonios sobre esta situación es el de Viviana Restrepo, quien tiene acceso restringido a su apartamento y, según afirma, no puede ser ocupado por las condiciones de seguridad; sin embargo, al consultar el sistema encontró que toda su unidad residencial aparecía como habitable, una situación que le ha impedido acceder al subsidio.
La mujer asegura que presentó un Derecho de Petición el 28 de septiembre y que, después de más de un mes, no ha recibido respuesta; mientras tanto, tuvo que asumir un incremento considerable en sus gastos de vivienda ya que “me tocó pasar de pagar 700 mil pesos de arriendo a pagar un millón 500 mil”.
Restrepo también cuestionó que, pese a insistir en la actualización de la información, el sistema continúa mostrando su vivienda como habitable, un caso que pone de manifiesto la importancia de revisar los registros, corregir posibles inconsistencias y garantizar que las condiciones reales de cada inmueble sean tenidas en cuenta al momento de asignar las ayudas.
Las deudas, otra carga para los damnificados
Pero la emergencia no termina en la búsqueda de un techo. Para las familias que tenían vivienda propia y adquirieron créditos hipotecarios, la situación se ha complicado por el vencimiento de los periodos de alivio financiero que algunos bancos ofrecieron después del terremoto del pasado 10 de agosto.
Andrea Álvarez relató que su apartamento quedó inhabitable y que, pese a estar inscrita en el RUD (Registro Único de Damnificados), no ha recibido ayuda del Gobierno Nacional, además, asegura que todavía no obtiene una respuesta de la aseguradora sobre la situación de su inmueble.
La mujer explicó que había acordado con la entidad financiera una suspensión temporal de las cuotas durante tres meses. Sin embargo, ese periodo terminó sin que se resolviera el problema de la vivienda ni llegara el subsidio que esperaba.
“Lo que nos dijeron es que el tema de la aseguradora es muy aparte del crédito que se tiene con ellos, aun cuando en el mismo crédito se paga el valor de la póliza de seguro”, manifestó.
Su preocupación aumenta porque ya se agotó el plazo de alivio financiero y debe enfrentar nuevamente las obligaciones del crédito, a pesar de que no puede habitar su apartamento y todavía desconoce cuándo tendrá una respuesta sobre el seguro.
“Ya se pasaron los tres meses de alivio y no recibimos ningún auxilio del Gobierno Nacional”, agregó.
Este panorama evidencia que la recuperación de las familias damnificadas también requiere respuestas de las entidades financieras y aseguradoras, especialmente en los casos donde los inmuebles quedaron inhabitables y sus propietarios continúan obligados a responder por créditos y gastos de arrendamiento.
Un nuevo giro de recursos y miles de familias a la espera
Mientras las autoridades preparan un nuevo giro de recursos por cerca de 95 mil millones de pesos para atender a los damnificados en Risaralda con las entregas dos y tres, de los subsidios de arrendamiento, así como a las familias que no entraron en el primer pago de este auxilio, la principal exigencia de quienes todavía no reciben las ayudas es que se revisen los registros y se expliquen las razones por las cuales quedaron excluidos.
La magnitud de la emergencia, con decenas de miles de familias afectadas y una reconstrucción estimada en 25 billones de pesos, demuestra que la atención no puede limitarse a anunciar recursos. También es necesario que los mecanismos de identificación, verificación y asignación funcionen correctamente, para que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan.
Y es que los testimonios recogidos muestran dos realidades; por un lado, el de las familias que lograron recibir un primer auxilio y esperan que continúen los pagos; y por el otro, hogares que, pese a estar censados y contar con reportes de afectación, todavía no tienen una respuesta, a lo que se suman los problemas de actualización de los registros, los costos de arrendamiento y el vencimiento de los alivios bancarios.
Para quienes perdieron sus viviendas, cada día sin una solución representa una nueva dificultad económica y familiar. La expectativa ahora está puesta en el próximo desembolso, pero también en que las autoridades revisen los casos pendientes y corrijan los errores que puedan estar dejando por fuera a los damnificados.
Por ello, tres meses después del terremoto, la pregunta ya no es solamente cuánto dinero se destinará a la reconstrucción de Risaralda, sino cuándo llegará la ayuda a las familias que siguen esperando y que hoy no tienen una vivienda segura ni recursos suficientes para sostenerse.
La noticia a modo de preguntas
¿Cuántas familias resultaron afectadas en Risaralda?
Cerca de 73.000 familias, según el balance presentado en la información suministrada.
¿Cuánto costaría reconstruir el departamento?
Alrededor de 25 billones de pesos, de acuerdo con el Plan de Acción Específico.
¿Cuántas familias recibieron el primer subsidio mensual de arrendamiento en Risaralda?
Cerca de 13.000 hogares, donde en Pereira recibieron cada uno de ellos poco más de un millón de pesos.
¿Por qué algunos damnificados no han recibido las ayudas?
Denuncian exclusiones del primer grupo de beneficiarios, inconsistencias en los censos y errores en la información sobre la habitabilidad de sus viviendas.