Diego Molano Aponte y María Alejandra Rojas Ordóñez debatieron en La FM sobre el ingreso de la fuerza pública a las universidades durante disturbios y sobre el alcance de la autonomía universitaria. Ambos expusieron diferencias frente al papel de la Policía, la prevención de delitos y las formas de abordar la conflictividad dentro de los campus.
¿Qué dijeron sobre la autonomía universitaria y el orden público?
Rojas afirmó que existe “una mirada bastante reducida” sobre el principio constitucional de la autonomía universitaria cuando se relaciona con la protesta social. Señaló que ese principio protege la capacidad de autodeterminación académica, científica, política, social y cultural de las universidades públicas. También indicó que la discusión sobre orden público no debe “poner en cuestión” la autonomía y sostuvo que existe “una alta carga estigmatizante” frente a las acciones desarrolladas en medio de la conflictividad social.
La representante ante el Consejo Superior Universitario dijo que, en varios casos, “se termina anulando el debate de fondo” relacionado con reclamos estudiantiles. Según explicó, discusiones como las tarifas diferenciales del transporte público “se desdibujan” por la criminalización de las protestas. Añadió que el debate debe centrarse en las reivindicaciones presentadas por estudiantes y movimientos universitarios.
Diego Molano respondió que “nadie está proponiendo acabar con la autonomía universitaria” y sostuvo que esta protege la libertad académica y el pensamiento crítico. Sin embargo, afirmó que “autonomía no significa extraterritorialidad” y aseguró que una universidad “no puede convertirse en una zona” donde no se aplique la Constitución ni la ley penal. También señaló que “es totalmente falso” afirmar que la Policía no puede entrar a las universidades bajo ninguna circunstancia.
¿Cuándo debería intervenir la fuerza pública en los campus?
Molano aseguró que la Policía no ingresaría “para perseguir ideas” ni para interferir en la vida académica, pero sí cuando existan “explosivos, encapuchados violentos, fabricación de bombas, ataques a policías” o destrucción de bienes públicos y privados. Explicó que la propuesta consiste en “prevenir para proteger” y no en militarizar los campus. Según dijo, cuando grupos violentos actúan dentro de universidades, “los primeros perjudicados son los estudiantes” porque se cancelan clases y se afecta la actividad académica.
Rojas afirmó que, durante intervenciones de la fuerza pública en universidades, ha existido “una dinámica de uso desmedido y desproporcionado de la fuerza”. También sostuvo que las universidades deben servir como espacios de análisis y resolución distinta de la conflictividad social y agregó que esta no debe abordarse “bajo el tratamiento militar y securitizado”. Indicó que las comunidades educativas deben reflexionar sobre mecanismos de prevención de violencias y formas alternativas de resolución de conflictos.
Durante el intercambio, Rojas manifestó que la fuerza pública tiene “toda la necesidad y posibilidad de actuar” frente a redes de poder, tráfico y crimen organizado que operen desde afuera de los campus. Sin embargo, insistió en que dentro de las universidades debe existir “reflexión y análisis crítico” para buscar soluciones alternativas a los conflictos. Molano reiteró que cualquier intervención debe contar con inteligencia y coordinación institucional.
En las conclusiones, Molano señaló que Colombia debe pasar “de una respuesta reactiva a una respuesta preventiva”. Explicó que la Policía debería intervenir cuando existan “indicios serios y verificables” sobre preparación de delitos, ingreso de personas con carnés falsos o almacenamiento de explosivos. Añadió que las actuaciones deben realizarse “con reglas, inteligencia previa y evidencia verificable” y en coordinación con las rectorías. Finalmente, aseguró que la propuesta busca actuar “contra los explosivos, las armas y las estructuras criminales” para proteger derechos de terceros.