El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, cuestionó la contratación que encontró al asumir el cargo y señaló que la administración anterior dejó 18.310 órdenes de prestación de servicios (OPS), con compromisos por más de $1 billón. La exministra Marta Carvajalino respondió que las entidades adscritas tienen autonomía administrativa y financiera y advirtió que existen inconsistencias en las cifras divulgadas.
Más de 18.000 OPS y compromisos por $1,029 billones
El consolidado presentado por el Ministerio de Agricultura registra 18.310 órdenes de prestación de servicios por un valor total de $1.029.858 millones. El documento relaciona al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Según la tabla, la ANT concentra la mayor cantidad de órdenes de prestación de servicios, con 9.281 por $451.000 millones. Le siguen el ICA, con 3.056 OPS por $153.008 millones; la URT, con 2.585 por $168.311 millones; y la ADR, con 1.971 por $113.000 millones.
El Ministerio de Agricultura aparece con 740 OPS por $73.000 millones, mientras que la AUNAP registra 322 por $29.992 millones y la UPRA 412 por $41.547 millones.
Dangond aseguró que esta contratación fue dejada por la administración de la exministra Marta Carvajalino y sostuvo que los compromisos llegarían hasta diciembre.
“Esta es la foto del derroche, el despilfarro de los recursos públicos y la politiquería del Gobierno de Gustavo Petro”, afirmó el ministro al presentar el consolidado.
El jefe de la cartera cuestionó además que estos recursos estén comprometidos mientras miles de familias de los departamentos afectados por el terremoto enfrentan daños en sus viviendas y esperan soluciones.
En ese contexto, planteó cuánto dinero podría destinarse a la atención de esas familias si se dispusiera de recursos cercanos a $1 billón.
“El nuevo Gobierno tiene el deber de poner la casa en orden, acabar con el despilfarro y devolver cada peso público a donde realmente se necesita: al campo, a los campesinos y a las familias colombianas”, señaló Dangond.
Carvajalino cuestiona las cifras divulgadas por el Ministerio
La exministra de Agricultura Marta Carvajalino respondió a la denuncia y sostuvo que las entidades adscritas al sector cuentan con autonomía administrativa y financiera, por lo que la contratación de esas entidades no pasa directamente por el Ministerio de Agricultura.
“Las entidades adscritas del sector tienen autonomía administrativa y financiera, y la contratación del sector no pasa por el Ministerio de Agricultura”, afirmó en dialogo con La FM.
Carvajalino también cuestionó los datos incluidos en el consolidado presentado por la nueva administración. En particular, aseguró que la cifra correspondiente a la Agencia Nacional de Tierras no coincide con la información que tiene la anterior administración.
“La ANT tiene 4.900 contratos. Esos datos están mal”, sostuvo.
La exministra señaló que, a su juicio, antes de sacar conclusiones sobre el volumen de contratación es necesario revisar las cifras de cada una de las entidades que hacen parte del sector.
La defensa de las OPS y la capacidad institucional
Carvajalino explicó que la contratación por prestación de servicios también está relacionada con la capacidad limitada de las plantas de personal de las entidades del sector agropecuario.
Según argumentó, durante las últimas décadas varias entidades del sector fueron liquidadas o transformadas, lo que redujo la planta de personal disponible para atender las funciones relacionadas con el desarrollo rural y la política agropecuaria.
Sobre el Ministerio de Agricultura, sostuvo que se trata de una planta pequeña frente a las responsabilidades que debe asumir, entre ellas el acompañamiento y supervisión de distritos de riego, el seguimiento de políticas de fertilización, el control de fondos fiscales y de estabilización de precios y el seguimiento de la política agropecuaria.
“Es realmente absurdo tener 700 contratistas para defender la política del sector agropecuario”, afirmó al referirse al Ministerio y aclaró que, a su juicio, no se deben mezclar las diferentes modalidades y necesidades de contratación de las entidades del sector.
En el caso de la Agencia Nacional de Tierras, Carvajalino defendió la necesidad de contar con profesionales para desarrollar las tareas relacionadas con la reforma agraria. Sostuvo que las metas de adquisición y formalización de tierras requieren profesionales especializados, entre ellos ingenieros y abogados, para adelantar las labores en territorio.
“Cuando usted asume 806.000 hectáreas, formalizar dos millones de hectáreas, usted necesita profesionales”, afirmó.
El papel del ICA en las exportaciones agropecuarias
La exministra también señaló que la presencia de personal del ICA en puertos es necesaria para garantizar los procesos de comercialización internacional de productos agropecuarios.
Según explicó, los gremios de la producción han reclamado una mayor presencia de la entidad en los puntos de entrada y salida de mercancías, debido a las funciones sanitarias y de control que debe cumplir.
“Si usted no tiene las personas necesarias a la salida o a la entrada de los productos agropecuarios, usted frena el proceso de comercialización internacional de la producción agropecuaria”, sostuvo.
Carvajalino pidió consultar a los gremios exportadores, entre ellos los sectores de flores y aguacate, sobre el posible impacto que tendría una reducción de los contratistas que cumplen funciones relacionadas con el sector.
Carvajalino advierte sobre el impacto de reducir contratistas
La exministra planteó que el debate no debería centrarse únicamente en el número de OPS, sino en las funciones que cumplen quienes están vinculados mediante esta modalidad.
En ese sentido, señaló que sí existiría un problema si se encuentran contratistas que no cumplen con sus obligaciones o cuyos objetos contractuales no guardan relación con la misión de las entidades.
“Que usted tenga contratistas que no cumplen sus obligaciones, o cuyos objetos contractuales no están en coherencia y consistencia con la misionalidad de la entidad”, afirmó.
También sostuvo que, si se trata de personas contratadas para cumplir funciones necesarias en el sector agropecuario, su salida podría afectar la atención de la política pública en territorio.
Carvajalino cuestionó cómo se garantizaría la ejecución de las políticas agropecuarias si se redujera de manera generalizada el personal contratado por prestación de servicios.
“Si lo que están anunciando es que van a acabar con los trabajadores que están por órdenes de prestación de servicio cumpliendo las funciones del sector agropecuario, sería importante preguntar cómo van a atender el conjunto de la política agropecuaria”, dijo.
La exministra agregó que el sector enfrenta retos relacionados con las condiciones climáticas y la atención en territorio, por lo que consideró necesario mantener capacidad institucional para responder a esas situaciones.
Queda pendiente la verificación de las cifras
Al final de la conversación, Carvajalino reiteró que estaba revisando los datos y señaló que había recibido un análisis de su antiguo equipo en el que se advertían inconsistencias en la tabla divulgada.
“En efecto está mal la tabla”, afirmó. La exministra aseguró que buscaría obtener los datos correspondientes directamente de las entidades adscritas para precisar las cifras de contratación.
De esta manera, mientras el ministro Indalecio Dangond sostiene que recibió un consolidado de 18.310 OPS por $1.029.858 millones, Carvajalino cuestiona parte de esos datos y asegura que, en el caso de la ANT, la cifra sería de 4.900 contratos y no de 9.281 como aparece en el documento presentado por la nueva administración.
El cruce de versiones deja pendiente la verificación de las cifras oficiales de cada entidad y de los compromisos presupuestales asociados a las órdenes de prestación de servicios.