Aunque Colombia registró en 2025 un crecimiento del 33,5 % en las exportaciones agropecuarias y agroindustriales, que alcanzaron los 15.317 millones de dólares, el aumento de la producción no se traduce necesariamente en mejores condiciones de acceso a los alimentos para toda la población.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 31,4 % de los hogares ubicados en centros poblados y zonas rurales dispersas enfrentó inseguridad alimentaria moderada o grave durante 2025. En las cabeceras municipales, la cifra fue del 18,1 %, una diferencia de 13,3 puntos porcentuales. A nivel nacional, el indicador llegó al 22,8 % de la población.
Pérdida de alimento
A esta situación se suman las pérdidas y el desperdicio de alimentos. De acuerdo con el estudio, Colombia pierde o desperdicia 9,76 millones de toneladas al año, equivalentes al 34 % de la oferta nacional disponible. De ese total, el 63,8 % de las pérdidas ocurre antes de la distribución y 6,1 millones de toneladas corresponden a frutas y verduras.
Oportunidades de mejora
Frente a este panorama, la investigación identifica oportunidades para mejorar la infraestructura agroalimentaria, ampliar las capacidades de procesamiento y conservación, incorporar tecnología y fortalecer la conexión entre los productores rurales y los mercados.
Una de las alternativas está relacionada con las compras públicas de alimentos. La Ley 2046 de 2020 establece que al menos el
30 % de estas compras debe realizarse a pequeños productores locales, una medida que puede contribuir a conectar la producción del campo con los programas de alimentación institucional.
En este contexto, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que atiende a cerca de 5,1 millones de estudiantes y tiene una meta de cobertura de 6,2 millones para 2026, representa una oportunidad para fortalecer esa articulación, al igual que las iniciativas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
“La seguridad alimentaria en Colombia no depende solamente de que exista producción suficiente, sino también de que los alimentos puedan conservarse, distribuirse y llegar de manera estable, segura y adecuada a las personas”, señaló Consuelo Pardo, nutricionista e integrante del equipo de KREAB que desarrolló el estudio.
Reducción de desperdicios
La investigación concluye que, de cara a 2030, Colombia deberá avanzar en la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, el fortalecimiento de la logística y la infraestructura, el acceso a financiación y la coordinación entre el Estado, las empresas, los productores y la academia para mejorar la resiliencia del sistema alimentario.
El estudio fue presentado en Bogotá durante el encuentro “Sistemas Alimentarios para el Futuro”, realizado en la residencia de la Embajada de Suecia, con la participación de representantes del sector público y privado, la academia, los gremios, el sector financiero y la cooperación internacional.
Puntos clave del estudio sobre seguridad y sistema alimentario
- Contraste entre el récord de exportaciones y el hambre rural- A pesar de que las exportaciones agropecuarias y agroindustriales crecieron un 33,5 % en 2025 alcanzando los 15.317 millones de dólares, este rendimiento de producción no garantiza la nutrición interna. El 31,4 % de las familias en zonas rurales dispersas y centros poblados padeció inseguridad alimentaria moderada o grave, superando ampliamente el 18,1 % registrado en las cabeceras urbanas y situando el promedio nacional de afectación en un 22,8 %.
- Magnitud del desperdicio y pérdida de alimentos - El informe pone de relieve que el país pierde o desperdicia 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, cifra que representa el 34 % de la oferta nacional disponible. La mayor parte del problema se concentra en las fases previas a la distribución (63,8 % de las pérdidas), impactando con especial severidad a frutas y verduras, que concentran 6,1 millones de toneladas del total desperdiciado.
- Compras públicas y el rol del PAE y el ICBF - Para dinamizar la economía campesina y asegurar el abastecimiento local, el estudio destaca el cumplimiento de la Ley 2046 de 2020, la cual exige destinar al menos el 30 % de las compras públicas a pequeños productores. Esta herramienta encuentra su mayor oportunidad en programas de alimentación institucional como el ICBF y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que atiende a 5,1 millones de estudiantes y busca proyectar su cobertura a 6,2 millones para 2026.
- Retos logísticos y metas estratégicas hacia 2030 - Expertos de la firma KREAB señalaron en el evento «Sistemas Alimentarios para el Futuro» —celebrado en la residencia de la Embajada de Suecia— que la seguridad alimentaria requiere garantizar la conservación, logística y distribución estable de los productos. De cara a 2030, los principales retos implican modernizar la infraestructura de procesamiento, mejorar el acceso a financiación y articular esfuerzos entre el Estado, el sector privado, la academia y la cooperación internacional.