El lunes 10 de noviembre la Fiscalía General de la Nación lleva a cabo en Barranquilla una nueva audiencia de imputación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por hechos que se investigan como presuntamente ocurridos durante su gestión como diputado del Atlántico.
El ente acusador le atribuye delitos entre los que figuran interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio, que se suman al primer proceso en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La diligencia se realizó a las 9:00 a.m. ante un juez de control de garantías de Barranquilla. Los fiscales presentaron elementos probatorios que, según la investigación, vinculan a Petro con la presunta gestión de contratos por más de $3.000 millones con la Gobernación del Atlántico, a través de los cuales habrían resultado favorecidos terceros cercanos a su entorno político y familiar.
La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento al considerar que existe riesgo de obstrucción a la justicia. En el nuevo expediente también se analiza la posible falsificación de documentos públicos supuestamente utilizados para sustentar gestiones administrativas y contratos con entidades del departamento.
La audiencia corresponde a un segundo expediente abierto a raíz de las declaraciones de la exesposa de Petro, Daysuris Vásquez, en las que señaló supuestos ingresos no reportados y acuerdos irregulares con contratistas regionales. Esas manifestaciones motivaron un rastreo financiero y dieron lugar a una investigación paralela que ahora avanza en la vía judicial.
Tanto el Ministerio Público como la defensa de Petro sostienen que las nuevas imputaciones deben apoyarse en pruebas distintas a las ya presentadas en el primer proceso, por riesgo de duplicidad. La Fiscalía, en cambio, afirma que se trata de hechos distintos detectados durante el seguimiento a la Fundación Conciencia Social, entidad vinculada a la gestión de recursos públicos.
Con esta imputación, Nicolás Petro afronta dos frentes judiciales activos y podría ser llamado a juicio en los próximos meses, mientras la justicia decide si impone medidas restrictivas de libertad o de carácter patrimonial.