El exconcejal de Medellín Sebastián López se pronunció sobre el borrador de decreto publicado por el Ministerio del Interior, con el que el Gobierno Nacional busca actualizar las reglas para la atención de las protestas en Colombia.
La propuesta modifica el Decreto 003 de 2021, vigente desde enero de ese año y que establece los procedimientos que deben seguir las autoridades antes, durante y después de una manifestación.López planteó que las nuevas disposiciones deben permitir garantizar de manera simultánea el derecho a la protesta y el derecho a estudiar, particularmente en los alrededores de las universidades.
El uso de la fuerza tendría cambios
El borrador mantiene la presunción de que las manifestaciones son pacíficas y establece que el bloqueo de una vía, por sí solo, no convierte una movilización en violenta.
Uno de los principales cambios está relacionado con la actuación de la Policía cuando durante una protesta se presenten situaciones como uso de armas, explosivos, retención de personas o daños graves.
En esos casos, los uniformados podrían intervenir contra quienes estén involucrados en los hechos violentos, mientras los mecanismos de diálogo con el resto de la manifestación continúan abiertos.La actuación estaría dirigida de manera individual contra quienes cometan las conductas señaladas y no contra la movilización en su conjunto. Además, el acompañamiento policial se ubicaría a una distancia mínima de cuatro metros de los manifestantes.
El llamado de López para Medellín
El exconcejal defendió una posición en la que el ejercicio de la protesta no implique afectar a personas que no participan en las movilizaciones.“Protestar es un derecho y hay que protegerlo. Tirar una papa bomba no es protestar, y quien lo haga debe responder por eso, no la marcha entera ni el estudiante que solo quiere entrar a clase”.
López agregó que, desde su perspectiva, en Medellín las manifestaciones ciudadanas no deberían perjudicar a quienes desarrollan sus actividades cotidianas.
El planteamiento cobra relevancia frente a las protestas que se desarrollan en zonas universitarias y corredores viales, donde una movilización puede generar afectaciones para estudiantes, trabajadores y comerciantes.
Alcaldía tendrá nuevas responsabilidades
El borrador también contempla responsabilidades específicas para las autoridades locales. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio y tendría entre sus tareas la instalación de una mesa de diálogo dentro de los cinco días hábiles siguientes a una alerta temprana de conflictividad social.
En el caso de Medellín, estas disposiciones tendrían incidencia en la gestión de las manifestaciones que se presenten alrededor de las universidades, en las principales vías y en los barrios donde las movilizaciones puedan generar afectaciones a terceros.
Las reglas deberán ser aplicadas por la administración municipal que esté al frente de la ciudad a partir de 2028, de acuerdo con el escenario planteado por López.
Bloque de preguntas y respuestas¿Qué busca modificar el Gobierno con el nuevo decreto sobre protestas?
El borrador modifica el Decreto 003 de 2021, que establece las reglas para la actuación de las autoridades antes, durante y después de las manifestaciones en Colombia.
¿Bloquear una vía convierte una protesta en violenta?
No. El borrador mantiene la presunción de que las manifestaciones son pacíficas y establece que un bloqueo vial, por sí solo, no convierte una movilización en violenta.
¿Cuándo podría intervenir la Policía?
El texto contempla la actuación policial frente a situaciones como la presencia de armas o explosivos, la retención de personas o daños graves. La intervención estaría dirigida contra quienes cometan los hechos violentos.
¿Qué propone Sebastián López para las universidades?
López plantea que debe garantizarse simultáneamente el derecho a protestar y el derecho de los estudiantes a ingresar a sus instituciones educativas y desarrollar sus actividades académicas.
¿Qué responsabilidad tendría la Alcaldía de Medellín?
La autoridad local tendría tareas relacionadas con la prevención y el diálogo frente a escenarios de conflictividad social, entre ellas instalar una mesa de diálogo dentro de los cinco días hábiles posteriores a una alerta temprana.