La empresa del Estado publicó un comunicado en el que además anuncia denuncias a la Fiscalía por el posible delito de falsedad en documento público. La licitación se resolvió unas horas antes de la ley de garantías.
Tras la investigación publicada por esta emisora, Findeter publicó un comunicado confirmando la falsedad de un documento entregado por un consorcio a finales de enero pasado para ganarse una licitación directa por 18.000 millones de pesos. El contrato fue firmado pero la entidad acaba de cancelarlo. Nada de esto se había revelado a la opinión pública.
El contrato por 18.000 millones de pesos tuvo una primera cancelación en diciembre a pesar de cinco prórrogas en forma de adendas. Luego, en la segunda oportunidad, se declaró desierto porque se recibieron certificados bancarios de cupo crédito que fueron a su vez declarados irregulares por el propio Banco de Bogotá. En unas pocas horas, Findeter decidió realizar una contratación directa a un nuevo consorcio que tenía que certificar experiencia.
Para eso, el consorcio entregó una certificación de experiencia de la empresa Distribuidora Nissan. Pero pocos días después, cuando el contrato ya estaba firmado, DiNissan envió una carta a Findeter asegurando que esa certificación no había sido originada en la compañía.
Hasta ese momento las irregularidades por documentos falsos no fueron expuestas públicamente por Findeter. En las últimas horas la entidad confirmó que la certificación enviada por el consorcio a nombre de Dinissan es falsa y procedió a denunciar a su propio contratista a la Fiscalía.
“La empresa DiNissan envió a Findeter una comunicación oficial en la cual señala que, frente a la calificación presentada por el consorcio MAQ 2026 se procedió a realizar un proceso de verificación interna, como resultado del cual se concluye de manera clara, inequívoca, y verificable que el documento en cuestión no hace parte de nuestros registros institucionales ni corresponde a una certificación válida emitida por la compañía”, dice el comunicado de Findeter, citando la respuesta de Nissan.
El asunto es sumamente grave porque el contrato fue entregado a un consorcio en el que volvía a aparecer el nombre de un contratista que ya había sido descalificado en el primer y segundo intento de contratación. En ese caso el Banco de Bogotá señaló que un certificado aportado al proceso “no corresponde a la carta que nosotros emitimos”, señaló el banco al comité financiero de la institución.
En el comité que autorizó la contratación directa están el secretario general de Findeter, Iván Ramírez, y el actual presidente Carlos Saad, quien es cercano al expresidente Juan Carlos Muñiz.
En Findeter hay numerosos cuestionamientos por la cercanía de congresistas del Partido Liberal que, de acuerdo con fuentes que conocen la historia de primera mano, tendrían influencia en la contratación y habrían hecho presiones para poner sus cuotas políticas en la campaña.
La entidad tiene otros contratos bajo investigación. Maneja más de un billón de pesos en créditos y proyectos de infraestructura en todo el país. El contrato que se termina era para comprar maquinaria amarilla y maquinaria pesada para la construcción de vías en municipios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito en Putumayo, Norte de Santander y Nariño.
En su comunicado final, Findeter no explica por qué realizó tantas adendas, y qué explica que un contratista descalificado hubiera aparecido como distribuidor en la contratación final por el consorcio al que se está denunciando en la Fiscalía. El caso ya suma dos denuncias penales por presuntos documentos falsos para ganarse el contrato que en un principio era por 15.000 millones y tuvo una adición para llevarlo a 18.000 millones.