Gustavo Petro saldrá de la Presidencia de la República el 6 de agosto. Un día después, Abelardo de la Espriella tomará posesión como mandatario. Un día antes, una de las personas más cercanas a la primera administración de izquierda de la historia reciente colombiana conocerá el banquillo de los acusados.
Juliana Andrea Guerrero Jiménez irá a juicio. La Fiscalía, que radicó el 26 de junio el escrito de acusación en su contra, argumentará por qué, en una audiencia de acusación que el juez 46 de Conocimiento de Bogotá, Fernando González Olave, programó para el miércoles 5 de agosto, previo a la salida de Petro de la Casa de Nariño.
El ente investigador imputó a la exaspirante al Viceministerio de Juventudes por fraude procesal el 26 de marzo, en el tercer intento de que avanzara el proceso penal en su contra. Guerrero, quien afirmó en aquella diligencia que previamente conversó con su abogado —Rafael Martínez Bohórquez—, no aceptó los cargos.
Jessica Montealegre, la fiscal del caso, insistió en la falsedad del título de contadora de la joven, quien no cumplió los requisitos académicos propios de un pregrado. Juliana “sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba” para obtener el cartón, y “buscaba inducir al error a los servidores públicos del Ministerio de la Igualdad y obtener el acto administrativo de nombramiento como viceministra”, sostuvo la funcionaria.
La Fiscalía radicó el 9 de febrero una solicitud para anunciarle a Guerrero, en una audiencia ante un juzgado de garantías, que tenía pruebas suficientes para desencadenar una causa penal por cómo obtuvo su diploma. Los juzgados de Paloquemao programaron la imputación para el 27 de febrero, pero Guerrero no se presentó.
Títulos profesionales obtenidos de manera fraudulenta
El exsecretario de la Fundación Universitaria San José —que graduó a la cesarense—, Luis Carlos Gutiérrez, también imputado, acudió sin un abogado defensor. Así que el principal complejo judicial del país aplazó la audiencia. La togada Mirian Rodríguez, juez 25 de Control de Garantías de Bogotá, iba a escuchar los alegatos de la Fiscalía el 10 de marzo, pero Guerrero nuevamente pidió un aplazamiento.
Tanto Guerrero como Gutiérrez se desmarcaron de los señalamientos, finalmente, el 26 de marzo, delante de la juez Oriana Reinoso, 38 de Garantías en la capital. La Fiscalía, que en principio quería una detención domiciliaria como medida de aseguramiento, desistió de esa intención y simplemente les imputó.
El caso es largo. La San José anuló en septiembre de 2025 el título de Contaduría de Guerrero, y el Ejecutivo luego retiró su hoja de vida del portal de aspirantes de la Presidencia de la República. La publicación del currículo en la página web de candidaturas es el último paso antes de un nombramiento en altos cargos, como ministerios, viceministerios o agencias gubernamentales. El perfil de Juliana Guerrero rondó allí todo mes.
Guerrero se perfilaba como viceministra de Juventudes de la cartera que lideraba Juan Carlos Florián, quien con el aval del presidente Petro se libró de una suspensión provisional que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó. Su postulación resultaba al menos llamativa desde la primera vez que apareció en la plataforma, el 14 de agosto, pues no contaba en ese momento con un título profesional. Dos semanas después la Presidencia volvió a cargar su documentación.
Incluso sin un diploma, y con apenas veintitrés años, Juliana ya había sido secretaria ejecutiva en el Ministerio del Interior y en la Secretaría de Transparencia, y acreditaba una experiencia de seis años en cargos públicos. Los documentos aparecieron en el Sigep —el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público— “sin el lleno de los requisitos legales”, explicó la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, la primera que anunció la imputación.
Petro defendió a Guerrero mientras avanzaban los cuestionamientos en su contra
La investigación “ha acreditado” que no fue a clases ni hizo las pruebas Saber. La Fundación indagó internamente y comprobó que Guerrero no cumplió las condiciones legales para egresar. Principalmente, no presentó nunca el examen Saber Pro y tampoco asistió a clases, y aun así era técnica y profesional en Contaduría.
Además, responsabilizó de las irregularidades a Luis Carlos Gutiérrez, su exsecretario general, a quien destituyó en medio del proceso interno y denunció ante la Fiscalía. Gutiérrez aseguró en sus descargos que tenía un acuerdo con Guerrero. “Consignó hechos falsos en documentos auténticos al certificar que Juliana Guerrero había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados”, dijo la fiscal Montealegre.
Según el exdirectivo, su objetivo fue garantizarle a la joven “la posibilidad de acceder a una oportunidad laboral” con el compromiso de que ella “cumpliría” con las pruebas de Estado, como cuenta el acta de una reunión.
El presidente Gustavo Petro respaldó varias veces a Guerrero —quien ha permanecido en el Ejecutivo de la mano del ministro del Interior saliente, Armando Benedetti—, describiéndola como una “joven rebelde” a quien no pueden “acusar de haberse robado un peso”.
Los reproches a Guerrero nunca se han basado en robos de dinero, aunque sí salió de la cartera del Interior por un escándalo de presunto uso indebido de aeronaves de la Policía con su hermana Verónica para viajar de Bogotá a Valledupar. El Gobierno defiende que todo se enmarcó en una misión de la política de ‘Paz Total’ y en la protección que Juliana debía recibir luego de un atentado. La Procuraduría investiga si en realidad hubo motivos personales de por medio.
Denuncias, conciliaciones fallidas y pruebas documentales
En noviembre de 2025, Guerrero no se presentó a otra diligencia judicial: una conciliación en la Corte Suprema de Justicia tras una denuncia contra la entonces representante a la Cámara Jennifer Pedraza, hoy senadora, del partido Dignidad y Compromiso. La congresista insinuó que la ausencia de Guerrero podría deberse a “todo lo que la opinión pública conoce” acerca de las irregularidades de su paso por la Fundación San José, e invitó a la representante del Gobierno en el consejo superior de la Universidad Popular del Cesar a hablar frente a la justicia.
“Esto no es un asunto personal”, expresó Pedraza al salir de la Sala de Instrucción de la Corte. “Incluso, ella puede ser uno de los eslabones más débiles de esta cadena en la que hemos encontrado prácticas más sistemáticas”, agregó junto a su abogado. “Si este país está viendo un cartel de títulos, un cartel de diplomas, necesita saberlo la justicia colombiana para llegar a las últimas consecuencias”, zanjó.
Guerrero denunció a Pedraza por calumnia y delitos informáticos porque la congresista expuso que no cumplía con las exigencias para ser viceministra de Juventud, un cargo en el que el gobierno de Petro la mantuvo como candidata por mes y medio. Pedraza publicó en redes y medios que Guerrero no hizo el examen académico estatal, y la cesarense le pidió a la Corte Suprema sancionar a la legisladora. El magistrado Héctor Alarcón abrió una investigación previa y citó a conciliar.
En principio, Guerrero pidió un aplazamiento por “un asunto de fuerza mayor” de su abogado. Alarcón lo desestimó porque en las conciliaciones importan las partes, no sus defensores. Al final, Juliana reversó la querella y el caso quedó archivado.
La parlamentaria reveló facturas de la Dian que probarían la venta de los títulos de Guerrero. Juliana habría hecho, después de julio de 2025, tres pagos que sumarían ocho millones de pesos para que la San José la graduara.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué Juliana Guerrero irá a juicio?
La Fiscalía radicó el escrito de acusación por el delito de fraude procesal, y un juez de conocimiento fijó la audiencia para el 5 de agosto, un día antes de que Gustavo Petro deje la Presidencia. El ente investigador sostiene que la exaspirante al Viceministerio de Juventudes utilizó un título profesional obtenido de manera fraudulenta para buscar su nombramiento en el Ministerio de la Igualdad.
¿Qué pruebas e irregularidades sustentan el proceso contra Juliana Guerrero?
La investigación señala que Guerrero no cumplió los requisitos para graduarse como contadora, pues no presentó las pruebas Saber Pro ni cursó las actividades académicas exigidas. La Fundación Universitaria San José anuló su título y denunció a su exsecretario general, y la Fiscalía sostiene que ambos indujeron al error a las autoridades mediante documentos que certificaban falsamente el cumplimiento de las formalidades.
¿Qué papel tuvo el gobierno de Gustavo Petro en el caso de Juliana Guerrero?
Aunque las dudas sobre el título profesional de Guerrero eran públicas, su hoja de vida permaneció durante semanas en el portal de aspirantes de la Presidencia, y el presidente Petro la defendió en varias oportunidades, afirmando que era una "joven rebelde" y que no se le podía acusar de robarse recursos públicos. En todo caso, el nombramiento como viceministra de Juventudes nunca se concretó.
¿Qué otros procesos y controversias rodean a Juliana Guerrero?
Además del juicio por presunto fraude procesal, Guerrero está involucrada en investigaciones en la Procuraduría por el uso de aeronaves de la Policía para viajar con su hermana a Valledupar, y promovió una denuncia por calumnia contra la hoy senadora Jennifer Pedraza, quien cuestionó públicamente la legalidad de su título universitario. Esa querella fue retirada y archivada, mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación penal sobre la obtención del diploma.