La Fiscalía General de la Nación judicializó a 12 personas, entre ellas tres funcionarios públicos, señalados de la deforestación de más de 7.000 hectáreas de bosque.
De los tres funcionarios públicos, dos pertenecían al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y el otro es un contratista de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
Estas personas al parecer usaban sus cargos a cambio de dádivas, facilitaban la expedición de permisos para aprovechar el recurso maderable en zonas de reserva forestal o gestionaban salvoconductos para mover grandes cantidades de madera.
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Los otros nueve detenidos son particulares y según la Fiscalía, harían parte de una red delictiva señalada de arrasar con 7.000 hectáreas de bosque en Cundinamarca y Boyacá, con el fin de obtener madera de especies protegidas para posteriormente comercializarla en diferentes ciudades del país.
La organización delincuencial está señalada de comprar o se apropiaba de manera irregular de bosques, talaba árboles indiscriminadamente y trasladaban la madera a distintos puntos de acopio, donde se coordinaba la venta y distribución.
En las labores investigativas se constató que dicha actividad ilícita afectó áreas protegidas en Tunja, Pesca y Combita (Boyacá), al igual que en Zipaquirá y municipios de la sabana norte y occidente de Bogotá, en Cundinamarca.
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Entre las personas investigadas están Omar Pineda González e Isaías Cita Uribe, los presuntos articuladores principales de todo el andamiaje ilegal, encargados de la financiación y compra de los bosques, la preparación de la madera, el transporte del producto en tractocamiones y el contacto directo con los funcionarios que estarían al servicio de la red.
La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y cohecho por dar u ofrecer. Nueve de los detenidos aceptaron cargos.