La Fiscalía General de la Nación habría ordenado medidas de protección a favor del empresario Ricardo Leyva, señalado por su expareja Karen Santos, de un grave episodio de violencia que quedó registrado en video, según reveló la revista Cambio.
Esta decisión ha generado cuestionamientos debido a que, según la denuncia, no se adoptaron medidas similares para la mujer que lo acusa.
Santos grabó a Leyva persiguiéndola con un cuchillo, golpeándola y amenazándola de muerte. Ese material audiovisual hace parte del expediente conocido por la Fiscalía y sustenta la denuncia por intento de feminicidio que hoy cursa contra el empresario. Sin embargo, no ha habido acciones concretas para protegerla.
Presunto agresor también denunció
Ricardo Leyva presentó una denuncia contra Karen Santos, a pesar de que los hechos quedaron evidenciados en vídeos y, contrario a lo que ha pasado con Santos, la Fiscalía, bajo la administración de Luz Adriana Camargo, tomó la decisión de protegerlo.
Críticas por el manejo del caso
La investigación periodística expone que esta actuación ha despertado cuestionamientos sobre la aplicación del enfoque de género y la priorización de la protección a las víctimas de violencia intrafamiliar. Según el reportaje, el caso pone en evidencia una tensión institucional frente al manejo de denuncias cruzadas, en las que la víctima termina enfrentando procesos paralelos iniciados por su agresor.
Ricardo Leyva es un empresario reconocido en el sector de los conciertos y espectáculos, lo que ha incrementado el interés público sobre el caso y el escrutinio frente a las decisiones adoptadas por la Fiscalía.
Hasta el momento, según la investigación revelada por Cambio, la Fiscalía no ha explicado públicamente las razones jurídicas específicas por las cuales se priorizó la medida de protección para Leyva, ni ha informado si se han otorgado garantías similares a Karen Santos dentro del proceso por violencia.
Otras polémicas de Leyva
Ricardo Leyva y su sobrino Juan Camilo Velásquez están involucrados en una denuncia por una presunta transferencia no autorizada de 996 millones de pesos provenientes de un contrato suscrito en 2019 para la producción de las ceremonias de los Juegos Nacionales en Cartagena.
De acuerdo con la versión de la denunciante, la productora Raquel Sofía Amaya, conocida como actriz y empresaria del sector audiovisual, el dinero habría salido de la cuenta de la Unión Temporal Erreconerre Creativos, creada para ejecutar el contrato con el Comité Olímpico Colombiano, sin su conocimiento ni consentimiento.
Los hechos se encuentran hoy bajo revisión de la Fiscalía General de la Nación, que recientemente habría mostrado un renovado interés en esclarecer lo ocurrido.