A través del Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, el Gobierno Nacional oficializó la declaratoria de Emergencia Económica y Social en Córdoba y otros siete departamentos: Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, por un periodo de 30 días, ante las graves afectaciones provocadas por la temporada de lluvias.
El Gobierno ejercerá facultades exclusivamente para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, para lo cual emitirá actos legislativos, incluyendo las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo.
Igualmente, se aclara que al finalizar la vigencia de esta norma, se citará al Congreso para dar las explicaciones y detalles atinentes a lo ejecutado para mitigar las calamidades que afectan a más de 150.000 personas.
"Convocar al Congreso de la República para el décimo día siguiente al vencimiento del cese del Estado de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, según lo dispuesto en el artículo 215 de la Constitución yen el artículo 46 de la Ley 137 de 1994, con el fin de que se realice el control político sobre el ejercicio de las facultades extraordinarias del Gobierno nacional", reseña el texto.
Esto resuelve el decreto:
La decisión fue tomada tras el consejo de ministros que se adelantó en Córdoba, en donde se hizo un análisis detallado de la magnitud de los daños que generó la entrada de dos frentes fríos al Caribe, situación que generó intensas lluvias y muchas emergencias en las zonas del país ya mencionadas.
Justamente, el presidente de la República, Gustavo Petro, había hecho un nuevo pedido a la Corte Constitucional para que descongelara el decreto de la primera emergencia económica, pero ante la falta de respuesta, optó por emitir es medida similar que únicamente aplicará para los territorios más afectados.
De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, van 10 personas fallecidas, 65 emergencias, 61 municipios afectados, más de 69.000 y familias damnificadas.
Las afectaciones incluyeron inundaciones, crecientes súbitas, movimientos en masa, daños en viviendas, vías, puentes, acueductos, centros educativos y de salud, además de pérdidas en áreas productivas.