Veinte años después y en cumplimiento de un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado reconoció la responsabilidad y pidió perdón a las familias por la desaparición forzada de dos jóvenes, quienes se encontraban en las instalaciones de la Brigada 17 del Ejército en el Urabá , y fueron sacados por miembros de las AUC.
Julia Madarriaga señaló que la desaparición de Alcides Torres Arias y Ángel David Quintero, con la colaboración de agentes estatales, es un delito muy grave que obliga al Gobierno a buscar los restos y a comprometerse con actos de no repetición.
Julia Madarriaga destacó que el Gobierno trabaja en la protección de los Derechos Humanos y espera que hechos como los ocurridos con estos dos jóvenes, de cuyo paradero nada se sabe, no se vuelvan a repetir.