El gobierno del presidente Gustavo Petro ha emitido seis decretos y prórrogas desde 2023 para suspender temporalmente las operaciones militares contra las disidencias autodenominadas 'Estado Mayor de Bloques y Frentes' (EMBF), lideradas por alias Calarcá, en el marco de la política de paz total. La estrategia, planteada para facilitar diálogos y reducir riesgos a la población civil, generó debates sobre sus resultados y efectos en las regiones donde operan estas estructuras. Hoy, luego de que se revelara que habría vínculos entre el grupo armado ilegal dirigido por alias Calarcá Córdoba, repasamos los intentos de paz entre el Estado y el grupo armado.
Luego de que Petro se hiciera con la Presidencia en Colombia, puso en marcha su plan de la paz total, una de las propuestas con las que llegó al poder, con la que pretendía reducir las consecuencias del conflicto en la población civil. Si bien avanzó en proyectos menores, no fue sino hasta el 16 de octubre de 2023 que el Gobierno nacional instaló formalmente en Tibú, Norte de Santander, la mesa de diálogos con el 'Estado Mayor Central', nombre con el que se acuñó a diferentes grupos que se resistieron a aceptar el acuerdo de 2016, entre los que se encontraban hombres dirigidos por Iván Lozada, conocido como 'Iván Mordisco' o Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá Córdoba'.
Mediante el Decreto 1684 del 2023 se estableció inacción entre el Estado y estos grupos armados al margen de la ley durante tres meses en diferentes territorios del país. El 12 de diciembre de 2023, este grupo se comprometió a no realizar secuestros extorsivos.
La ruptura de las disidencias y el quebramiento de los diálogos
Este primer periodo fue considerado positivo por el gobierno Petro y decidió extender la suspensión mediante el Decreto 016 del 2024, en el que se estableció que se prorrogaría durante seis meses más este acuerdo entre el Estado y el grupo disidente.
Pero El Estado decidió no continuar con los diálogos con las disidencias lideradas por 'Iván Mordisco', que optó por romper lazos con la facción de alias Calarcá. Esto marcaría grietas en los diálogos y se debió establecer una nueva estrategia que no incluía ciertos territorios en los que actuaban los disidentes dirigidos por Lozada.
En Julio de 2024, y por medio del Decreto 888, el Gobierno renovó el cese para las estructuras comandadas por 'Calarcá'. En octubre de 2024 se extendió el plazo del cese al fuego entre ambas partes (mediante el Decreto 1280), que finalizó en abril de 2025, con el fin de impulsar transformaciones sociales en los territorios afectados.
Pero diferentes hechos violentos marcaron esta fase de la paz total propuesta por el presidente (ambas estructuras comenzaron enfrentamientos que derivaron en acciones violentas en contra de la población civil) y la intenciones y aspiraciones de ambas partes comenzaron a ser más frías.
Llegó abril y con ello el fin del quinto cese al fuego entre el Estado y las disidencias de 'Calarcá'. Ambas partes solicitaron una extensión, pero el Gobierno declinó la renovación por incumplimiento de los compromisos pactados.
No obstante, el 17 de abril de 2025, el mismo Petro decretó una nueva suspensión de operaciones, que fue hasta mayo del presente año, con el fin de permitir una reubicación de los frentes involucrados.
En la actualidad aún hay diálogos entre la disidencia de 'Calarcá' y el Gobierno, que se llevan a cabo en Caquetá. Allí se establecieron puntos de acuerdo para reducir la potencia del conflicto y mitigar el impacto en la población civil.
¿Vínculos entre disidencias y hombres del Ejército?
Con la reciente revelación de vínculos entre diferentes militares y este grupo criminal, se espera que se realice una investigación a profundidad para determinar hasta donde llegan las conversaciones entre alias 'Calarcá' y diferentes miembros del Ejército Nacional. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que está dispuesto a cumplir con todos los requerimientos de la ley para defender el honor del pueblo colombiano.
Por su parte el general en reintegro, Juan Huertas, negó todo vínculo con las disidencias. Pero la publicación del equipo investigativo de Noticias Caracol indica que Huertas estaría detrás de una propuesta que beneficiaría al grupo ilegal.