Las inundaciones en Córdoba también tienen que ver con la apropiación ilegal de tierras en el bajo Sinú durante décadas, explica Irene Vélez

La ministra de Ambiente y directora de la ANLA explicó la apertura de un proceso sancionatorio contra la represa Urrá y señaló que su operación no se ha ajustado plenamente a las obligaciones ambientales establecidas en la licencia.

La ministra de Ambiente y directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Irene Vélez, afirmó en entrevista con La FM que la represa de Urrá no se ha ajustado plenamente a sus obligaciones ambientales, razón por la cual la autoridad abrió un proceso sancionatorio tras identificar incumplimientos en el volumen máximo permitido, lo que redujo la capacidad del embalse para amortiguar el agua proveniente de las lluvias recientes. Además, explicó la relación que existe entre los procesos sostenido de apropiación ilegal de tierras en el bajo Sinú y las inundaciones.

¿Por qué la ANLA abrió un proceso sancionatorio contra Urrá?

Vélez explicó que la situación actual se presenta en medio de una imprevisibilidad climática, al ocurrir un evento en una época que no se esperaba. Sin embargo, precisó que la operación de la represa no se ajustó completamente a lo exigido por la licencia. “El comportamiento de la represa no se ha acotado del todo a sus obligaciones ambientales”, dijo, al confirmar que la ANLA inició un procedimiento formal por presuntas fallas en la operación del embalse.

Según la ministra, la autoridad ambiental encontró que Urrá violó de forma persistente el límite declarado de almacenamiento. “Hemos identificado que la represa violó de manera persistente el volumen máximo permitido, llegando a un 27 % de incumplimiento en los últimos cuatro meses”, señaló. Agregó que ese comportamiento causó que la represa perdiera la capacidad de amortiguar el volumen de agua que ingresó con las precipitaciones.

Al ser consultada sobre el llenado del embalse, Vélez confirmó que existió un sobrepaso frente al nivel autorizado por el propio operador. “Técnicamente lo llamamos volumen máximo, que es un límite declarado directamente por la represa, y hubo un sobreembalsamiento en relación con ese límite”, indicó. Explicó que, al no existir el margen de regulación, el sistema no contaba con el “colchón” necesario para manejar los aportes de agua.

La ministra también se refirió al seguimiento sobre otras hidroeléctricas del país. Dijo que, por solicitud del presidente, se hace un reporte dos veces al día para un seguimiento riguroso. “El presunto incumplimiento ambiental se evaluará en todas las represas con comportamientos similares”, afirmó. Precisó que, al momento de la entrevista, “Urrá es la única que está sobreembalsada”, aunque Hidroituango también presentó esa condición durante cinco días al inicio de la contingencia.

¿Qué relación tiene el manejo del Sinú con las inundaciones en Córdoba?

Vélez señaló que la primera responsabilidad sobre un embalse recae en su operador. “La primera responsabilidad es del operador de la represa; ellos deben responder ante el país en dimensiones administrativas y fiscales”, expresó. Añadió que también existe responsabilidad de XM y el CNO, entidades que revisan la operación del sistema eléctrico nacional, mientras que, en el plano ambiental, la ANLA hace el seguimiento, que en algunos casos es diario.

Sobre las inundaciones, la ministra aclaró el alcance de la investigación e introdujo el factor territorial. “La ANLA investiga irregularidades en la operación del embalse. No obstante, hay otras corresponsabilidades en las inundaciones que tienen que ver con cómo se ha restringido el paso del agua en el Sinú”, afirmó. Añadió: “Desde 1993 ha habido un proceso de desecamiento de humedales y ciénagas para acaparar tierras ilegalmente, construyendo diques y muros para poner vacas, lo cual también se vincula al poder político regional”.

La funcionaria explicó que con el nuevo régimen sancionatorio cambia la carga probatoria. “Con esta reglamentación la carga de la prueba la tiene Urrá para demostrar que operó bien”, sostuvo. Agregó que también “cambian los valores de las sanciones”, ya que antes resultaba más barato pagar que cumplir, mientras ahora se busca que el usuario de la licencia sea más responsable y “evite el daño ambiental”.

Vélez aseguró que la composición accionaria de la empresa no modifica el trámite. “Buscamos mantener una neutralidad valorativa”, dijo, al afirmar que se procederá igual que con cualquier usuario. Añadió que Urrá deberá explicar su operación y cuestionó posturas que desconocen la información técnica. “No es responsable negar una situación fáctica que es de conocimiento público en la plataforma de XM, donde se evidencia la presunta violación de la curva guía máxima”, concluyó.

*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM