Un nuevo caso de presunta corrupción menciona al departamento de Bolívar. En el año 2021 se registró una emergencia por inundaciones luego del rompimiento del dique de 'Caregato'.
Cuatro años y dos meses después, la Procuraduría General de la Nación anunció una investigación contra el exsubdirector de la Unidad Nacional De Gestión del Riesgo, Víctor Andrés Meza Galván, por presunta omisión en el pago de más de $10.000 millones, correspondiente a maquinarias amarillas, impidiendo la atención eficiente del suceso.
El departamento sufrió afectaciones en el municipio de San Jacinto del Cauca en Bolívar. También padecieron las mismas consecuencias los municipios de Ayapel en Córdoba, Guaranda, Sucre, Majagual, San Benito Abad, San Marcos y Caimito en Sucre.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, 93,772 personas resultaron afectadas, tras el rompimiento de Caregato.
“Presuntamente, Meza Galván aportó a la Fiduciaria la Previsora S.A., la documentación requerida para que se realizaran los respectivos pagos por el suministro de los equipos y posteriormente, habría solicitado la anulación de los certificados de disponibilidad presupuestal que respaldaban dichos compromisos”, mencionó la Procuraduría en su reciente pronunciamiento oficial.
El ente continuó expresando: “a juicio del ente disciplinario, esta situación habría impedido la ejecución de los pagos, afectando la gestión eficiente de recursos de la UNGRD y el cumplimiento de las obligaciones con el contratista”.
En términos menos técnicos, los certificados mencionados son un trámite oficial donde la entidad correspondiente ratifica la disponibilidad de recursos y que esos mismos sí serán destinados para el caso indicado.
Los papeles permiten que la Fiduciaria apruebe destinar el dinero de los pagos, es decir, si no reciben los documentos, no se gestiona lo demás.
Por lo anterior, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas, con el propósito de determinar si existió una presunta ineficiencia en la etapa post contractual del contrato.