La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) actualizó la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales a 7.837 casos documentados, tras ampliar el periodo de investigación y cruzar nuevas bases de datos estatales e informes de víctimas.
Esto representa un incremento frente al registro previo de 6.402 muertes. La nueva cifra generó la reacción del presidente, Gustavo Petro, y coincidió con el anuncio del tribunal sobre la posibilidad de recibir testimonios voluntarios de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos para documentar las presuntas responsabilidades del alto gobierno.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que el incremento en el universo de víctimas responde a la ampliación del rango temporal de investigación, que pasó de concentrarse en la etapa 2002-2008 a abarcar el periodo comprendido entre 1990 y 2016. Ramelli detalló que el Grupo de Análisis de la Información integró registros de la Procuraduría, la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y cerca de mil reportes entregados por las víctimas.
“Para el primer reporte tomamos un periodo de 2002-2008, pero ahora se amplió el periodo a 1990-2016 (…). Igualmente, se cruzaron más bases de datos que las cuatro que inicialmente se conocían”, señaló el magistrado.
El anuncio se realizó durante una audiencia de reconocimiento sobre los eventos ocurridos en San José de Apartadó, escenario donde el magistrado Pedro Elías Díaz Romero precisó que la cifra oficial es dinámica y susceptible a modificaciones conforme avance el Caso 03, el cual investiga las muertes ilegalmente presentadas como bajas en combate. Díaz Romero puntualizó que, del registro total de 7.837 víctimas documentadas a nivel nacional, 1.932 casos corresponden al departamento de Antioquia.
El magistrado también indicó que, durante las versiones entregadas por los comparecientes, la jurisdicción logró determinar “la coordinación entre grupos paramilitares y unidades del Ejército Nacional, de la Decimoséptima Brigada y el Batallón Vélez, en la región de Urabá durante los años 2004 y 2005”.
Llamados a la cúpula militar y posibles citaciones políticas
Dentro del Caso 03, la Sala de Reconocimiento imputó a 21 generales de la República, de los cuales siete aceptaron su participación en los hechos. El magistrado Óscar Parra Vera explicó que el tribunal avanza en la documentación de la responsabilidad del nivel nacional entre 2005 y 2008, fase enfocada en los mandos superiores que dirigían tropas de entre 15.000 y 20.000 hombres.
Parra detalló que la JEP inició el llamado a comandantes del Ejército de la época y convocó a siete comandantes de división. El tribunal citó al general Reinaldo Castellanos, quien se ausentó por razones de salud, y al general Mario Montoya, cuya declaración voluntaria finaliza a inicios de junio.
“Asimismo, hemos convocado a diversas instancias, dependencias y funcionarios del alto mando militar con responsabilidades a nivel operativo, de inteligencia, de la Inspección General del Ejército y en el manejo de las denuncias registradas en ese periodo”, concluyó Parra, tras agregar que analizan solicitudes de las organizaciones de víctimas para vincular a nuevos posibles responsables antes del cierre de los macrocasos previsto entre este año y el próximo.
En materia política, el magistrado Ramelli planteó que los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos podrían comparecer en el marco de este escándalo, adoptando un formato similar al utilizado en otras instancias de justicia transicional. “Mire, más allá de que sean llamados, podrían venir voluntariamente, igual como hicieron con la Comisión de la Verdad. Entonces, será una decisión de ellos, pero voluntariamente podrían venir”, señaló el presidente del tribunal.
Reacciones desde el Ejecutivo
Tras la confirmación de la cifra por parte de la JEP, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de la red social X, atribuyendo la responsabilidad de los hechos a la política de seguridad ejecutada durante la administración de Álvaro Uribe.
El mandatario definió los asesinatos como el “peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo” y señaló que las víctimas representan un fusilamiento sistemático por parte del Estado bajo la política de seguridad democrática.
“Se eleva a 7.837 la cifra de jóvenes asesinados por la fuerza pública dirigida por el expresidente Uribe y que eran presentados como guerrilleros dados de baja”, escribió el jefe de Estado.