En entrevista con La FM Fin de Semana, el profesor de Derecho de la Universidad de los Andes, Manuel Iturralde, se refirió al caso ocurrido en la avenida carrera 68 con calle 72 en Bogotá, donde un conductor persiguió a presuntos ladrones tras un hurto, la situación terminó en un accidente fatal en el que murieron los dos asaltantes y dos adultos mayores que transitaban por el sector.
Sobre este hecho, el experto advirtió que el conductor podría enfrentar penas entre 17 y 33 años de prisión por homicidio a título de dolo, al considerar que el acto de atropellarlos habría superado los límites de la legítima defensa.
En ese escenario, el profesor Iturralde explicó los alcances de la responsabilidad penal, los márgenes legales de la legítima defensa, el fenómeno de la llamada justicia por mano propia y el debate sobre el porte de armas para particulares dentro de un Estado de derecho.
Iturralde señaló que lo primero es adelantar una investigación penal que permita establecer con claridad lo ocurrido. Según indicó, por lo que se ha conocido hasta ahora, “es muy probable que el conductor que perseguía a quienes lo atracaron tenga responsabilidad penal por las muertes causadas”. Explicó que esa consecuencia jurídica se configura cuando una persona actúa más allá de los límites que permite la ley.
El profesor precisó que la legítima defensa es el derecho de un ciudadano a proteger sus bienes o los de terceros frente a un delito en curso, pero advirtió que no es un permiso ilimitado. En el caso analizado, sostuvo que la reacción “parece haber sido excesiva, desproporcionada e imprudente”, lo que impide que esa conducta quede amparada por la protección legal que ofrece esa figura.
¿Cuándo una víctima puede tener responsabilidad penal por su reacción?
Durante la conversación, Iturralde explicó que una persona puede pasar de víctima a investigado cuando su conducta supera los márgenes permitidos. “Los ciudadanos no pueden tomarse la justicia por sus propias manos”, afirmó, al señalar que ese tipo de respuestas genera daños que el ordenamiento jurídico no ampara.
El académico precisó que la defensa solo es válida cuando es necesaria, proporcional y racional frente a la agresión. Si no se cumplen esos criterios, se configura una posible responsabilidad penal.
"No basta con haber sido afectado por un delito para justificar cualquier reacción posterior", insistió.
Iturralde también pidió cuidado con el uso del concepto de justicia por mano propia. Según explicó, en un Estado democrático, la justicia penal es parte del poder punitivo y “solo puede ser ejercida por el Estado”. Cuando los particulares actúan por su cuenta, aclaró, aunque se hable de justicia privada, en realidad se trata de “formas de venganza”.
En ese sentido, sostuvo que el Estado no debe tolerar ese tipo de conductas porque “generan consecuencias más graves y mayor conflicto”. Para Iturralde, cuando las personas reemplazan a las instituciones, se rompe el esquema de legalidad que rige la convivencia.
¿Por qué la justicia por mano propia y el porte de armas aumentan la violencia?
El profesor explicó que este fenómeno no es aislado. Señaló que Colombia y América Latina están entre las regiones con más expresiones de justicia privada, visibles en linchamientos o en prácticas extremas como el paramilitarismo. De acuerdo con Iturralde, esto ocurre en buena parte por la falta de confianza de la ciudadanía en el Estado.
Según dijo, muchas personas creen que el Estado no tiene el interés o la capacidad de resolver conflictos, pero aclaró que esa percepción “no justifica tales acciones”. Para el académico, la reacción social no puede reemplazar el papel institucional que fija la Constitución.
Sobre el debate del porte de armas para particulares, Iturralde afirmó que debe abordarse con datos y no desde la emotividad. Indicó que está comprobado que donde hay mayor circulación de armas, legales o ilegales, existen “mayores niveles de violencia y criminalidad”.
Para el caso colombiano, señaló que la solución no es armar a los ciudadanos, pues se trata de una sociedad con una historia marcada por el uso de la violencia. "Incluso en países desarrollados, la flexibilidad en la posesión de armas se relaciona con altos niveles de violencia letal", recordó.
Iturralde advirtió que proponer el armamento de la población por impulso o con fines políticos solo incrementa la ilegitimidad del Estado. En contraste, afirmó que lo que corresponde es “fortalecer al Estado”, dotarlo de herramientas y legitimidad para que los ciudadanos confíen en él.
Sostuvo que debe preservarse el monopolio estatal del uso de las armas, como lo establece la Constitución, para evitar que la respuesta a la inseguridad termine generando más conflictos y mayores responsabilidades penales para quienes, aun siendo víctimas, actúan fuera de la ley.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM.