La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa, ha causado profunda conmoción en el departamento del Huila y en el país. Este caso ha puesto sobre la mesa varias preguntas, como por ejemplo cada cuánto entregan los medicamentos de alto costo dentro del sistema de salud.
El menor falleció en Bogotá después de permanecer varios días en estado crítico, tras sufrir un golpe en la cabeza cuando, según su familia, llevaba semanas sin recibir el tratamiento que necesitaba de manera permanente.
El caso ha sido mediático luego de que su madre denunciara públicamente las dificultades que enfrentó tratando de garantizar el suministro del fármaco que debía aplicarse cada 28 días a su hijo. Kevin murió el viernes 13 de febrero en la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Misericordia, centro al que fue trasladado cuando su condición ya era muy delicada.
Quién era Kevin Acosta
Kevin vivía en Palestina, un municipio agrícola de cerca de doce mil habitantes en el Huila. Había llegado allí un año atrás junto a su madre, Yudy Katherine Pico, la pareja de ella y su hermana menor. En su familia lo recuerdan como un niño alegre, activo y aficionado a montar bicicleta.
Desde pequeño enfrentó una condición médica compleja, la enfermedad de hemofilia A severa, un trastorno genético que impide la adecuada coagulación de la sangre. En pacientes con este diagnóstico, cualquier golpe puede terminar en hemorragias internas que pueden ser de alto riesgo si no se cuenta con tratamiento de manera seguida.
El medicamento que recibía era Emicizumab, indicado para reducir la probabilidad de sangrados espontáneos o derivados de traumatismos. La dosis establecida era de 105 miligramos cada 28 días. El valor mensual del fármaco oscilaba entre 36 y 40 millones de pesos, una suma que la familia no podía asumir sin el respaldo de la EPS.
La última vez que se le aplicó este medicamento fue el 2 de diciembre de 2025. Días después, el 12 de diciembre, Kevin quedó sin IPS. La IPS Medicarte, que venía suministrando el tratamiento, terminó su contrato con Nueva EPS el 1 de enero de 2026. Aunque se informó que el menor sería trasladado a Integral Solutions, la transición no se llevó a cabo y la familia fue notificada de que tampoco existía un contrato activo con esa entidad. Por esta razón, el niño quedó sin red de atención para su patología.
El accidente y la remisión tardía
El domingo en que ocurrió el accidente, Kevin jugaba en bicicleta frente a la iglesia del municipio cuando cayó desde una altura aproximada de metro y medio y se golpeó la cabeza. Fue llevado de inmediato al centro de salud local. Sin embargo, días después, el 8 de febrero, presentó sangrado nasal y vómito con sangre, signos de alarma en un paciente con hemofilia que no cuenta con el debido tratamiento.
Fue remitido al hospital San Antonio de Pitalito, donde los exámenes confirmaron un sangrado cerebral, una condición de riesgo vital inmediato. Ante la gravedad del diagnóstico, su madre solicitó el traslado urgente a Bogotá para que recibiera atención especializada. La autorización se produjo el 9 de febrero, luego de denuncias públicas y presión a través de redes sociales.
Kevin ingresó a la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Misericordia en estado crítico. De acuerdo con el testimonio de su madre, ya no presentaba respuesta neurológica. Días después se confirmó que había fallecido.
Aumento de quejas contra la EPS
Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados en el país, se encuentra intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud desde el 3 de abril de 2024, tras demostrarse un incremento en reclamos de los usuarios. Posteriormente, el Gobierno obtuvo el 51 % de sus acciones.
Las cifras muestran un aumento en las quejas en diferentes regiones. En Huila, los reclamos contra la EPS pasaron de 39 en 2024 a 259 en 2025, un incremento del 564 %. En Vichada el crecimiento fue del 538 %, mientras que en Quindío los casos subieron de 586 a 1.314.
Ante la Superintendencia, en Norte de Santander las PQRSD aumentaron de 18.182 en 2024 a 23.063 en 2025. En Huila los registros pasaron de 14.668 a 24.621 y en Tolima de 15.116 a 20.615, lo que evidencia un aumento sostenido en los reportes y reclamaciones de los afiliados.