La Alcaldía de Medellín presentó un nuevo balance de las investigaciones por presunta corrupción durante la administración distrital 2020-2023. Aseguró que las autoridades identificaron una estructura que denominó "Los Hermanitos Q", la cual habría operado de manera coordinada para direccionar contratos y apropiarse de recursos públicos.
El nombre hace referencia, al parecer, a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, y su hermano Miguel Quintero, vinculados a estos presuntos hechos de presunta corrupción, además de ser señalados como los supuestos cabecillas de la red criminal investigada por las autoridades.
Según la administración actual de Federico Gutiérrez, las investigaciones pasaron de 501 a 666 hallazgos, que derivan en 55 personas imputadas, tres capturas, una condena, 25 medidas de extinción de dominio, cuatro principios de oportunidad, dos preacuerdos, 157 testigos, y más de 13.000 pruebas recopiladas dentro de los distintos procesos judiciales.
De acuerdo con la información presentada, la estructura habría funcionado mediante una red de funcionarios, contratistas e intermediarios que se repetían en diferentes entidades del Distrito, participando en procesos contractuales con un mismo esquema de operación.
La Alcaldía sostiene que uno de los principales elementos de prueba es un grupo de WhatsApp denominado "Los Amiguitos", en el que varios de los hoy investigados habrían compartido conversaciones relacionadas con contratación, nombramientos y bienes adquiridos durante ese periodo.
Según la exposición realizada, las entidades descentralizadas habrían sido utilizadas para transferir recursos mediante contratos interadministrativos que luego terminaban favoreciendo a un reducido grupo de empresas vinculadas entre sí.
Los principales expedientes
Entre los casos mencionados figura la investigación sobre la presunta venta de la gerencia de Afinia, filial de EPM, donde un testigo aseguró ante las autoridades que ese cargo habría sido negociado por entre cinco y ocho millones de dólares para controlar posteriormente la contratación de la empresa.
También aparece el caso de los contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante la pandemia, por más de 18.000 millones de pesos, en el que la Fiscalía investiga presuntos sobrecostos, direccionamiento contractual y apropiación indebida de recursos públicos.
Otro de los procesos corresponde al mantenimiento del Parque de las Aguas, donde nueve personas enfrentan juicio por un presunto carrusel de contratación que habría favorecido empresas sin experiencia mediante contratos cercanos a los 22.000 millones de pesos.
Las investigaciones también incluyen los casos de Metroparques, Inder, Buen Comienzo, Aguas Vivas, zonas verdes y otros procesos contractuales que, según la alcaldía, hacen parte de un mismo entramado.
Contratación superior al billón de pesos
La Administración estima que la contratación presuntamente direccionada supera un billón de pesos.
Según el balance presentado, ese monto equivale a financiar durante un año la alimentación escolar de 256.000 estudiantes, atender a 80.000 niños y 12.000 madres gestantes en Buen Comienzo, construir diez megacolegios o ejecutar más de 5.100 mejoramientos de vivienda.
Presuntas amenazas y solicitud de protección
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también aseguró que las investigaciones han estado acompañadas de amenazas contra personas que colaboran con la justicia.
Indicó que la Alcaldía ha solicitado en varias oportunidades medidas de protección para los principales testigos vinculados a los casos relacionados con la presunta estructura denominada "Los Hermanitos Q", al advertir que algunos de ellos y sus familias estarían siendo amenazados y presionados.
Gutiérrez también recordó el asesinato de Asdrúbal Vélez Orozco, empresario relacionado con la Reforestadora El Líbano, empresa investigada por presuntas irregularidades en un contrato para el mantenimiento de zonas verdes.
Según explicó, hechos como ese motivaron el envío de nuevas solicitudes a la Policía y la Fiscalía para reforzar la protección de testigos, así como de personas que han firmado principios de oportunidad y preacuerdos con la justicia, al considerar que enfrentan riesgos por su colaboración con las investigaciones.
"Y el 14 de marzo de 2024, Asdrúbal Vélez Orozco, empresario y comerciante relacionado con la refoerestadora en Líbano, empresa a la que le entregaron ese contrato y eran investigados, fue asesinado. Asdrúbal era el esposo de la hoy imputada Luz Eliana Henao, representante legal de la refoerestadora en Líbano", declaró.
Añadió que "por situaciones como estas, fui yo mismo quien envió una carta reiterando la necesidad de adoptar medidas de protección para todos los testigos de los distintos casos relacionados con la GDO Los Hermanitos Q".
Rastreo internacional
La Alcaldía informó que entregó información a agencias de Estados Unidos para rastrear recursos que presuntamente salieron de Colombia hacia Panamá y posteriormente a ese país, producto de los hechos investigados.
El mandatario anunció que en los próximos días entregará nueva información a las autoridades estadounidenses para fortalecer las investigaciones sobre el destino del dinero.
Las autoridades insisten en que los distintos procesos hacen parte de un macrocaso de corrupción que continúa en etapa de investigación y judicialización, por lo que la responsabilidad penal de los implicados será definida por los jueces competentes conforme avancen los procesos.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Alcaldía de Medellín sostiene que casos investigados hacen parte de una estructura denominada "Los Hermanitos Q"?
La Administración Distrital asegura que las investigaciones permitieron identificar un patrón de actuación en distintas entidades públicas, donde los mismos funcionarios, contratistas e intermediarios aparecían de manera reiterada en diferentes procesos contractuales. Según lo expuesto, no se trataría de hechos aislados sino de un entramado organizado que habría utilizado varias dependencias del Distrito para direccionar contratos, beneficiar a determinados operadores y apropiarse de recursos públicos. La Alcaldía afirma que, hasta el momento, se han identificado 666 hallazgos relacionados con estos hechos.
¿Cuáles son los principales casos de presunta corrupción que hacen parte de las investigaciones presentadas por la Alcaldía?
Entre los procesos destacados se encuentran las investigaciones sobre la presunta venta de la gerencia de Afinia, los contratos celebrados entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante la pandemia, el mantenimiento del Parque de las Aguas, las presuntas irregularidades en Metroparques e Inder, el programa Buen Comienzo, el caso Aguas Vivas y contratos relacionados con zonas verdes. La Administración sostiene que todos estos expedientes estarían conectados por un mismo esquema de contratación y por la participación de personas y empresas que aparecen de forma repetida en las investigaciones.
¿Qué avances judiciales reportó la Alcaldía sobre las investigaciones por presunta corrupción?
Según el balance presentado, los procesos dejan hasta ahora 55 personas imputadas, tres capturas, una condena, 25 medidas de extinción de dominio, cuatro principios de oportunidad, dos preacuerdos, 157 testigos, 97 peritos y más de 13.000 pruebas recopiladas por las autoridades. La Administración señaló que estos resultados corresponden al trabajo adelantado por la Fiscalía y otros organismos judiciales, mientras continúan las investigaciones en los diferentes casos.
¿Qué dijo el alcalde sobre el rastreo internacional de los recursos presuntamente obtenidos mediante hechos de corrupción?
La Alcaldía informó que entregó información a agencias de investigación de Estados Unidos para apoyar el rastreo de recursos que, según las investigaciones, habrían salido de Colombia hacia Panamá y posteriormente a territorio estadounidense. El alcalde anunció que continuará suministrando nuevas evidencias a las autoridades internacionales con el propósito de establecer el destino del dinero y fortalecer los procesos judiciales relacionados con estos hechos.