Una investigación del fotoperiodista Federico Ríos, publicada por el diario estadounidense The New York Times, expuso el funcionamiento de La Mandinga, una mina de oro controlada por el Clan del Golfo que, según la denuncia, operaba incluso dentro de terrenos del Batallón Rifles 31, en zona rural entre Cáceres y Caucasia (Antioquia).
El reportaje documenta cómo la actividad ilegal de gran escala se desarrolla en un área bajo presencia militar, abriendo interrogantes sobre control territorial, minería criminal y vigilancia estatal. Durante varias visitas a la zona, el periodista encontró evidencias de que la explotación no solo operaba junto a la base, sino que se habría extendido dentro de la propia instalación.
Según el relato, un minero aseguró que la actividad avanzaba más allá del perímetro militar e incluso invitó a comprobarlo con imágenes aéreas.
Frente a estas revelaciones, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, en entrevista con La FM, reaccionó con contundencia y calificó la situación como inaceptable: “Eso es inconcebible, es absurdo que llegue a ocurrir eso”.
Gobierno ordena verificación tras denuncia
El jefe de la cartera de Defensa confirmó que ya se desplegó una comisión para esclarecer lo ocurrido y determinar si la minería ilegal operaba dentro del batallón o en zonas colindantes.
“Hoy se desplegó una comisión para confirmar y dentro de nuestras competencias actuar con todo el rigor de la ley”.
El ministro insistió en que, aunque el testimonio del periodista es fuerte, será la inspección oficial la que permita establecer con precisión lo ocurrido en el terreno.
“Ha habido invasión y es lo que vamos a confirmar en este momento”.
La Mandinga: predio invadido y presión sobre zonas militares
Durante la entrevista, el funcionario explicó que el área donde opera La Mandinga corresponde a un predio que perteneció a alias ‘Macaco’ y que actualmente está bajo administración estatal, a través de la Sociedad de Activos Especiales y el fondo para la reparación de víctimas.
Según detalló, se trata de una zona extensa que ha sido ocupada por miles de personas dedicadas a la minería.
“Son alrededor de unas 2.000 hectáreas que le han invadido alrededor de unas 2.000 a 2.500 personas”.
Añadió que estos grupos han intentado avanzar hacia predios del Batallón Rifles, lo que eleva la preocupación por la cercanía entre economías ilegales y unidades militares.
Operativos y ofensiva contra la minería ilegal
El ministro defendió la actuación de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca, una de las regiones más golpeadas por este fenómeno.
“En este año nosotros hemos intervenido ya 2.500 minas, hemos destruido más de 1.000 máquinas”.
Indicó que esta ofensiva ha generado reacciones, como el paro minero registrado durante Semana Santa, en medio de los operativos contra estas actividades.
El ministro también reconoció las dificultades para enfrentar este fenómeno, que combina factores sociales, legales y ambientales.
“Uno queda a veces sin herramientas, queda impotente en algunos casos”.
¿La minería ilegal estaba dentro del batallón?
Aún no está confirmado. El Gobierno desplegó una comisión para verificar si ocurrió dentro o en predios cercanos.
¿Qué acciones ha tomado el Ejército en la zona?
Se han realizado al menos 20 operativos, con intervención de minas ilegales y destrucción de maquinaria.
¿Quién estaría detrás de esta actividad ilegal?
Según el ministro, la minería en la zona estaría controlada por el Clan del Golfo.