El Ministerio de Transporte presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 347 de 2026, orientado a fortalecer la supervisión y el régimen sancionatorio del sector transporte en el país.
La iniciativa fue radicada por la ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, junto con el superintendente de Transporte, Enrique Piñeres.
El proyecto busca actualizar las herramientas de control del Estado sobre el sector, con el objetivo de enfrentar prácticas ilegales e informales que afectan el funcionamiento del sistema y los derechos de los usuarios.
La propuesta tiene cobertura sobre todos los modos de transporte, incluidos el terrestre, férreo, fluvial, portuario y logístico, y plantea una reorganización de las competencias de supervisión entre la Nación y las entidades territoriales.
Según la información de la entidad, uno de los propósitos centrales es superar la fragmentación normativa que ha caracterizado históricamente al sector y que ha dificultado la acción oportuna de las autoridades.
Cambio de enfoque en la supervisión
El proyecto introduce un cambio en el modelo de control, al priorizar la prevención sobre el castigo. La iniciativa plantea un esquema técnico y proporcional que permita identificar y corregir fallas antes de que deriven en riesgos para la seguridad o en afectaciones graves al servicio. Este enfoque busca ampliar la capacidad de supervisión del Estado sin concentrarse exclusivamente en sanciones posteriores.
Desde el Ministerio de Transporte se señala que el nuevo marco pretende establecer reglas más claras para los actores del sistema.
La propuesta incorpora mecanismos para fortalecer la vigilancia y ordenar la aplicación de sanciones cuando corresponda, con el fin de enfrentar conductas que incidan en la calidad del servicio y en la protección de los usuarios.
Medidas frente a la ilegalidad y protección de usuarios
Uno de los ejes del proyecto es el combate estructural a la ilegalidad y la informalidad en el transporte. El superintendente de Transporte indicó que la iniciativa busca cerrar vacíos de control y ampliar el alcance de las sanciones, incluyendo no solo a quienes prestan servicios de manera ilegal, sino también a quienes facilitan o se benefician de estas prácticas.
El texto también incorpora disposiciones específicas para la protección de los usuarios. Entre ellas se contempla un título dedicado a sus derechos, el fortalecimiento de la capacidad del Estado para ordenar devoluciones por cobros indebidos y la definición de estándares de calidad, continuidad y niveles de servicio, con indicadores verificables.
Con la radicación del Proyecto de Ley 347 de 2026, el Ministerio de Transporte plantea una actualización integral del esquema de supervisión del sector. La iniciativa queda ahora en manos del Congreso, donde iniciará su trámite legislativo como parte del debate sobre el control, la legalidad y el funcionamiento del sistema de transporte en Colombia.