Es de las congresistas que están debutando en la bancada del Centro Democrático, pero la política no se la ha hecho ajena a la senadora María Clara Posada, quien desde su curul en la Comisión Primera, la de asuntos constitucionales, está hablando sobre los temas más espinosos, en particular lo que está pasando con la Justicia Especial de Paz, JEP.
El presupuesto con el cual ha funcionado ese Tribunal de Paz que se creó para rodear el acuerdo de 2016 con las Farc, se ha convertido en uno de los ejes de sus cuestionamientos a la JEP.
Esta semana Posada fue más allá y reveló apartes de las audiencias de rendición de testimonio del antiguo Secretariado, como fue la de Rodrigo Londoño "Timochenko" cuando habló ante los magistrados sobre los secuestros y el trato a las víctimas.
Lo hecho por Posada le llevó a tener una fuerte controversia con el exjefe guerrillero, quien rechazó que haya hecho público esos testimonios. A continuación la entrevista que le dio a Colprensa, profundizando acerca de la JEP y las críticas que ha venido teniendo alrededor de su funcionamientol.
¿Por qué cazó pelea con Rodrigo Londoño, «Timochenko»?
Antes de llegar a «Timochenko», hay que hacer un contexto. Nosotros, en ejercicio legítimo del control político desde el Congreso, particularmente desde el Senado, tuvimos conocimiento de los presupuestos planteados por las distintas entidades del orden nacional, entre ellas la JEP, que llegó a la Comisión Primera del Senado y nos planteó un presupuesto de $821.803 millones en un momento de crisis fiscal.
Frente a ese número surgen una serie de interrogantes que, como le digo, no solo se refirieron a la JEP, sino a cualquier otra entidad que estuviera presentando su presupuesto en esa instancia. Les hablamos, sobre todo, de por qué ese valor, por qué no asumir también la responsabilidad de apretarse el cinturón en un momento en el que es necesaria la responsabilidad fiscal y cuáles eran los resultados que estaban atados a ese valor, entendiendo que, al día de hoy, la JEP nos ha costado a los colombianos $3,8 billones y que, si se mantiene el recorte de $170.000 millones, nos iba a costar $4,4 billones.
¿Qué ha encontrado en la misma?
En la investigación empezamos a encontrar cosas que no sonaban bien. Y cada vez que jalábamos el hilo, encontrábamos cosas más turbias. Por ejemplo, que la defensa jurídica de las Farc nos ha costado a los colombianos $40.365 millones, aunque, según la revista Forbes, el patrimonio de ellos asciende a 600 millones de dólares. Que el arrendamiento de la sede principal nos ha costado $160.000 millones, con un promedio anual de $17.000 millones.
Todo esto, no obstante, el edificio tiene un avalúo catastral de $40.000 millones; o sea, hemos pagado cuatro veces el valor del edificio. El arrendamiento de una segunda sede, que no estaba contemplada porque fue una de las justificaciones para contratar el edificio Torres Cuadras, nos ha costado a los colombianos $10.730 millones al día de hoy.
Nos hemos gastado en viajes $56.435 millones, con destinos como Miami, Houston, Barcelona, Panamá o París, donde uno no encuentra mucha relación con la institucionalidad de derechos humanos. Entonces, ahí empezamos a halar y halar y llegamos a esos videos.
¿En general, qué ha encontrado en esos videos?
En esos videos de audiencias reservadas vimos una camaradería vulgar entre los magistrados de la JEP y los miembros de las Farc, particularmente «Timochenko», mientras estos últimos le mentían al país, haciéndonos creer que todo lo que nosotros habíamos visto —a Ingrid Betancourt encadenada, al general Mendieta con esos dolorosos testimonios y a los tres estadounidenses torturados— eran mentiras, porque ellos eran un grupo que ni secuestraba, ni torturaba, ni violaba y que siempre garantizó buenos tratos para sus víctimas. Esa publicación no le gustó a «Timochenko» y, digamos, que de ahí empezó el rifirrafe.
¿Pero por qué ha presentado usted esos videos de forma parcial, editados?
Pues la revista Semana ha puesto uno de sus videos completos. Nosotros fragmentamos algunos episodios del video que presentamos, que corresponde a la primera audiencia sobre el macrocaso de secuestro, porque la audiencia completa dura seis horas. Pero los colombianos ya hoy pueden tener acceso al video completo y encontrar que cada fragmento es peor que el anterior.
Nosotros solo quisimos destacar algunos de los episodios más escandalosos, en los que, como le decía, mienten sobre los criterios de buen trato y buena comida que supuestamente recibían los secuestrados, y aseguran que jamás había habido tortura. Todo esto mientras la magistrada Lemetre reía condescendientemente, como si ella tampoco hubiera visto la lamentable y dolorosa situación que conocimos por la prensa sobre las torturas a las que eran sometidos los secuestrados.
¿Cuál es la razón jurídica para que estas audiencias sean reservadas y no se puedan conocer los videos ni su contenido?
Pues así está establecido por la JEP: esas audiencias son reservadas. Pero recuerde que el deber de custodia no lo tenemos nosotros como congresistas, sino precisamente la JEP. Nosotros, como congresistas, tenemos el deber de hacer control político, y esto es lo que estamos haciendo: revelándoles a los colombianos videos que, desde el principio, deberían haber sido de conocimiento público.
Hay algo que sorprende: mire lo difícil que es encontrar estos videos y acceder a ellos, y mire lo fácil que es meterse a Google y ver los videos con los miembros de la Fuerza Pública, donde sí se ve lo implacable de los magistrados de la JEP frente al juzgamiento de los hombres y mujeres que, en su mayoría, vistieron el uniforme para defender a los colombianos.
¿Qué futuro tendrán las reformas a la JEP en el Congreso, incluida la revisión de los fallos a militares?
Mire, yo creo que ahora, por fin, Colombia está poniendo los ojos en la JEP y alzando la voz sin miedo. Se está dando cuenta de que ha sido un tribunal de impunidad, de derroche y en el que, en su mayoría, lo que estamos viendo son activistas de izquierda que ejercen su apoyo a una narrativa, más que cumplir con su deber de impartir justicia, que es el motivo por el que fueron creados.
Hay uno de esos proyectos que es particularmente relevante. Los magistrados de la JEP han manifestado su preocupación por qué va a pasar con la situación jurídica de las Farc y con la duración de la JEP, pero nadie se ha preguntado qué va a pasar con los derechos y las garantías de la Fuerza Pública. Entonces, por eso nosotros estamos promoviendo ese proyecto de acto legislativo, cuya ponencia está a cargo del senador Rafael Nieto, en el que se buscan fundamentalmente tres cosas.
La primera, que está en la ponencia, es que todas las sentencias de primera o segunda instancia proferidas por el Tribunal de Paz contra miembros de la Fuerza Pública tengan revisión automática por parte del Tribunal Superior Militar y de Policía. Con ello queremos devolverles a los miembros de la Fuerza Pública comparecientes ante la JEP la garantía del juez natural, porque un civil no tiene conocimiento de las circunstancias en las que ocurre un combate.
Lo segundo, mediante dos proposiciones de nuestra autoría que fueron incorporadas al proyecto, es que la pena máxima de cárcel para los militares sea de cinco años, porque ahora es de 20, y que haya un componente restaurativo.
Y lo tercero es que las tutelas contra las providencias de la JEP las conozca la Corte Suprema y no todo el Tribunal de Paz de la propia JEP, porque necesitamos una revisión independiente y no un tribunal que actúe como juez y parte, con un sesgo absolutamente evidente.
¿Sí tendrá apoyo este proyecto en el Congreso?
Nosotros, desde el Centro Democrático, estamos concentrados en sacar adelante este proyecto de acto legislativo. De hecho, la semana pasada hubo una audiencia propuesta por la bancada del Pacto Histórico, que se está oponiendo, obviamente, a este proyecto y quería impedir que tuviera lugar, suspendiendo su discusión.
Nosotros nos opusimos a eso y logramos que se realizara en paralelo, porque queremos tramitar con eficiencia y, sobre todo, con eficacia este proyecto de acto legislativo para devolverles las garantías a los comparecientes que hoy han sido abusados por un tribunal de activistas de izquierda.