El nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas, aseguró que la entidad atraviesa una etapa decisiva de su funcionamiento, enfocada en cerrar los procesos judiciales abiertos y entregar resultados a las víctimas del conflicto armado. Así lo manifestó durante una entrevista con France 24 Español, en la que abordó los desafíos presupuestales, las garantías de seguridad y la incertidumbre sobre el futuro de la jurisdicción, a pocos meses de cumplirse diez años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
Una presidencia enfocada en cerrar los macrocasos
Rojas explicó que uno de sus principales propósitos al frente de la JEP será avanzar en la etapa de cierres, después de años de investigación sobre los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado colombiano.
En ese sentido, destacó que durante este año se espera concluir las imputaciones correspondientes a los 11 macrocasos abiertos por la jurisdicción, que involucran a antiguos integrantes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros funcionarios públicos.
"Esta presidencia espera iniciar los cierres de la JEP en los próximos 2 años", afirmó el magistrado, quien señaló que el objetivo también comprende adoptar decisiones que permitan brindar seguridad jurídica a quienes no fueron considerados máximos responsables.
El presidente de la jurisdicción destacó, además, la importancia de consolidar un legado para Colombia y la comunidad internacional, especialmente en materia de justicia restaurativa y reconciliación. Según explicó, uno de los principales aportes de la JEP será la construcción de herramientas que permitan avanzar en la reconciliación frente a daños que parecen irreparables.
El recorte presupuestal y sus consecuencias
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el impacto del ajuste presupuestal del Gobierno nacional, que representa una reducción de 170.000 millones de pesos para la JEP.
Rojas reconoció que la decisión afecta profundamente el funcionamiento de la entidad y obliga a implementar medidas para garantizar la continuidad de sus responsabilidades. Entre los ajustes mencionó el traslado de su sede actual, de 15.000 a 4.200 metros cuadrados, la reducción de los esquemas de seguridad para magistrados, víctimas, comparecientes y testigos, así como una disminución considerable de los contratos de prestación de servicios.
Pese a este escenario, aseguró que la jurisdicción mantiene su compromiso de cumplir con sus obligaciones y avanzar en los procesos pendientes hasta 2033.
La seguridad de víctimas y comparecientes, una preocupación
Otro de los asuntos que generó preocupación fue la reducción de los recursos destinados a la protección de las personas vinculadas a los procesos judiciales. Ante la posibilidad de que se produzcan vacíos en los esquemas de seguridad, especialmente en un contexto de recrudecimiento de la violencia de los grupos armados ilegales, Rojas reconoció que este es uno de los aspectos más difíciles del ajuste.
"Es el gobierno el que debe asumir esta responsabilidad", manifestó, al solicitar que las autoridades nacionales garanticen la protección de magistrados, víctimas, testigos y comparecientes, de acuerdo con las disposiciones legales.
El futuro de la JEP: 2028 o 2033
La posibilidad de anticipar el cierre de la jurisdicción a marzo de 2028 también ocupó un lugar importante en la conversación. Rojas explicó que, aunque existe una programación para concluir los 11 macrocasos, los tiempos procesales son ajustados.
Precisó que el 14 de marzo de 2028 constituye el último plazo previsto para que la Unidad de Investigación y Análisis realice las imputaciones pendientes. Posteriormente, se contemplan cinco años adicionales para adelantar los juicios correspondientes.
Por ello, expresó su expectativa de que el Congreso no apruebe una modificación que reduzca el mandato de la JEP hasta esa fecha. "Si se hace ese recorte del tiempo a marzo del 2028 de toda la actividad de la JEP, claramente no se va a cumplir con ese cometido", advirtió.
El magistrado también reconoció que la experiencia de la jurisdicción ya representa un aporte para la justicia transicional internacional, gracias a sus primeras sentencias y al modelo de diálogo entre víctimas y responsables. Sin embargo, insistió en que todavía existen compromisos pendientes con quienes esperan verdad, justicia y reparación.
Un millón de amigos para la JEP
Al finalizar la entrevista, Rojas destacó la necesidad de fortalecer el diálogo con el Gobierno nacional para garantizar la ejecución de las sanciones propias contempladas en el Acuerdo de Paz.
Asimismo, invitó a la ciudadanía a acompañar el trabajo de la institución y a participar en la construcción de su etapa final. "Estamos en una suerte de campaña para conseguir un millón de amigos", expresó.
El mensaje del nuevo presidente resume el desafío que enfrenta la JEP: concluir los procesos judiciales, proteger a las víctimas y preservar los avances de la justicia transicional, en medio de restricciones presupuestales y discusiones políticas sobre su permanencia. Para Rojas, la prioridad es clara: entregar resultados sin dejar inconclusos los compromisos adquiridos con las víctimas del conflicto armado.