En Colombia, todos los trabajadores están protegidos por un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos que componen el Sistema General de Riesgos Laborales.
Este sistema está diseñado para prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o consecuencia de su trabajo.
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Los recursos para financiar este sistema provienen de la cotización obligatoria a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), determinada por el nivel de ingreso y la clasificación del riesgo del trabajador.
El valor del aporte corresponde al empleador (a menos que el trabajador sea independiente) y cubre todos los gastos en salud que ocasionen los accidentes o enfermedades laborales, así como los días de incapacidad, pensiones de invalidez o de sobrevivencia. De igual forma, la ARL se encarga de cubrir todos los gastos en los que incurra la IPS en la que el trabajador sea atendido.
En este contexto, muchos trabajadores se preguntan qué ocurriría en el caso en que sufran una enfermedad terminal.
Esto ocurre cuando un trabajador sufre una enfermedad terminal.
Javier Eduardo Almanza Junco, coordinador del área de Derecho Laboral del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, le explicó a La FM que una empresa solo tiene la obligación de conservar el puesto de trabajo de un empleado que sufra una enfermedad terminal.
La empresa debe mantener el puesto del empleado durante el tiempo que dure la patología y hasta su deceso, para garantizarle el acceso a la Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos laborales y caja de compensación, si el trabajador se encuentra incapacitado por dicha condición.
"En estos casos, deberá efectuarse el respectivo pago de la incapacidad, que corresponde a la EPS o a la ARL, según el origen de la enfermedad. Generalmente, se habla de enfermedad terminal por causas de origen común, no asociadas directamente a la actividad laboral", dijo el experto.
Por su parte, la abogada Alejandra Naranjo, experta en derecho laboral, explicó que la definición del origen de la enfermedad depende del dictamen de la EPS, que determina si se trata de una condición de origen común o si está relacionada con la actividad laboral. En este último caso, es la ARL la que asume la cobertura de incapacidades y tratamientos.
"Si la enfermedad es de origen laboral, la ARL cubre el 100% de la incapacidad. En cambio, si es de origen común, la responsabilidad recae en la EPS, que cubre el 66,67% del ingreso desde el tercer día de incapacidad hasta un máximo de 180 días", dijo.
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Almanza Junco agregó que, una vez producido el fallecimiento, la empresa deberá pagar las prestaciones sociales a los beneficiarios del trabajador: la esposa, el esposo, la compañera o el compañero permanente, así como los hijos o quien demuestre un interés jurídico.
Este interés se acredita conforme a las condiciones establecidas: hijos, cónyuge, compañero permanente o, en su ausencia, los padres.