Once días después de que la Corte Constitucional suspendiera provisionalmente la emergencia económica que el gobierno de Gustavo Petro decretó en diciembre de 2025, el Ejecutivo intenta echar para atrás la decisión judicial por la vía de una solicitud que el propio mandatario firmó.
Hasta ahora, los recursos del Gobierno habían sido radicados por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, en nombre de la Casa de Nariño. Petro se apartó este lunes de la tradición y decidió, él mismo, enviar una misiva de cuatro páginas.
"Aquí no está en juego una concesión política ni un debate ideológico ni una diferencia de enfoques", señala el escrito, al tiempo que añade que "está en juego la vida de las personas, la protección de familias enteras y la posibilidad de evitar daños irreparables".
La Sala Plena de la Corte suspendió el 29 de enero el estado de excepción. Con seis votos a favor y dos en contra, el alto tribunal trazó un antecedente clave y acogió una ponencia conjunta de Carlos Camargo, Juan Carlos Cortés, Lina Escobar, Natalia Ángel, Paola Meneses y Miguel Polo.
El plenario fue más allá del proyecto original de fallo que Camargo presentó y que pedía pausar la emergencia mientras llegaba una decisión de fondo. El consenso ajustó ciertos apartes para que el auto oficial —que la Corte aún no revela— tuviese en cuenta los pormenores de la suspensión.
Cinco días después, el Gobierno envió una solicitud de nulidad. Ocampo y la Presidencia, que en el expediente recusaron al magistrado Jorge Enrique Ibáñez —quien terminó declarándose impedido con el aval de sus colegas—, protestan por la cautela y piden mantener el Decreto 1390 de 2025.
Una emergencia climática y una suspensión sin precedentes
El presidente Petro asegura que el Ejecutivo ha "acatado de manera estricta y sin reservas" la suspensión, pero que la crisis por las lluvias ha provocado la muerte de al menos catorce personas y la destrucción de unas nueve mil viviendas, lo que debería echar a andar la emergencia de nuevo.
"Si bien el Estado colombiano había identificado riesgos generales asociados al cambio climático, lo que hoy ocurre no corresponde a una evolución normal ni previsible de esos riesgos", dice el jefe de Estado, que se basa en el azote del frente frío en el Caribe colombiano.
Para el mandatario, "cada día que pasa" sin que el estado de excepción esté vigente "significa más sufrimiento, más pérdidas y más riesgo para comunidades que ya han sido golpeadas duramente". La Corte tendrá que darle trámite a la petición de este lunes y a la nulidad de la semana pasada.
La suspensión provisional implicó que la Corte rompiera su propia jurisprudencia. En 1994, una sentencia del alto tribunal estableció que era improcedente suspender decretos legislativos, como los de estados de excepción, incluyendo la emergencia económica.
Según el Gobierno, el giro jurídico es un argumento para anular la suspensión. "Desde la Sentencia C-178 de 1994 es claro entonces que la suspensión provisional de decretos legislativos carece de sustento normativo", expresa la solicitud de nulidad, que La FM reveló en primicia el 4 de febrero.
"Por tanto, resulta improcedente que la Corte Constitucional, como lo hizo en el Auto 082 de 2026 (...), se abrogue una competencia inconstitucional que ni siquiera el legislador estatutario estaba en capacidad de atribuirle", reprochó el secretario Ocampo.
¿Qué sigue para la emergencia económica en la Corte Constitucional?
Y aunque en los tribunales y las cortes se suele transformar los precedentes de cara a los cambios del derecho, el Gobierno afirma que el precedente de hace más de treinta años "obliga" a la Constitucional a apegarse. Lo contrario "compromete la coherencia del orden constitucional".
El oficio de la Presidencia calificó a la suspensión como "una violación ostensible y trascendental del debido proceso". La Corte analizará los alegatos y decidirá si anula los autos que suspendieron tanto el decreto matriz, el 1390, como los dos actos administrativos derivados de él.
Por orden de la Constitución, la Corte Constitucional evalúa de forma automática la exequibilidad de todos los estados de excepción. Es decir, revisa si una declaratoria de conmoción interior, guerra exterior o emergencia económica se ajusta a la Carta o si es arbitraria.
Los decretos deben contar con una motivación, a la que el Gobierno le dedicó quince páginas y media entre las veinte del Decreto 1390. Y deben tener las firmas de todos los ministros para no correr la suerte del Decreto 133 de 2025, uno de los que se desprendió de la emergencia en el Catatumbo.
El historial del gobierno de Petro no es el mejor, ni siquiera antes de la suspensión. En octubre de 2023, luego de tres meses de análisis, la Corte tumbó la emergencia económica que había decretado en La Guajira, argumentando que pretendía resolver problemas estructurales con una norma excepcional.
Y en abril de 2025 el tribunal declaró "parcialmente" inconstitucional la conmoción interior que el Gobierno declaró en Norte de Santander y Cesar por la crisis humanitaria que el ELN desató en Catatumbo en medio de enfrentamientos con las disidencias de las Farc.