El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que el costo total de la consulta interpartidista del Pacto Histórico ascendió a $193.517 millones, monto aprobado por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional a comienzos de octubre. La cifra corresponde a la solicitud presentada por la Registraduría Nacional, que asumió la organización del proceso electoral en todo el territorio nacional.
Según explicó el funcionario, el valor total de la consulta está directamente relacionado con el número de zonas habilitadas para la votación y con la logística requerida para su desarrollo. “El costo total de esta consulta está alrededor de $200.000 millones”, precisó Penagos al detallar que se habilitaron más de 13.000 puestos de votación y 20.000 mesas en todo el país.
¿De qué depende el costo de la consulta?
El costo de la consulta depende de la escala territorial y de la infraestructura electoral que se debe desplegar para garantizar la participación ciudadana. La Registraduría Nacional indicó que, cuando el proceso se realiza a nivel nacional, los gastos suelen superar los $100.000 millones, mientras que si se trata de una consulta regional o municipal, el monto puede reducirse considerablemente.
En el caso del Pacto Histórico, la cobertura fue nacional, lo que implicó mayores requerimientos en materia de transporte, logística, personal, capacitación y tecnología. “A mayor número de zonas en las que se ponga un puesto de votación, mayor es el costo”, señaló Penagos al referirse a los factores que influyen directamente en la destinación de los recursos.
Entre los rubros más significativos se encuentran la impresión de tarjetones, la distribución de material electoral, la capacitación de jurados de votación y la consolidación de resultados. Todos estos componentes, de acuerdo con la entidad, son indispensables para garantizar que el proceso se desarrolle bajo los principios de transparencia, seguridad y eficiencia.
La Registraduría enfatizó que el presupuesto solicitado se justifica en “la obligación de garantizar condiciones técnicas, personal y transparencia” en cada etapa del proceso. La entidad añadió que los partidos y coaliciones políticas que promueven una consulta no cubren directamente los costos de la logística electoral, pero sí deben asumir los gastos correspondientes a su campaña política, publicidad y testigos electorales.
¿Cómo se compara este gasto con otros procesos electorales?
El monto destinado a la consulta del Pacto Histórico fue superior al invertido en otros procesos recientes. De acuerdo con la Registraduría, las elecciones de Consejos de Juventud, realizadas el 19 de octubre, costaron aproximadamente $120.000 millones, lo que representa $80.000 millones menos que el valor requerido para la consulta interpartidista.
Las diferencias, explicó la entidad, obedecen principalmente al alcance geográfico y al número de votantes habilitados en cada proceso. En el caso de los Consejos de Juventud, la votación se concentró en menos municipios y contó con un número inferior de mesas instaladas, lo que permitió reducir el presupuesto operativo.
El registrador Penagos reiteró que los costos asociados a cada proceso electoral responden a los requerimientos técnicos y administrativos establecidos por la ley. En ese sentido, aseguró que la entidad busca “garantizar el cumplimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio del voto en todo el país”.
La consulta del Pacto Histórico, además, se enmarca en el calendario electoral que contempla una nueva jornada en marzo, cuando se desarrollará la Consulta del Frente Amplio. Por esta razón, algunos sectores han señalado la cercanía entre ambos procesos, aunque la Registraduría insiste en que cada evento tiene su propio presupuesto y responde a solicitudes formales de las coaliciones políticas.
En conclusión, el costo de $193.000 millones de la consulta del Pacto Histórico se explica por la amplitud territorial, la cantidad de mesas habilitadas, los servicios logísticos y técnicos requeridos, y la obligación legal de garantizar la transparencia del proceso. Todos estos elementos, según la Registraduría, justifican la inversión realizada para el desarrollo de la jornada electoral.