El levantamiento de la suspensión de los permisos para el porte de armas de fuego anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella abrió un debate sobre los límites que tendrán quienes cuenten con un arma legal. Una de las principales preguntas es qué ocurre si una persona utiliza esa arma durante un robo o frente a una agresión.
En Aquí y Ahora de La FM, el exviceministro de Justicia Camilo Rojas y Jeffre Garavito, director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, explicaron qué debe tener en cuenta una persona que porte un arma y hasta dónde puede llegar cuando intenta protegerse.
¿Tener un arma legal permite dispararle a un delincuente?
Los expertos señalaron que el permiso para portar un arma no significa que el ciudadano tenga autorización para utilizarla en cualquier circunstancia.
Camilo Rojas insistió en que el arma no puede convertirse en una herramienta para hacer justicia por cuenta propia.
“El arma no es la habilitación para que una persona pueda ni asumir la justicia por propia mano, ni porque se crea policía, ni para que se crea fiscal.”
El exviceministro explicó que el uso del arma debe estar relacionado con una situación de riesgo y mantenerse dentro de los límites de la legítima defensa.
“El manejo del arma y la utilización de un arma de fuego se tiene que dar a través de un principio rector y es el principio de proporcionalidad y de responsabilidad del ciudadano al usar su arma.”
¿Qué significa la legítima defensa cuando hay un arma de por medio?
Rojas explicó que la legítima defensa está relacionada con la existencia de una amenaza que ponga en riesgo determinados derechos y con una respuesta proporcional frente a esa situación.
“Yo puedo hacer uso de mi arma legítima cuando veo en riesgo un bien propio o ajeno que hace parte del derecho a la legítima defensa.”
El experto señaló que la persona debe mantenerse dentro de ese marco para que su actuación pueda estar amparada legalmente.
“El principio de proporcionalidad en manejo de armas es absolutamente básico y claro que se acompasa precisamente con el derecho a la legítima defensa.”
¿Qué pasa entonces si alguien dispara durante un robo?
La respuesta de los expertos es que tener un arma legal no determina por sí solo si la actuación fue legítima. Lo que debe analizarse es la situación concreta, la existencia de una amenaza y la proporcionalidad de la respuesta.
Rojas insistió en que la legítima defensa no ampara cualquier actuación:
“Yo no puedo mi arma de fuego contra la persona que está huyendo o no le puedo, por ejemplo, propinar un disparo por la espalda.”
Garavito, por su parte, recordó que una persona que se exceda puede tener que responder ante la justicia.
“Tenemos otro tipo de casos en donde, por ejemplo, las personas se han excedido en esa legítima defensa. Y obviamente tienen que responder ante el Estado colombiano y ante la justicia.”
Por eso, el mensaje de ambos expertos durante la entrevista fue que el permiso para portar un arma no equivale a una autorización para disparar ante cualquier delito o amenaza.
¿Qué pasa si dispara contra un ladrón que está huyendo?
Durante la entrevista, Rojas puso un ejemplo para explicar el límite de la proporcionalidad.
“Yo no puedo mi arma de fuego contra la persona que está huyendo o no le puedo, por ejemplo, propinar un disparo por la espalda.”
La explicación apunta a que el simple hecho de haber sido víctima de un delito no significa que cualquier uso del arma quede automáticamente justificado.
En ese escenario, el uso del arma podría superar los límites de la defensa y generar consecuencias ante la justicia, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
¿Una persona puede terminar respondiendo ante la justicia aunque el arma sea legal?
Jeffre Garavito explicó que existen casos en los que una persona utiliza un arma legal, pero termina excediéndose en la legítima defensa.
“Tenemos otro tipo de casos en donde, por ejemplo, las personas se han excedido en esa legítima defensa. Y obviamente tienen que responder ante el Estado colombiano y ante la justicia.”
Por esa razón, el experto señaló que portar un arma implica una responsabilidad especial.
Tener un permiso, por lo tanto, no elimina las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de un uso indebido.
¿Qué debe hacer una persona antes de portar un arma?
Los expertos explicaron que el acceso legal a un arma está acompañado de diferentes filtros y procesos de formación.
Garavito señaló que no se trata de que cualquier persona pueda adquirir un arma sin controles.
“Se requiere un examen psicométrico, psicológico y de aptitudes físicas para poder portar el arma. Se requiere un curso por parte de una entidad certificada para poder manipular esa arma de fuego.”
Camilo Rojas explicó además cómo funciona parte de ese proceso.
“Inicialmente entonces uno va a unas pruebas psicotécnicas a que un psicólogo, un profesional de la salud evalúa a través de, obviamente, un protocolo científico que uno tiene las capacidades psicológicas para poder tener un arma.”
También existe una etapa de capacitación y entrenamiento.
“Antes de llegar a esa etapa, hay un curso técnico en el que le enseñan a uno las partes del arma, cómo se usa un arma y cuál, digamos, es la posibilidad que se genera si no se utiliza debidamente.”
¿Cada cuánto se revisan las condiciones para portar un arma?
Rojas aseguró que las condiciones de una persona no se revisan únicamente una vez.
“A mí me toca cada tres años, cada tres años hacer obviamente otra vez mi reevaluación para poder determinar si el Estado me habilita para seguir portando mi arma o no.”
Según explicó, en esas revisiones entran aspectos psicológicos, psicométricos, de idoneidad y antecedentes judiciales.
“Ahí vienen componentes psicológicos, psicométricos, de idoneidad y de revisión de antecedentes judiciales.”
El exviceministro agregó que la aparición de antecedentes puede terminar con el permiso.
“Si yo tengo antecedentes judiciales, el permiso se acaba y me puede el Estado retirar el uso de mi arma.”
¿Se puede perder el permiso después de haber obtenido un arma?
Garavito aseguró que algunas personas no logran renovar su permiso porque no superan nuevamente las evaluaciones.
“Conozco muchos casos de personas que no han podido renovar su salvoconducto porque pierden el examen, precisamente por esas condiciones psicométricas, psicológicas, emocionales que pueden llegar a hacerle perder el examen.”
El experto también explicó que el Estado conserva el control sobre las armas.
“Las armas, a pesar de que sean propiedad, que la persona vaya y compre esa arma, entre comillas, son propiedad del Estado y el Estado en cualquier momento puede retirar esa arma de la circulación.”