Un total de 666 hectáreas en el municipio de Baraya, al norte del Huila, en el predio Santa Helena, que, tras denuncias, conflictos internos y prácticas irregulares, la Agencia Nacional de Tierras decidió recuperar el predio que había sido entregado provisionalmente en 2024 a la asociación Arcopaz con el propósito de fortalecer la reforma rural.
El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, aseguró que se hallaron varias irregularidades, entre las que se encuentran perturbación del orden público, alquiler y arrendamiento, y otro es un mal uso de los recursos ambientales.
Según lo que se pudo evidenciar, el componente más grave está asociado a un contrato de arrendamiento de forma clara y concreta que se amarra sustancialmente al predio sobre el aprovechamiento del bienestar.
“Ratificamos que hubo error y fallas sobre la administración del bien, sancionamos una organización que violó 5 cláusulas concretas y para eso, nosotros no entregamos la tierra”, aseguró el director de ANT, Juan Felipe Harman.
¿Cuándo fue entregado el predio?
El terreno fue entregado de manera provisional, el 30 de diciembre de 2024, a 31 familias campesinas agrupadas en la Asociación de Víctimas del Conflicto Camino por la Paz de Baraya (Arcopaz).
Sin embargo, durante 2025, las tensiones escalaron al interior de la asociación campesina y con las comunidades aledañas. La Agencia Nacional de Tierras identificó conflictos internos, prácticas irregulares en el uso del suelo, subarrendamientos no autorizados y afectaciones ambientales, hechos que encendieron las alertas institucionales.
¿Qué hallazgo encontró la ANT?
Son varias las denuncias ciudadanas que advierten posibles intereses indebidos en el uso del predio y que vinculan a uno de los beneficiarios, Amir Cardozo Tovar, hermano del alcalde de Baraya, Luis Enrique Cardozo Tovar. Según estos señalamientos, el beneficiario habría permitido el uso del terreno por parte de terceros, particularmente para actividades ganaderas, en contravía de las condiciones establecidas por la ANT.
Se recordó además que los predios no pueden ser arrendados, cedidos ni utilizados por terceros sin autorización expresa, y deben ser explotados directamente por los beneficiarios. Sin embargo, veedurías ciudadanas han advertido un incumplimiento de estas disposiciones, lo que habría derivado en beneficios económicos indebidos por parte de esta asociación.
“Exploramos toda suerte de acuerdos entre las organizaciones para no perjudicar a unos campesinos, pero lamentablemente los líderes de las organizaciones no tuvieron acuerdo ni disposición, ni voluntad”, explica Juan Felipe Harman, director general de la Agencia Nacional de Tierras.