El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, solicitó una investigación previa ante la Procuraduría debido a una supuesta intromisión ilegítima del Legislativo en la seguridad del Estado, dirigida contra la congresista Isabel Zuleta.
La petición se basa en una investigación de un medio de comunicación que señala que Zuleta intentaba acceder a información confidencial de inteligencia y conocer las identidades de los agentes de la Policía que están trabajando en operaciones contra la minería ilegal en Antioquia.
Por esta razón, el corporado considera que Zuleta incurre en varios presuntos delitos y por eso le he solicitado a la Procuraduría que la aparte de su cargo como senadora mientras que se adelanta toda esta investigación: "según la investigación, la senadora exigió a la Policía Nacional información e insumos de alta complejidad para la Seguridad Nacional, en donde ella trasciende el control político que puede hacer una senadora porque esta información constaba de reserva, incluso para los mismos congresistas por razones de seguridad nacional, pero ella solicitó la individualización de grados, nombres, dependencias y demás para todo el tema y entender quiénes estaban detrás de esas operaciones".
Añade el concejal De Bedout, que este tipo de actitudes constituye en un peligro para la ciudad, para el departamento y para el país que una senadora esté pidiendo información sobre unos operativos de seguridad nacional en una zona en donde ella tiene una alta incidencia. Por lo que se cuestiona este accionar.
"Ella, ¿para qué está pidiendo esa información?, ¿a quién se la va a compartir?, ¿cuál es el objetivo de ella para solicitar esta información de carácter de seguridad nacional?, ¿por qué está indagando sobre una destrucción de maquinaria amarilla que hizo la policía el año pasado en donde la pregunta es, esto no era minería legal o artesanal, lo que hizo la policía fue destruir una maquinaria amarilla de minería ilegal, porque ella quiere saber nombres, datos, horas, lugares, georreferenciación de toda esta situación que se dio puntualmente en algunos municipios de Antioquia".
La senadora, a través de su cuenta de X, se pronunció indicando que: “Hice un derecho de petición a la Policía, preguntando por el sustento jurídico y fáctico de estos operativos, lo hice como coordinadora de la Comisión accidental para la revisión y el seguimiento a la política minera y en vista del debate jurídico sobre los operativos en contra de entables mineros con título y/o en proceso de formalización, pregunté por los nombres de los oficiales que se niegan a darlos en los operativos y sin clara identificación es más difícil denunciar los abusos”.
Agregó la senadora que Antioquia no puede olvidar sus orígenes, el pueblo próspero que surgió en estás montañas inclinadas lo fue por la minería que hizo ricos a muchos así hoy sólo desprecien a quienes siguen buscando el sustento debajo de la tierra.
Procesos desde Antioquia contra la senadora Isabel Zuleta
El representante a la Cámara por Antioquia, Juan Espinal presentó una demanda de nulidad a las resoluciones del INPEC que autorizaron el traslado de once cabecillas de organizaciones criminales recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí hacia la Alpujarra para el llamado “Tarimazo”.
De acuerdo con el congresista, estás resoluciones carecen de fundamento jurídico válido y contravienen lo dispuesto en la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) y la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), al permitir traslados con fines ajenos a los previstos por la ley.
“Ese traslado se realizó a solicitud de la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien supuestamente actuó como coordinadora para la Construcción de la Paz Urbana, figura que no está contemplada en el ordenamiento jurídico ni entre los sujetos legalmente facultados para solicitar traslados de personas privadas de la libertad”, aseguró Espinal.
Puntualizó el congresista que, la acción judicial busca restablecer el orden jurídico, reafirmar la competencia exclusiva de la rama judicial en la ejecución de penas y evitar que se repitan actuaciones que comprometan la institucionalidad penitenciaria del país.
Tarimazo
Hay que recordar que, este evento se realizó el pasado 21 de junio del año 2025, en la Plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra bajo el nombre “Pacto por la Paz Urbana”, y contó con la presencia del presidente Gustavo Petro y la participación de jefes de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, recluidos en la cárcel la Paz de Itagüí y quienes presuntamente fueron trasladados al sector de la Alpujarra sin autorización judicial ni sustento normativo.