Desde diciembre de 2025, la Procuraduría realizó un diagnóstico oficial en el que advirtió un “deterioro progresivo en la estructura del sistema de salud”. En ese informe, el ente de control señaló que existen EPS intervenidas con graves problemas, que se han presentado irregularidades en la financiación y que el Gobierno no ha cumplido con ajustes clave, como el reajuste de la UPC, es decir, los recursos que reciben las EPS por cada paciente afiliado.
Según lo expuesto, estas situaciones podrían dar lugar a la apertura de investigaciones disciplinarias contra funcionarios del Gobierno por presuntas fallas en la gestión del sistema.
En entrevista con La FM Fin de Semana, la procuradora delegada para la Salud, Mónica Ulloa, confirmó que la entidad adelanta investigaciones disciplinarias contra funcionarios del sector tras los hallazgos detectados en las EPS intervenidas. Explicó que estos procesos se originaron en visitas administrativas y en informes técnicos que actualmente avanzan en etapa disciplinaria.
Ulloa precisó que durante el último año se realizaron visitas administrativas a todas las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas, con el propósito de consolidar un diagnóstico integral del sistema. Como resultado, se elaboraron nueve informes específicos sobre EPS intervenidas, en los que se identificaron problemas técnicos, jurídicos y, principalmente, financieros. Añadió que estos documentos se encuentran en etapa de investigación disciplinaria, respetando el debido proceso.
¿Qué investiga la Procuraduría en las EPS intervenidas?
La procuradora indicó que en estos procesos se revisa la conducta de agentes y funcionarios públicos. Confirmó que ya fue dictado pliego de cargos contra el ministro por asuntos relacionados con el FOMAC y el desabastecimiento de medicamentos. Agregó que las investigaciones incluyen al ministro, al superintendente y a los interventores, ya que la Procuraduría indaga a todo funcionario o particular que ejerza funciones públicas.
Sobre el contenido de los informes, explicó que se concentran en tres aspectos: el aumento masivo de PQR, tutelas e incidentes de desacato, así como el deterioro patrimonial de las entidades. Señaló que en el caso de la Nueva EPS no existen estados financieros disponibles, aunque lo revisado evidencia una crisis financiera. Añadió que se solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud adoptar medidas inmediatas, al afirmar que “no podemos seguir solo en mesas de trabajo”.
Frente a la situación de los medicamentos, manifestó que se ha evidenciado que “los recursos no alcanzan”. Explicó que la Nueva EPS recibe 1,6 billones de pesos mensuales y gasta 2,4 billones, lo que genera un descalce financiero. Según indicó, esa diferencia impacta el flujo hacia gestores farmacéuticos, quienes al no recibir pagos no pueden cumplir con la industria, lo que rompe la cadena de suministro.
¿Puede haber sanciones contra el ministro de Salud?
Ulloa afirmó que las conclusiones tras revisar las EPS intervenidas muestran un deterioro y que los planes de acción de los interventores no se han cumplido. Señaló que históricamente las intervenciones no han mejorado las entidades y reiteró el llamado a ejercer una vigilancia efectiva.
Consultada sobre posibles sanciones que puedan apartar al ministro de su cargo, respondió que cada conducta debe ser analizada por el operador disciplinario y que son las pruebas las que determinan la graduación de la sanción. “No puedo señalar cuál sería la sanción”, precisó.
Sobre los tiempos de respuesta, indicó que el procurador ha solicitado celeridad y que se está actuando con rapidez. No obstante, explicó que la rotación de interventores y de contrataciones dificulta precisar conductas y fechas en los procesos. Advirtió que si no se adoptan medidas urgentes, persistirá el deterioro.
En cuanto al destino de los recursos, sostuvo que se ha detectado una ineficiencia y que existen embargos que afectan el flujo corriente, especialmente en la Nueva EPS. Añadió que también se evidencia una falta de gestión de riesgo en salud, ausencia de capacidad de contratación para controlar gastos y una siniestralidad que está consumiendo recursos.
Finalmente, afirmó que el sistema atraviesa una crisis que requiere el compromiso de todos los actores, incluidos gobierno, EPS, prestadores, industria y pacientes. Señaló que es necesario trabajar para sacar adelante el sistema y lograr su humanización.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM