El procurador Alejandro Ordóñez radicó una demanda ante el Consejo de Estado contra la directiva del presidente Santos que permite a funcionarios hacer pedagogía por la paz.
Ordóñez señaló que la legitimidad del plebiscito depende no solamente de las mayorías que se expresen en las urnas, sino del respeto absoluto a las leyes y a la sentencia de la Corte Constitucional.
Ordóñez calificó de "violación descarada" la directiva presidencial la cual es una abierta invitación del presidente a los servidores públicos para que violen la Constitución y la Ley.
En ese sentido, el procurador además de interponer tal demanda, expidió un documento que precisa las condiciones en las que los servidores públicos pueden participar en el plebiscito.
"La orden del presidente a todos los servidores públicos de utilizar bienes del Estado y recursos públicos para la campaña del plebiscito es un abuso de poder orientado a imponer, por todo los medios, legales e ilegales, la decisión compartida del Gobierno y de las FARC", preciso Ordóñez.
El procurador además denunció que su despacho ha recibido múltiples quejas de alcaldes y gobernadores, quienes denuncian la presión del Gobierno Nacional para impulsar el plebiscito.
"Están atemorizados. Temen que se castiguen sus departamentos y municipios con reducción de recursos públicos, si no hacen campaña a favor del Acuerdo Santos/Timochenko". Señaló.
Ordoñez le recordó al presidente Santos que su obligación es "no hacer lo que se le dé la gana", puesto que de manifestarlo así el país no estaría bajo una democracia sino bajo una dictadura.
"Desconocer la sentencia de la Corte Constitucional y confundir a los ciudadanos con publicidad engañosa, que iguala el derecho a la paz con el Acuerdo Santos/Timochenko, deslegitima el plebiscito", indicó
A continuación, otros apartes de la carta:
"El presidente rechaza el control de la Procuraduría porque considera que ningún órgano del Estado lo puede o lo debe controlar. Ordena a los servidores públicos “no pararle bolas” a los organismos de control.
La directiva emitida por el presidente, la política de extorsión y chantaje que el Gobierno implementa contra las autoridades regionales, los contratistas y las empresas privadas; la utilización de los recursos del Estado de forma indebida, demuestran que frente al plebiscito hay un fraude en marcha, que me corresponde denunciar.
Rechaza el control porque no quiere que se denuncie ante la opinión pública el fraude a las reglas del plebiscito que se está haciendo desde el Gobierno.
Rechaza las preguntas de la Procuraduría porque no quiere que se conozca los verdaderos alcances del Acuerdo.
Estigmatizan a todo aquel que no acepta someterse a lo dictado por el Gobierno y las FARC.
¡Quiero alertar a los colombianos! ¡Es mi deber! En el plebiscito se van definir las próximas tres o cuatro décadas para el país y la vida de todos.
Y el plebiscito se queda sin control. Queda en manos del presidente Santos y de las FARC.
La actuación del presidente en este momento histórico elimina las garantías y deslegitima el plebiscito.
Todos queremos la paz, pero la paz no lo justifica todo. No justifica el fraude, ni justifica que el presidente rompa la Constitución."