La Procuraduría General de la Nación intensificó su seguimiento preventivo al contrato suscrito por AIR-E S.A.S. E.S.P. con la empresa china China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), cuyo valor asciende hasta $2 billones de pesos, en medio de la estrategia denominada “Paz Energética”.
El Ministerio Público busca establecer si durante la estructuración y posterior firma del negocio se presentaron riesgos financieros, operativos o administrativos que puedan terminar afectando la situación de la empresa intervenida y, eventualmente, la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.
Procuraduría revisa contrato y documentación
En desarrollo de la Mesa Integral de la estrategia “Paz Energética”, la Procuraduría formuló requerimientos a AIR-E y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Tras analizar el contrato, sus anexos y la documentación recopilada, el organismo de control identificó varios aspectos que, a su juicio, requieren un seguimiento especial debido a sus posibles efectos financieros y operativos sobre la empresa.
La vigilancia tiene carácter preventivo y busca anticipar eventuales dificultades antes de que puedan traducirse en consecuencias para AIR-E o para los usuarios del servicio de energía.
Revisan actuaciones de cinco agentes especiales
La Procuraduría también avanza en la revisión de las actuaciones de los agentes especiales que han estado al frente de AIR-E durante el proceso.
Entre ellos se encuentran Edwin Palma Egea, Diana María Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez Torres, Tania Patricia Peñaranda Zuleta y Jaime Humberto Mesa Buitrago.
Este último fue quien suscribió el contrato con CMC el 19 de agosto de 2026.
El análisis de la Procuraduría pretende reconstruir la trazabilidad completa de la negociación, establecer qué participación tuvo cada administración y determinar cuáles fueron las decisiones adoptadas durante las diferentes etapas del proceso.
Buscan establecer riesgos y eventuales responsabilidades
La revisión también apunta a determinar las condiciones bajo las cuales fue estructurado y firmado el negocio con la compañía china, así como los posibles riesgos que se hayan derivado de las decisiones tomadas.
La Procuraduría busca establecer, además, si existen eventuales responsabilidades relacionadas con el proceso, aunque el seguimiento preventivo no implica por sí mismo que se hayan establecido irregularidades o responsabilidades individuales.
La estrategia “Paz Energética” plantea la necesidad de identificar y atender de manera anticipada los riesgos que puedan comprometer la prestación del servicio público de energía.
Por esta razón, la Procuraduría anunció que mantendrá su vigilancia preventiva y de control de gestión sobre AIR-E, el contrato con CMC y las decisiones que se adopten frente a la empresa intervenida.
El seguimiento cobra especial relevancia por la magnitud económica del contrato, cuyo valor puede alcanzar los $2 billones, y por el impacto que las decisiones administrativas y financieras de AIR-E pueden tener sobre la prestación del servicio de energía en los departamentos donde opera la compañía.
¿Qué contrato está revisando la Procuraduría?
La Procuraduría está haciendo seguimiento preventivo al contrato suscrito por AIR-E S.A.S. E.S.P. con la empresa china China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), cuyo valor asciende hasta $2 billones.
¿Por qué la Procuraduría está revisando este negocio?
Porque, después de analizar el contrato, sus anexos y la documentación recopilada, identificó aspectos que requieren especial seguimiento debido a sus posibles efectos financieros y operativos sobre AIR-E y la prestación del servicio de energía.
¿Quién suscribió el contrato con CMC?
El contrato fue suscrito el 19 de agosto de 2026 por Jaime Humberto Mesa Buitrago, quien se desempeñaba como agente especial de AIR-E.
¿La Procuraduría ya estableció responsabilidades o irregularidades?
No. Hasta el momento se trata de un seguimiento preventivo y de control de gestión. El Ministerio Público está reconstruyendo la trazabilidad de la negociación y revisando las decisiones adoptadas por las diferentes administraciones para establecer los riesgos y, si corresponde, eventuales responsabilidades.