La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el ex ministro de Minas y Energía Edwin Palma Vega, en su condición de particular en ejercicio de funciones públicas como agente especial interventor de la empresa Air-e S.A.S. E.S.P., en el gobierno de Gustavo Petro.
La medida fue dispuesta por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2 para la Vigilancia Administrativa, en cabeza de José Rodrigo Vargas del Campo.
El proceso cobija igualmente a los demás ex agentes interventores de la prestadora de energía en la región Caribe Diana María Bustamante Rueda y Nelson Javier Vásquez Torres, así como a Elmer Felipe Durán Carrón, en su calidad de Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios para la época de los hechos investigados.
El expediente disciplinario se originó tras evaluar el "informe preventivo con fines disciplinarios" remitido por la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 3 Para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios.
El organismo determinó que "el patrón que emerge del análisis de los tres periodos de intervención es el de presuntas omisiones continuadas y progresivamente agravadas", que no solucionaron la crisis de la prestadora de energía en el Caribe.
Además, se investiga la "ausencia de solución empresarial (que) se prolonga dieciséis meses; la deuda postoma creció de $833.000 millones (febrero de 2025) a $2,23 billones (diciembre 2025); el IPT se deterioró del 29,37% al 31,20% y el patrimonio neto pasó de positivo a negativo durante la administración directa del Estado", según el organismo de control.
Edwin Palma y agentes interventores de Air-e, en 'la lupa' por omisiones en crisis en el Caribe
En el análisis específico de la gestión de Edwin Palma Vega, quien ejerció como agente interventor entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, el Ministerio Público evalúa tres hechos jurídicamente relevantes.
En primer lugar, se le investiga por el presunto incumplimiento en el traslado de recursos de alumbrado público.
Sobre este punto, la Procuraduría señala que "AIR-E acumuló retrasos en el traslado de recursos de alumbrado público a los municipios, situación que derivó en procesos penales activos en el Distrito de Santa Marta, investigaciones tributarias por parte de la Alcaldía de Soledad por valor superior a $19.000 millones, y un cobro de la sociedad Dolmen por más de $13.000 millones".
El organismo de control precisó que "los rezagos acumulados no fueron saneados".
El segundo hecho endilgado a Palma Vega es el presunto incumplimiento en reportes regulatorios al Sistema Único de Información (SUI, plataforma de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios), XM (la compañía que opera la red de energía y administra el mercado) y la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas).
"Desde el ciberataque del 2 de septiembre de 2024 y hasta la fecha de corte del informe, AIR-E no reportó al SUI, XM y CREG al menos dieciséis formatos regulatorios de reporte obligatorio ni niveló el cargue mensual de cálculos y diagramas unifilares en la Ventanilla Única de la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética)", indica el documento de la Procuraduría con el que se ordena la apertura de la investigación.
El tercer eje contra el exministro Edwin Palma corresponde a prácticas irregulares de facturación heredadas sin corrección.
El órgano de control detalló que "el informe describe dos prácticas que aumentaban artificialmente la energía facturada: mantener en 12.000 y 15.000 clientes como reincidentes facturándoles por estimación sin verificación en campo durante casi un año, y modificar la agenda de lectura para proyectar 367 días promedio de facturación".
Aclaró, además, que "si bien estas prácticas provienen de la administración anterior, el Agente Especial tomó posesión con conocimiento de estas situaciones sin adoptar medidas correctivas oportunas".
Respecto a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el auto de apertura señala que "la SSPD cuenta con el mayor número de omisiones documentadas en el seguimiento, todas con presunto carácter continuado y agravado a lo largo de los tres periodos de intervención".
A Elmer Felipe Durán Carrón se le investiga por la ausencia de un plan estructurado de intervención y solución empresarial, la omisión en la provisión de recursos y en la gestión de la deuda postoma, y la omisión en el suministro de información a los órganos de control.
Hallazgos en gestiones de Diana Bustamante y Nelson Vásquez durante intervención estatal
El pliego procesal también formaliza la apertura de investigación disciplinaria contra Diana María Bustamante Rueda (agente entre marzo y junio de 2025).
A Bustamante se le indagan cuatro presuntas conductas omisivas: incumplimiento regulatorio persistente por reportes pendientes y el permiso de poda vencido con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).
Además, por la baja ejecución del plan de inversiones (alcanzando solo un 11%, equivalente a $27.521 millones de $243.180 millones programados al corte de mayo de 2025); deterioro del índice de pérdidas en factores controlables (con un IPT del 29,37% frente a la meta regulatoria del 22,89%); y el abandono de 68 de 70 proyectos PRONE 2021 sin un plan de mitigación que salvaguardara los derechos de las comunidades beneficiarias.
Por su parte, Nelson Javier Vásquez Torres (agente entre junio de 2025 y enero de 2026) enfrenta investigación disciplinaria por seis hechos jurídicamente relevantes:
La subejecución extrema del plan de inversiones, al ejecutar únicamente el 5,4% de lo aprobado por la CREG ($34.814 millones de $458.227 millones programados); el deterioro agravado del índice de pérdidas (alcanzando un IPT del 31,20%) que activa un riesgo de devolución de $467.000 millones, además de presunto fraude de contratistas detectado (186 transformadores modificados con pérdidas de 3.1 GWh y $2.500 millones) sin acreditar medidas correctivas integrales.
Se le suma un supuesto escalamiento litigioso sin explicación acreditada, pasando de 318 procesos por $102.458 millones a 373 procesos por $415.890 millones; también pasivos ambientales sin legalizar en 12 líneas de alta tensión; y el reporte de activos inexacto ante la CREG, donde se informaron $21.000 millones como operativos sin estarlo.
En la decisión de la providencia, el procurador delegado José Rodrigo Vargas del Campo ordenó abrir investigación disciplinaria en contra de los agentes especiales interventores y del Superintendente.
Asimismo, dispuso "tener como prueba la integralidad del informe de servidor público de fecha agosto de 2026", corriendo traslado a los sujetos procesales por el término de tres días para salvaguardar sus derechos de contradicción y defensa.
Adicionalmente, se decretó la práctica de pruebas de oficio, solicitando a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la remisión de hojas de vida, constancias de servicio, actos de designación y posesión, manuales de procedimiento de intervención forzosa y los informes de gestión.
Finalmente, la Procuraduría comisionó a la asesora Lourdes Paola Redondo Barraza para registrar las actuaciones procesales, practicar las pruebas decretadas y esclarecer la ocurrencia de las posibles faltas disciplinarias en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Procuraduría investiga a Edwin Palma y exinterventores de Air-e?
El organismo ordenó el proceso disciplinario tras detectar omisiones continuadas en la gestión de la empresa prestadora de energía en el Caribe, las cuales empeoraron la crisis financiera y operativa durante la intervención estatal.
¿A cuánto asciende la deuda de Air-e tras la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos?
El pasivo postoma de la compañía energética escaló de $833.000 millones a $2,23 billones durante la administración directa del Estado, derivando en pérdidas netas y un severo deterioro en sus indicadores técnicos.
¿Qué irregularidades le atribuye la Procuraduría a Edwin Palma en su gestión con Air-e?
El exministro es indagado por no trasladar recursos de alumbrado público, incumplir con reportes obligatorios a la CREG, SUI y XM, y mantener prácticas de facturación estimada a miles de clientes sin verificación en campo.
¿Qué fallas habrían cometido Diana Bustamante y Nelson Vásquez durante la intervención de Air-e?
Ambos exinterventores son procesados por ejecutar porcentajes críticos del plan de inversiones aprobado (11% y 5,4% respectivamente), agravar el índice de pérdidas de energía y omitir medidas ante posibles fraudes contractuales.